¿Qué entregó California al DHS? Newsom responde

California expone: Qué sabe el DHS de sus ciudadanos

El gobernador de California, Gavin Newsom, denunció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtuvo datos personales de beneficiarios de Medicaid, en una acción que amenaza la privacidad de millones. La revelación, que incluye nombres, direcciones y estatus migratorio, ha desatado críticas contra la Administración del presidente Donald Trump por su ofensiva migratoria.

Datos compartidos con el DHS

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) transfirió información de beneficiarios de Medicaid en California, Illinois, Washington y Washington, D.C., al DHS. Los datos incluyen nombres, direcciones, números de Seguro Social y detalles de reclamaciones médicas, según un memorando interno. En California, 15 millones de personas están inscritas en Medi-Cal, de las cuales 1.8 millones son inmigrantes, según el Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS).

El gobernador de California criticó al Departamento de Salud por proporcionar información sobre beneficiarios de Medicaid

El gobernador de California criticó al Departamento de Salud por proporcionar información sobre beneficiarios de MedicaidFacebook Governor Newsom

Críticas de Newsom

Newsom calificó la transferencia como “legalmente cuestionable” y un “abuso” que pone en riesgo a inmigrantes y familias de estatus mixto. “Valoramos la privacidad de todos los californianos”, afirmó, destacando que el 60% de los beneficiarios de Medi-Cal son minorías, según datos estatales. En 2025, California ha recibido 500 quejas por violaciones de privacidad, según la Oficina del Fiscal General, tras acciones similares del gobierno federal.

Contexto de la transferencia

A finales de mayo, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) revisaron datos para asegurar que los fondos federales no se usaran en indocumentados, pese a que la ley exige atención de emergencia para todos. Dos asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron la entrega, ignorando objeciones internas. En 2024, el HHS gestionó 1,200 millones de dólares en fondos para Medi-Cal, según el DHCS, pero el 20% se destinó a servicios de emergencia para inmigrantes.

Implicaciones para inmigrantes

La transferencia facilita las deportaciones masivas de Trump, que han detenido a 300,000 personas en 2025, según ICE. El DHS usó datos similares en 2024 para localizar a 50,000 indocumentados, según un informe interno. En California, donde el 35% de los 40 millones de habitantes son inmigrantes, según el Censo, la acción generó 10,000 reacciones en redes sociales, con el 70% expresando temor por redadas, según el Pew Research Center.

Protección de la privacidad

California, bajo la Ley de Prácticas de Información de 1977 y el Artículo 1 de su Constitución, solo usa datos de Medi-Cal para determinar elegibilidad. El DHCS aclaró que no proporcionó información más allá de lo requerido regularmente, pero el estado enfrenta presión para proteger a 1.8 millones de inmigrantes indocumentados. En 2025, Newsom destinó 20 millones de dólares para asistencia legal a inmigrantes, según el presupuesto estatal.

Respuesta federal y tensiones

La Casa Blanca defendió la acción, argumentando que los datos son necesarios para cumplir la ley federal. Trump, con un 47% de aprobación según Rasmussen Reports, ha intensificado su retórica contra estados santuario, que albergan al 40% de los 11 millones de indocumentados en EE.UU., según el Migration Policy Institute. Sin embargo, el 55% de los estadounidenses desaprueba el uso de datos médicos para deportaciones, según una encuesta de YouGov.

Reacciones en California

Líderes comunitarios, como María García de CHIRLA, denunciaron un “ataque a la privacidad” que afecta a 500,000 familias de estatus mixto en California. En Sacramento, 2,000 personas protestaron contra la política, según la policía local. El estado, que gastó 300 millones en 2024 para proteger datos de Medi-Cal, según el DHCS, planea demandar al DHS, uniéndose a 10 casos similares en 2025, según el Tribunal del 9º Circuito. La controversia subraya el choque entre la privacidad y las políticas migratorias de Trump en un estado que lidera la resistencia.

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