Argentina: Milei reforma la policía y autoriza detenciones exprés
El gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, anunció este martes una controvertida reforma policial que otorga a las fuerzas de seguridad amplios poderes, incluyendo detenciones sin orden judicial y labores de «ciberpatrullaje». La medida, que coincide con la víspera de protestas en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández, condenada por corrupción, ha generado críticas por su potencial impacto en los derechos fundamentales.
Nuevos poderes para la policía
La reforma, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, permite a la policía realizar registros de personas y vehículos, así como detenciones, sin autorización judicial previa en casos donde existan «circunstancias objetivas» que sugieran un delito. Además, se autoriza el «ciberpatrullaje», que implica la supervisión de cuentas en redes sociales y sitios web para detectar posibles actividades ilícitas. Según Bullrich, estas medidas buscan prevenir e investigar «delitos federales complejos» y alinean a las fuerzas argentinas con estándares internacionales, como los del FBI en Estados Unidos.
El texto oficial de la normativa especifica que estas facultades se aplicarán cuando sea «imposible» esperar una orden judicial, lo que ha levantado preocupaciones sobre su interpretación y posible abuso. La reforma también busca «profesionalizar» a las fuerzas de seguridad, según el gobierno, pero críticos advierten que podría facilitar la vigilancia masiva y la represión.
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Contexto político y protestas
La medida llega en un momento de alta tensión política, justo antes de las manifestaciones previstas para este miércoles en Comodoro Py, donde Cristina Fernández enfrentará su detención tras ser condenada a seis años de prisión por corrupción en el caso de la obra pública. Bajo el lema «Argentina con Cristina», miles de simpatizantes planean acompañarla a los tribunales, según organizadores citados por medios locales. La coincidencia temporal de la reforma con estas protestas ha alimentado sospechas de que el gobierno busca reforzar el control ante posibles disturbios.
Fernández, figura central del peronismo, ha denunciado que su condena es parte de una persecución política. Sus seguidores ven en la reforma policial un intento de criminalizar la protesta y limitar la movilización popular en su defensa.
Críticas de defensores de derechos humanos
Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han expresado alarma ante la reforma. Argumentan que las detenciones exprés y el ciberpatrullaje podrían vulnerar garantías constitucionales, como el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia. La falta de control judicial previo en estas operaciones, señalan, abre la puerta a arbitrariedades y abusos de poder.
Algunos críticos comparan estas medidas con políticas implementadas durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), cuando Bullrich, entonces también ministra de Seguridad, promovió protocolos similares que fueron cuestionados por su impacto en las libertades civiles. La reimplementación de estas tácticas ha reavivado el debate sobre la vigilancia estatal y la criminalización de la disidencia.
Reacciones divididas
Bullrich ha defendido la reforma, insistiendo en que su objetivo es modernizar las fuerzas de seguridad y proteger la «seguridad del Estado argentino». Sin embargo, sectores de la oposición, incluidos partidos de izquierda y movimientos sociales, han condenado la medida como un retroceso democrático. Acusan al gobierno de Milei de utilizar la seguridad como pretexto para consolidar un modelo autoritario, especialmente en un contexto de creciente descontento social por las políticas económicas.
En las redes sociales, el tema ha generado un intenso debate, con hashtags como #Ciberpatrullaje y #ArgentinaConCristina ganando tracción. Mientras algunos usuarios apoyan las medidas como necesarias para combatir el crimen, otros las ven como una amenaza a la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Un panorama incierto
A medida que Argentina se prepara para las protestas en apoyo a Fernández, la reforma policial añade un nuevo capítulo a la polarización política del país. Las autoridades han prometido mantener el orden durante las manifestaciones, pero la ampliación de los poderes policiales ha incrementado la tensión. Los próximos días serán clave para evaluar el impacto de estas medidas en el clima político y social de la nación.