California en riesgo: Deportaciones amenazan economía con $275 mil millones
Las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados podrían costarle a California más de 275,000 millones de dólares, según un estudio del Instituto Económico del Consejo del Área de la Bahía. Con la intensificación de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la administración del presidente Donald Trump, sectores clave como la agricultura y la construcción enfrentan un colapso potencial, mientras las protestas sacuden el sur del estado y el gobernador Gavin Newsom defiende el estatus de “estado santuario”.
Impacto económico devastador
El estudio, publicado el martes, estima que deportar a los 1.8 millones de indocumentados en California eliminaría 23,000 millones de dólares en ingresos fiscales anuales y reduciría el PIB estatal, valorado en 4.1 billones de dólares, en un 5% directo y un 9% con efectos indirectos. “Perder el 8% de nuestra fuerza laboral sería catastrófico”, afirmó Abby Raisz, coautora del informe. La escasez de mano de obra podría disparar los precios de alimentos a nivel nacional, afectando especialmente al Valle de San Joaquín y el Inland Empire.
Sectores en la cuerda floja
La agricultura, donde los indocumentados representan el 25% de los 800,000 trabajadores agrícolas de California, perdería un 14% de su PIB si se implementan deportaciones masivas, según el estudio. En la construcción, con un 14% de su fuerza laboral indocumentada, el impacto sería una caída del 16%. La hospitalidad, que depende de inmigrantes para el 30% de sus empleos en Los Ángeles, también enfrentaría cierres masivos. Estas industrias generaron 1.2 billones de dólares en 2024, según la Oficina de Análisis Económico.
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Aporte de los indocumentados
Los indocumentados contribuyen con 7,000 dólares anuales por persona en impuestos estatales y federales, totalizando 12,600 millones de dólares en 2024. Además, poseen el 11% de las 3.9 millones de pequeñas empresas de California, que generan 400,000 millones de dólares en ingresos locales. “Los inmigrantes están arraigados en nuestro tejido económico”, dijo María Elena de Trinidad Young, coautora y profesora de la Universidad de California en Merced. El 65% de los indocumentados ha vivido en el estado por más de una década, muchos con hijos ciudadanos y propiedades.
Redadas y protestas en Los Ángeles
Desde el 6 de junio, ICE ha intensificado las redadas en Los Ángeles, Pico Rivera y Santa Fe Springs, arrestando a 2,300 personas en dos semanas, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Las protestas, que incluyeron 2,000 manifestaciones nacionales el 14 de junio bajo el movimiento “No Kings”, han resultado en 561 detenciones en Los Ángeles. Trump desplegó 6,000 efectivos de la Guardia Nacional y 7,000 marines para proteger instalaciones federales, mientras la alcaldesa Karen Bass levantó el toque de queda en el centro de la ciudad el martes tras una semana de restricciones.
Resistencia del estado santuario
El gobernador Newsom, quien reafirmó el estatus de California como estado santuario, criticó las redadas, destacando que los indocumentados aportan 180,000 millones de dólares al PIB estatal. “No permitiremos que se demonice a quienes sostienen nuestra economía”, declaró. Sin embargo, la administración Trump, que ha priorizado la deportación de 11 millones de indocumentados a nivel nacional, insiste en que las políticas locales violan la ley federal. El Departamento de Justicia demandó recientemente a estados como Kentucky por beneficios a indocumentados, una táctica que podría aplicarse a California.
Zonas más vulnerables
El estudio identifica al Valle de San Joaquín, el Inland Empire, el Área de la Bahía y Los Ángeles como las regiones más expuestas. En Los Ángeles, donde el 10% de los 4 millones de residentes son indocumentados, las deportaciones podrían cerrar 15,000 negocios y eliminar 200,000 empleos, según proyecciones del informe. Las entrevistas con 40 líderes empresariales revelaron temores de una “crisis económica sin precedentes” si las redadas continúan. Mientras California resiste, el costo humano y económico de las políticas migratorias de Trump sigue escalando.
