En una decisión que podría cambiar el rumbo de numerosos casos legales internacionales, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó que las víctimas de terrorismo interpongan demandas contra la Autoridad Palestina en EE.UU. y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). El fallo, aprobado por unanimidad, respalda la legislación federal que establece jurisdicción para estos casos en tribunales estadounidenses.
Este fallo representa un respaldo a la Ley de Promoción de la Seguridad y la Justicia para las Víctimas del Terrorismo, aprobada por el Congreso en 2019, la cual faculta a ciudadanos estadounidenses a solicitar compensaciones por daños sufridos en atentados vinculados con grupos u organizaciones internacionales, incluyendo la Autoridad Palestina en EE.UU.
Qué permite el fallo contra la Autoridad Palestina en EE.UU.
La decisión del Supremo valida que tribunales estadounidenses puedan recibir y procesar denuncias contra la Autoridad Palestina en EE.UU., incluso si los actos violentos ocurrieron fuera del territorio nacional. La medida ha sido interpretada como una victoria legal para las víctimas y sus familias, quienes por años han intentado obtener justicia sin éxito.
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El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, explicó que el Congreso tiene la facultad de establecer restricciones jurisdiccionales específicas como parte de una política exterior más amplia. Según Roberts, el objetivo es “garantizar que ciudadanos estadounidenses heridos o asesinados en actos terroristas tengan acceso a un foro legal adecuado”.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Foto: EFE
El fallo surge tras años de procesos frustrados, donde tribunales inferiores, como el de apelaciones de Nueva York, habían dictaminado que no tenían competencia para juzgar a entidades extranjeras como la Autoridad Palestina en EE.UU. o la OLP. Ahora, gracias al respaldo del máximo tribunal, esas barreras han sido eliminadas.
Las víctimas que buscan justicia contra la Autoridad Palestina en EE.UU.
El caso que motivó esta decisión fue impulsado por familias de víctimas de atentados ocurridos en la primera mitad de la década de 2000, especialmente en Cisjordania. Aunque no están vinculados con el actual conflicto entre Israel y Hamás, los demandantes aseguran que la Autoridad Palestina en EE.UU. tuvo una participación activa o indirecta en la organización o promoción de estos ataques.
Las demandas fueron archivadas repetidamente en cortes inferiores, bajo el argumento de falta de jurisdicción. Pero con el nuevo fallo, los tribunales deberán aceptar estos procesos y avanzar en las investigaciones. Esto podría abrir la puerta para que otras víctimas, incluso de hechos más recientes, también acudan a instancias estadounidenses.
Abogados especializados en derecho internacional han advertido que la medida podría extenderse a otros casos relacionados con actores estatales o no estatales involucrados en el conflicto de Medio Oriente. Si bien la Autoridad Palestina en EE.UU. no tiene sede diplomática plena en Washington, ha operado durante años a través de una delegación reconocida por organismos internacionales.
Impacto diplomático del fallo sobre la Autoridad Palestina en EE.UU.
El fallo ha generado preocupación en círculos diplomáticos. Diversos analistas sostienen que permitir juicios contra la Autoridad Palestina en EE.UU. podría tensar aún más las relaciones entre Washington y los países árabes. A pesar de que la decisión no se refiere directamente al conflicto en Gaza, muchos ven esta apertura legal como un precedente para otros procesos futuros.
La Autoridad Palestina en EE.UU. todavía no se ha pronunciado oficialmente, pero portavoces vinculados a su delegación en Nueva York calificaron el fallo como “una amenaza a los canales de diálogo y una violación al principio de soberanía”.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos han señalado que, si bien es fundamental que las víctimas tengan acceso a la justicia, la medida también podría ser utilizada con fines políticos o para obstaculizar futuras negociaciones de paz. La OLP, como entidad que agrupa a múltiples facciones palestinas, ha sido históricamente reconocida como un interlocutor válido en conversaciones internacionales.
El fallo ocurre mientras se mantiene la crisis humanitaria en Gaza, donde, según el Ministerio de Salud de ese territorio, más de 55.600 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. Aunque los casos abordados por el Supremo son anteriores a este conflicto, su impacto político y judicial podría extenderse a escenarios más recientes.