EE.UU. frena becas para indocumentados en Kentucky
El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos demandó este martes al estado de Kentucky por ofrecer matrículas universitarias reducidas a estudiantes indocumentados, intensificando la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra políticas que benefician a inmigrantes sin estatus legal. La acción legal, que sigue el éxito de un caso similar en Texas, busca bloquear una regulación que el DOJ califica de “inconstitucional” por discriminar contra ciudadanos estadounidenses, marcando un nuevo capítulo en la lucha por las políticas migratorias en la educación superior.
Demanda contra la política de Kentucky
El DOJ presentó su querella en el Tribunal de Distrito del Este de Kentucky, argumentando que una regulación estatal viola la ley federal al otorgar tarifas de matrícula estatal a estudiantes indocumentados que se consideran residentes de Kentucky. Según la Fiscal General Pamela Bondi, “ningún estado puede tratar a los estadounidenses como ciudadanos de segunda clase ofreciendo beneficios financieros a inmigrantes indocumentados”. La regulación permite a graduados de escuelas secundarias de Kentucky, sin importar su estatus migratorio, pagar hasta 20,638 dólares menos en matrícula en universidades públicas como la Universidad de Kentucky, un beneficio no extendido a ciudadanos de otros estados.
Conflicto con la ley federal
La demanda cita la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, que prohíbe a instituciones públicas de educación superior ofrecer beneficios a indocumentados que no estén disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses. El DOJ sostiene que la normativa de Kentucky, emitida por el Consejo de Educación Postsecundaria (CPE) antes de 2010, contradice esta disposición y la Cláusula de Supremacía de la Constitución. “La regulación reconoce a indocumentados como residentes de Kentucky en conflicto con la ley federal”, afirmó el DOJ, buscando una orden judicial para suspender su aplicación.
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Reacciones en Kentucky
El gobernador demócrata Andy Beshear y el comisionado de educación Robbie Fletcher, nombrados en la demanda, declararon no tener autoridad sobre la regulación, que recae en el CPE. Crystal Staley, portavoz de Beshear, señaló que el gobernador no fue notificado previamente de la acción legal y que el CPE opera de manera independiente. El fiscal general republicano Russell Coleman expresó “serias preocupaciones” sobre la legalidad de la política y respaldó la demanda del DOJ. Por su parte, el representante republicano TJ Roberts aplaudió la acción, calificando la regulación como “discriminación inconstitucional” contra ciudadanos estadounidenses.
El precedente de Texas
La demanda en Kentucky sigue una victoria del DOJ en Texas, donde el 4 de junio un juez federal bloqueó una ley de 2001 que permitía a indocumentados pagar matrículas estatales. Horas después de la demanda, Texas acordó con el DOJ eliminar la política, afectando a unos 57,000 estudiantes indocumentados. La rapidez del caso en Texas levantó sospechas de una “demanda colusoria” entre el estado y el gobierno federal, una táctica que podría repetirse en Kentucky, según analistas. La acción en Texas se basó en las mismas órdenes ejecutivas de Trump que prohíben beneficios financiados por contribuyentes para indocumentados.
Contexto político y órdenes de Trump
La ofensiva del DOJ responde a dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump en 2025: “Fin al Subsidio de Fronteras Abiertas” y “Protección de Comunidades Americanas de Criminales Extranjeros”. Estas directivas buscan eliminar beneficios para indocumentados, incluyendo matrículas estatales, argumentando que violan la equidad hacia ciudadanos estadounidenses. Veinticuatro estados y Washington D.C. ofrecen matrículas estatales a indocumentados, pero recientes reveses, como en Florida, indican una tendencia conservadora para revertir estas políticas.
Impacto en estudiantes indocumentados
En Kentucky, la regulación beneficia a “Dreamers” que han vivido y estudiado en el estado, permitiéndoles acceder a educación superior asequible. La eliminación de esta política podría incrementar los costos educativos para cientos de estudiantes, limitando su acceso a universidades públicas. Organizaciones como el National Immigration Law Center advierten que estas demandas amenazan la equidad educativa y el aporte económico de los indocumentados, quienes representan el 1.5% de los estudiantes universitarios en estados como Texas. La batalla legal en Kentucky podría sentar un precedente para otros estados con políticas similares.