Golpe a los derechos trans: Supremo avala veto a la atención médica

Golpe a los derechos trans: Supremo avala veto a la atención médica

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este miércoles una ley de Tennessee que prohíbe la atención médica de transición de género para menores, asestando un duro revés a los derechos de las personas transgénero. La decisión, tomada por una mayoría de 6-3, valida restricciones similares en 24 estados y podría abrir la puerta a más limitaciones, incluso para adultos trans. La sentencia, escrita por el presidente del tribunal, John Roberts, marca un momento crítico en el debate sobre la atención de afirmación de género en el país.

Decisión de la Corte Suprema

En su fallo, la Corte Suprema determinó que la ley de Tennessee no viola la Enmienda 14 de la Constitución al no constituir discriminación por razón de sexo. La normativa prohíbe cirugías de transición, bloqueadores de pubertad y terapia hormonal para menores con disforia de género, una condición donde la identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. El presidente Roberts argumentó que la ley regula tratamientos médicos sin basarse en criterios discriminatorios, un razonamiento que refuerza las restricciones estatales existentes.

Impacto en otros estados

La sentencia fortalece las leyes de 24 estados, como Texas, Florida y Kentucky, que han implementado prohibiciones similares desde 2021, afectando a cerca de 104,000 menores trans, según el Williams Institute. En estados sin estas restricciones, como California y Nueva York, la atención médica de transición seguirá disponible. Sin embargo, activistas temen que el fallo inspire nuevas leyes contra adultos trans, especialmente tras las políticas de la administración del presidente Donald Trump, que ha restringido los derechos trans en el ejército y la atención médica.

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Críticas de defensores trans

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que apoyó la demanda presentada por familias de menores trans y la administración de Joe Biden, advirtieron que el fallo pone en riesgo la salud mental de jóvenes trans. Las principales asociaciones médicas, como la Academia Americana de Pediatría, respaldan los tratamientos de afirmación de género, afirmando que reducen significativamente las tasas de suicidio y depresión en menores con disforia de género, que afectan al 60% de ellos según estudios de 2023.

Argumentos legales no resueltos

El fallo no abordó un argumento clave de los demandantes: que la ley de Tennessee viola el derecho de los padres a decidir sobre la atención médica de sus hijos, protegido por la Enmienda 14. Este punto podría dar lugar a futuros litigios. Los demandantes también sostuvieron que la prohibición es discriminatoria porque permite bloqueadores de pubertad y hormonas para otros fines médicos, pero no para la transición de género, un criterio que la corte desestimó al considerar que no implica discriminación por sexo.

Contexto político y legislativo

Promulgada en 2023, la ley de Tennessee forma parte de una ola de medidas conservadoras que han restringido los derechos trans en estados republicanos. El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, defendió la prohibición citando debates internacionales, como en Suecia y Reino Unido, donde se han limitado los tratamientos para menores. Desde su toma de posesión en enero, Trump ha firmado órdenes ejecutivas para restringir la atención de afirmación de género a nivel federal, intensificando la polarización en torno a este tema.

Antecedente y futuro incierto

La decisión contrasta con el fallo de 2020 de la Corte Suprema, que extendió las protecciones laborales federales a personas trans bajo la Ley de Derechos Civiles. El litigio actual comenzó cuando el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, en 2023, respaldó las leyes de Tennessee y Kentucky. Activistas trans, que protestaron frente a la Corte Suprema en diciembre de 2024, temen que este fallo legitime más restricciones. Mientras tanto, familias de menores trans en Tennessee buscan alternativas, como viajar a estados vecinos para acceder a tratamientos, enfrentando costos promedio de 15,000 dólares anuales, según el Transgender Law Center.

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