Un tribunal del condado de Washoe, en Nevada, ha impuesto una fuerte sanción económica al estado por incumplir con los plazos legales para brindar atención psiquiátrica a personas procesadas judicialmente. El caso pone en evidencia una problemática persistente en el sistema de salud mental de Estados Unidos: los retrasos en el tratamiento pueden convertirse en violaciones graves de derechos humanos.
La sanción, que asciende a más de 750,000 dólares, está relacionada con múltiples casos en los que acusados legales diagnosticados con trastornos mentales fueron mantenidos bajo custodia sin recibir atención médica a tiempo. La falta de acceso oportuno no solo afectó su salud, sino que también impidió que sus procesos judiciales avanzaran de forma legal y ética.
Nevada deberá pagar miles por fallas médicas en el sistema psiquiátrico
Los problemas comenzaron a escalar cuando jueces locales empezaron a notar que los tiempos de espera para ingresar al hospital estatal Lakes Crossing Center superaban ampliamente el límite legal de 20 días. En algunos casos, los retrasos alcanzaron semanas o incluso meses.
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El juez David Hardy, del condado de Washoe, declaró oficialmente en desacato al estado de Nevada por no acatar órdenes judiciales que exigían la transferencia urgente de los acusados a un centro de atención mental. Como sanción, impuso una multa de 500 dólares por cada día de retraso, acumulando un total de 753,000 dólares que deberán ser pagados con fondos estatales.
Un médico pasa consulta a una paciente de Covid persistente / QUIQUE GARCÍA – EFE
El caso más emblemático involucra a detenidos en la ciudad de Sparks, quienes permanecieron encarcelados sin recibir el tratamiento psiquiátrico que necesitaban antes de ser juzgados. Según la legislación de Nevada, una persona no puede ser procesada si no ha sido considerada competente para enfrentar un juicio.
Nevada deberá pagar miles por fallas médicas pese a advertencias previas
Esta no es la primera vez que Nevada enfrenta cuestionamientos por el acceso deficiente a la salud mental. En años recientes, organismos estatales y nacionales han advertido sobre la falta de camas en hospitales especializados, escasez de personal médico y procesos administrativos lentos que retrasan los traslados de pacientes desde cárceles o tribunales hacia centros de atención.
La División de Salud Pública y Conductual de Nevada reconoció los fallos e indicó que, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos dos años para mejorar los tiempos de espera, los resultados aún no cumplen con los estándares legales ni éticos.
Un médico atiende a un paciente en su consulta. EFE/ Marta Pérez/ARCHIVO
Entre las medidas adoptadas por el estado se encuentra la ampliación de las instalaciones del Lakes Crossing Center y la contratación de personal adicional. No obstante, el volumen de pacientes que requieren atención ha superado con creces la capacidad de respuesta del sistema.
El dinero recaudado por la multa será transferido al fondo general del condado de Washoe. Las autoridades esperan que estos recursos sirvan para fortalecer los servicios locales de salud mental y prevenir nuevas violaciones a los derechos de personas con trastornos psiquiátricos involucradas en procesos judiciales.
Nevada deberá pagar miles por fallas médicas mientras crece la presión por reformas
La noticia ha generado un amplio debate sobre la necesidad urgente de reformar el sistema de salud mental en Nevada y en otros estados del país. Defensores de los derechos civiles, abogados y organizaciones de salud pública coinciden en que el caso de Nevada es apenas la punta del iceberg de un problema sistémico.
Según cifras del Departamento de Justicia, miles de personas son retenidas cada año en cárceles estatales sin haber sido declaradas competentes para ser juzgadas. Muchos de ellos esperan durante semanas una evaluación médica o una cama disponible en un hospital especializado.
En 2023, un informe de Human Rights Watch calificó este tipo de situaciones como una “forma de detención arbitraria” que vulnera los derechos fundamentales de los pacientes. El documento pidió a los gobiernos estatales que garanticen inversiones sostenidas en infraestructura de salud mental y que establezcan mecanismos de fiscalización estrictos.
En el caso de Nevada, la presión ha aumentado tras la sanción judicial. Miembros del legislativo estatal y del congreso han solicitado audiencias para evaluar la crisis del sistema psiquiátrico y buscar soluciones duraderas que eviten más multas, y sobre todo, más injusticias.
Por ahora, el fallo judicial marca un precedente importante y subraya la responsabilidad legal del estado en garantizar que nadie, sin importar su situación legal o económica, sea privado del tratamiento médico necesario. En palabras del juez Hardy, “la justicia no puede esperar indefinidamente mientras las personas languidecen sin atención”.