El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció una reforma indígena histórica que busca reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios del país. Se trata de una promesa largamente esperada por las comunidades indígenas, que hasta hoy no han sido incluidas formalmente en la Carta Magna chilena.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, Boric informó que enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la Constitución y garantizar el reconocimiento de los pueblos indígenas, tanto en sus derechos individuales como colectivos. Esta medida se enmarca en un intento del gobierno por avanzar hacia una sociedad más justa, intercultural y respetuosa de la diversidad.
Boric presenta una reforma indígena para saldar una deuda histórica
Chile es uno de los pocos países de América Latina que no reconoce en su Constitución a los pueblos originarios. La nueva reforma indígena anunciada por el gobierno apunta a cambiar esa realidad. El proyecto incluye a 11 pueblos reconocidos: mapuche, aymara, rapa nui, atacameño o lickanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawésqar, yagán y selk’nam.
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“El reconocimiento implica derechos fundamentales que son indispensables para el bienestar y desarrollo de estas comunidades”, aseguró el mandatario, quien también destacó que la iniciativa busca reforzar la protección de sus identidades culturales, su relación con los territorios ancestrales y sus formas de organización.
Es tiempo de cumplir con esta demanda histórica y transversal:
Con el envío al Congreso Nacional del proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas estamos reconociendo también los derechos individuales y colectivos que son indispensables para… pic.twitter.com/MNxuI1Mxtv— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 19, 2025
El anuncio se realizó en la víspera del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada 21 de junio en Chile, coincidiendo con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, una fecha cargada de significado para muchas culturas originarias.
La reforma indígena toma en cuenta propuestas de la Comisión para la Paz
El contenido del proyecto de reforma indígena se basa en parte en las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, un grupo de trabajo creado durante la administración Boric para abordar el conflicto histórico entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.
La comisión —integrada por representantes indígenas, expertos y políticos de diversas tendencias— presentó sus conclusiones en mayo de este año. Entre los puntos principales, propuso el reconocimiento constitucional, la restitución de tierras ancestrales y el fortalecimiento de la autonomía territorial de los pueblos indígenas.
Una maestra tejedora mapuche, en una fotografía de archivo. EFE/ Alberto Valdés
“Esta es la primera medida de reconocimiento y reparación a partir de las propuestas de la Comisión”, declaró Boric, en referencia al trabajo iniciado para resolver de forma pacífica el conflicto mapuche, que por décadas ha generado tensiones, enfrentamientos e incluso episodios de violencia en el sur de Chile.
El presidente también recordó el Acuerdo de Nueva Imperial, firmado en 1989 entre organizaciones indígenas y el entonces candidato Patricio Aylwin. Aquel documento contenía compromisos que, hasta ahora, no se habían materializado en la Constitución.
La interculturalidad como eje de la reforma indígena
Uno de los conceptos clave de la nueva reforma indígena es la “interculturalidad”, entendida como la convivencia y el respeto mutuo entre diferentes culturas dentro de un mismo país. Para Boric, este principio es esencial si Chile quiere convertirse en una nación más justa e inclusiva.
Alihuen Antileo, representante del nuevo Consejo Constituyente, posa durante una entrevista con EFE, en Santiago (Chile). EFE/Pablo Mardones
“Es tiempo de cumplir con esta demanda histórica y transversal”, afirmó el jefe de Estado, reafirmando su compromiso con los pueblos originarios. En 2022, Chile estuvo a punto de aprobar una nueva Constitución que incluía el reconocimiento de estos pueblos, pero la propuesta fue rechazada en un referéndum nacional.
Actualmente, casi el 13 % de la población chilena se identifica como perteneciente a algún pueblo originario, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas. Sin embargo, esa presencia demográfica no ha tenido una representación efectiva en las instituciones del Estado.
La actual ‘Ley Indígena’, vigente desde 1993, reconoce ciertos derechos y formas de organización tradicionales, pero no tiene rango constitucional ni contempla mecanismos específicos de reparación histórica ni participación política vinculante.
Reacciones ante la propuesta de reforma indígena
Diversas organizaciones indígenas, académicos y defensores de derechos humanos han reaccionado positivamente al anuncio presidencial. Consideran que esta reforma indígena representa una oportunidad única para establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios, basada en el respeto, la autonomía y la participación.
No obstante, algunos sectores políticos conservadores han mostrado reparos, señalando que una reforma constitucional de este tipo podría abrir el camino a demandas territoriales más amplias y a tensiones con la propiedad privada. También advierten que el texto deberá ser cuidadosamente revisado para evitar ambigüedades legales.
El proyecto ingresará al Congreso en las próximas semanas y requerirá una mayoría de tres quintos en ambas cámaras para ser aprobado. Aunque el gobierno no cuenta con esa mayoría por sí solo, espera lograr consensos transversales, tal como lo sugirió el mandatario en su intervención pública.