Una jueza federal dio un nuevo golpe al estado de Florida al declarar en desacato civil al procurador general James Uthmeier por no respetar una orden judicial que suspendía la aplicación de la reciente ley antiinmigrante, una de las más severas aprobadas en el país en los últimos años.
La magistrada del distrito sur de Florida, Kathleen Williams, cuestionó directamente la conducta del funcionario por permitir que agentes del orden continuaran aplicando una ley que criminaliza el ingreso a Florida de personas que viven en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal, pese a que ella había dictado una suspensión temporal.
Ley antiinmigrante de Florida genera tensión entre poderes
La nueva ley antiinmigrante, impulsada por la administración del gobernador Ron DeSantis con el respaldo del presidente Donald Trump, ha sido duramente criticada por organizaciones civiles y comunidades migrantes, al considerar que promueve la discriminación, la persecución racial y el abuso de poder por parte de autoridades locales.
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Tras la aprobación de la ley en mayo, diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes presentaron demandas federales para frenar su implementación. En respuesta, la jueza Williams dictó una orden judicial que prohibía a las fuerzas del orden aplicar esta norma hasta que se resolviera su constitucionalidad.
Activistas de inmigración asisten a una marcha contra la ley SB 1718 en el centro de Miami, Florida, EE. UU. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Sin embargo, según se reveló en audiencias judiciales, el procurador general Uthmeier habría emitido comunicaciones contradictorias. Primero, pidió a los cuerpos policiales abstenerse de aplicar la ley. Luego, en otro memorando, sostuvo que la jueza estaba “jurídicamente equivocada” y que no tenía autoridad para impedir la aplicación de la norma.
“La fidelidad al Estado de derecho no puede tener otro significado”, escribió Williams en su fallo de desacato. También criticó a Uthmeier por pretender reinterpretar arbitrariamente el lenguaje claro de su orden.
Ley antiinmigrante en Florida es suspendida por posible inconstitucionalidad
En paralelo, la jueza negó una solicitud del estado de Florida para suspender su decisión mientras la apelación sigue su curso. Argumentó que existen suficientes indicios de que la ley antiinmigrante podría violar principios constitucionales, como el debido proceso y la competencia federal exclusiva sobre política migratoria.
La polémica ley castiga con delitos menores a quienes transporten a personas indocumentadas dentro del territorio estatal, incluso si se trata de familiares o personas con emergencias médicas. También exige que hospitales que reciban fondos públicos recopilen información sobre el estatus migratorio de sus pacientes.
Activistas de inmigración asisten a una marcha contra la ley SB 1718 en el centro de Miami, Florida, EE. UU. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
El Tribunal Federal de Apelaciones del 11.er Circuito respaldó a la jueza Williams y rechazó una moción similar del estado a principios de este mes. “El procurador general no ha demostrado una probabilidad de éxito en el fondo del asunto”, indicaron los jueces, refiriéndose a la postura “desafiante” de Uthmeier respecto a la orden judicial.
Los jueces también advirtieron que su conducta podría interpretarse como una amenaza velada de desobediencia a un mandato judicial, lo que agrava su situación legal.
Reacciones ante la suspensión de la ley antiinmigrante
Tras el fallo de desacato, Uthmeier respondió en redes sociales diciendo: “Si ser declarado en desacato es lo que cuesta defender el estado de derecho y respaldar firmemente la agenda del presidente Trump sobre la inmigración ilegal, que así sea”.
Este tipo de declaraciones generaron críticas inmediatas por parte de líderes comunitarios y defensores de los derechos civiles, quienes señalaron que el procurador general está utilizando su cargo para fines políticos, desafiando la autoridad judicial e ignorando las consecuencias reales de la ley antiinmigrante en la vida de miles de residentes.
“Estamos viendo cómo un funcionario del estado desafía abiertamente el mandato de una jueza federal. Eso no es defender el estado de derecho, es erosionarlo”, expresó Ana González, directora de la organización Inmigrantes Unidos de Florida.
Según datos del Instituto de Políticas Migratorias, al menos 770.000 inmigrantes indocumentados viven en Florida, muchos de ellos con familias mixtas, hijos ciudadanos y años de residencia en el país. Esta ley afectaría no solo a los adultos sin estatus legal, sino también a comunidades enteras que se verían intimidadas y marginadas por temor a ser detenidas arbitrariamente.
La jueza Williams ordenó a Uthmeier presentar reportes quincenales detallando cualquier acción policial ejecutada bajo la ley antiinmigrante, como detenciones, citaciones o arrestos. Esta medida busca asegurar que el estado no viole la suspensión judicial mientras el litigio continúa en las cortes.