El presidente Donald Trump ha ordenado el envío de 700 efectivos militares a los estados de Texas, Florida y Luisiana para asistir en operativos migratorios, en un movimiento que ha generado críticas, demandas legales y protestas en varias partes del país.
Según un comunicado emitido por el Departamento de Defensa este martes, los soldados no estarán involucrados directamente en tareas de control de multitudes ni detenciones, sino que brindarán “apoyo logístico y funciones administrativas” en centros de detención de inmigrantes indocumentados gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El despliegue coincide con un nuevo ciclo de protestas contra las políticas migratorias del mandatario republicano, quien ha endurecido su retórica y sus acciones en la frontera sur en las últimas semanas.
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Trump despliega tropas en medio de protestas nacionales
La decisión de enviar militares se produce mientras decenas de ciudades en todo el país han sido escenario de movilizaciones. Las manifestaciones comenzaron en Los Ángeles y se extendieron a otras urbes como San Francisco, Nueva York, Chicago y Washington D.C., en rechazo al aumento de las redadas migratorias y la detención prolongada de inmigrantes.
Medios de comunicación, manifestantes y policías esperan frente al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. en San Francisco, California, EE. UU., el 17 de junio de 2025. EFE/EPA/George Nikitin
Algunas de las protestas, aunque en su mayoría pacíficas, han terminado en enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad. En California, la presencia de la Guardia Nacional ha intensificado la tensión, especialmente porque el despliegue fue realizado sin el consentimiento del gobernador demócrata Gavin Newsom.
El gobernador se ha pronunciado abiertamente contra la medida y presentó una demanda ante los tribunales, argumentando que Trump está violando la autonomía estatal. “No vamos a permitir que se utilicen las fuerzas armadas para fines políticos”, declaró Newsom en una conferencia de prensa.
A pesar del conflicto legal, Trump ha seguido adelante. El Pentágono confirmó que los efectivos no estarán armados y que su labor será “estrictamente de apoyo”, pero la presencia militar ya ha generado preocupación entre comunidades latinas que temen un ambiente de mayor intimidación.
Trump despliega tropas en estados republicanos
La medida también ha sido interpretada como un gesto político hacia los estados gobernados por aliados del presidente. Tanto Texas como Florida y Luisiana tienen administraciones republicanas que han respaldado la militarización de las acciones migratorias.
Manifestantes en las protestas contra las redadas de ICE. Foto: EFE
En Texas, el gobernador Greg Abbott había ordenado la semana pasada el despliegue anticipado de la Guardia Nacional en previsión de protestas. Las ciudades de Houston, Dallas, San Antonio y Austin fueron escenario de concentraciones pacíficas durante el fin de semana, aunque en algunos casos se reportaron incidentes aislados entre manifestantes y las autoridades.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis apoyó la decisión de Trump, afirmando que el país “necesita restaurar el control sobre sus fronteras y hacer cumplir las leyes migratorias”. En Luisiana, el gobernador Jeff Landry también respaldó públicamente el despliegue.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha especificado cuántos de los 700 militares se asignarán a cada estado, pero se espera que trabajen en estrecha coordinación con ICE y la Patrulla Fronteriza para agilizar los procesos de detención y deportación.
Trump despliega tropas mientras enfrenta desafíos legales
El uso de personal militar en operativos migratorios ha generado controversia desde hace años, pero bajo la administración de Trump ha adquirido nuevas dimensiones. En este caso, la disputa se ha trasladado a los tribunales. Un juez federal ordenó inicialmente al presidente devolver el control de la Guardia Nacional al estado de California, pero esa decisión fue bloqueada temporalmente por una corte de apelaciones.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito se encuentra revisando la legalidad de la orden ejecutiva emitida por Trump y ha programado audiencias para los próximos días. Mientras tanto, las tropas permanecen desplegadas y los centros de detención siguen operando con capacidad máxima.
Organizaciones de derechos civiles y grupos proinmigrantes han denunciado que la medida no solo es innecesaria, sino que representa una forma de intimidación hacia las comunidades latinas y migrantes. “Esto es una militarización del sistema migratorio y un intento de normalizar la presencia del Ejército en funciones civiles”, dijo Rosa Beltrán, vocera de la organización Unidos por la Justicia Migrante.
En paralelo, la Casa Blanca ha defendido su postura y asegura que el despliegue responde a una “necesidad operativa urgente” ante el incremento de cruces fronterizos ilegales. Trump ha reiterado que su prioridad es “garantizar la seguridad nacional” y ha insistido en que no dará marcha atrás.
La comunidad latina en los estados involucrados ha reaccionado con temor y desconfianza. Algunos residentes han comenzado a evitar espacios públicos o servicios gubernamentales por miedo a ser detenidos. Líderes comunitarios han instado a mantenerse informados, documentar posibles abusos y buscar apoyo legal si es necesario.