El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) impuso nuevas restricciones a las visitas no anunciadas de legisladores a los centros de ICE, generando una ola de críticas desde el Congreso, especialmente entre los demócratas, quienes consideran que se trata de un intento por limitar la supervisión de las condiciones en las instalaciones migratorias del país.
Estas nuevas directrices llegan tras una serie de incidentes entre funcionarios del Gobierno y representantes federales en centros de detención, lo que ha aumentado la tensión entre ambas partes en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
Legisladores deberán avisar con 72 horas para ingresar a centros de ICE
A partir de ahora, los legisladores deberán notificar con al menos 72 horas de anticipación si desean visitar centros de ICE para labores de supervisión. Esto modifica de facto una disposición previa de la ley de asignaciones, que otorga a los miembros del Congreso el derecho a ingresar sin previo aviso a cualquier instalación del DHS utilizada para detener o albergar a extranjeros.
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El nuevo memorando también busca diferenciar entre centros de detención y oficinas locales de ICE, al afirmar que estas últimas no estarían cubiertas por la disposición legal, ya que “no son centros de detención”. Sin embargo, para muchos congresistas, esta distinción es engañosa.
The list of Democratic officials who’ve been handcuffed or arrested is growing:
-Sen. Alex Padilla
-Rep. LaMonica McIver
-Mayor Ras Baraka
-Judge Hannah Dugan pic.twitter.com/cPgJo4bbxu— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 14, 2025
El representante demócrata Bennie Thompson, miembro de alto rango del Comité de Seguridad Nacional, calificó esta medida como “una afrenta a la Constitución”. En un comunicado, señaló que el DHS está intentando evadir la supervisión del Congreso en instalaciones donde se retiene a migrantes —e incluso ciudadanos estadounidenses— por varios días, lo cual, en su opinión, las convierte en centros de ICE sujetos a inspección.
Las nuevas reglas coinciden con incidentes recientes en centros de ICE
Estas nuevas reglas no son una casualidad. Se producen justo cuando varios legisladores demócratas han protagonizado enfrentamientos con las autoridades al intentar ingresar a centros de ICE sin previo aviso.
Uno de los casos más destacados ocurrió en Nueva Jersey, donde la congresista LaMonica McIver fue acusada de obstrucción por intentar acceder a una instalación junto a los representantes Robert Menéndez Jr. y Bonnie Watson Coleman. El alcalde de Newark, Ras Baraka, también fue arrestado tras intentar unirse a la visita. Aunque su cargo fue retirado, el incidente desató un debate sobre el acceso legislativo a instalaciones federales.
Oficiales de ICE arresta a Ras Baraka, alcalde de Newark. Foto: X/ArtCandee
En otro caso en Los Ángeles, el senador Alex Padilla fue expulsado por la fuerza de una conferencia de prensa al interrumpir a la secretaria del DHS, Kristi Noem, durante un evento sobre las protestas contra ICE. Padilla terminó en el suelo y fue esposado por las fuerzas del orden.
El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, también fue detenido al intentar escoltar a un migrante fuera del tribunal de inmigración de Manhattan. Videos lo muestran entrelazando sus brazos con el migrante mientras se acercaban agentes federales. Cuando se negó a apartarse, se produjo un altercado.
DHS defiende memorando sobre acceso a centros de ICE
A pesar de las críticas, el DHS sostiene que el nuevo protocolo no contradice la ley federal, sino que busca mantener el orden operativo y garantizar la seguridad. Según el nuevo memorando, el departamento “hará todo lo posible” por cumplir con la ley, pero advierte que factores como condiciones operativas y de seguridad podrían influir en el momento en que se permite la entrada.
No obstante, la falta de claridad sobre qué instalaciones están protegidas por la ley de asignaciones y cuáles no ha generado preocupación. Organizaciones de derechos civiles y varios congresistas han alertado que esta ambigüedad puede facilitar el abuso de autoridad y la ocultación de posibles irregularidades dentro de los centros de ICE.
Hasta el momento, el DHS no ha emitido un comunicado oficial detallando el fundamento legal detrás del nuevo protocolo, y se ha limitado a declaraciones breves sobre la necesidad de “mantener condiciones seguras y operativas” en todas las instalaciones.
Demócratas acusan a Trump de obstaculizar la supervisión
La tensión se da en un contexto en el que la administración Trump ha adoptado medidas cada vez más agresivas en materia migratoria, incluyendo redadas masivas, aceleración de procesos de deportación y nuevas restricciones para el asilo.
Legisladores demócratas han señalado que el acceso a los centros de ICE es crucial para monitorear posibles abusos, como detenciones prolongadas sin acceso a abogados, condiciones inhumanas, separación familiar y deportaciones ilegales.
“Esta no es solo una disputa sobre acceso. Es una lucha por la transparencia y los derechos humanos en los centros de detención”, declaró una fuente del Comité Judicial de la Cámara Baja consultada por este medio.
La medida ha avivado las críticas de activistas y defensores de los inmigrantes, quienes aseguran que se busca limitar la supervisión pública de las prácticas dentro de los centros de ICE, justo cuando las denuncias por maltrato han ido en aumento.