El gobierno de México ha intensificado sus esfuerzos para proteger a los migrantes mexicanos en Estados Unidos frente a las recientes redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, especialmente en ciudades como Los Ángeles, California. Desde el 20 de enero de 2025, cuando Trump asumió su segundo mandato, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha movilizado a más de 300 abogados especializados y organizaciones civiles para brindar asistencia legal gratuita a los connacionales afectados.
La SRE, a través del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas (PALE), ha atendido a más de 9,000 personas desde el inicio del año, según datos oficiales. Este programa conecta a los migrantes con abogados especializados en temas migratorios, ofreciendo defensa en cortes de inmigración y asesoría ante violaciones de derechos civiles.
En Los Ángeles, epicentro de protestas tras las redadas de junio, 15 despachos legales, como Gallardo Law Group, Casillas & Associates y Siqueiros Law, trabajan con México para garantizar que los detenidos reciban representación legal sin costo. Estas firmas, que suelen cobrar hasta 6,000 dólares por casos de deportación, ofrecen sus servicios gratuitamente a través del programa.
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¿Cómo funciona el PALE?
El PALE es la columna vertebral de la estrategia mexicana para proteger a los migrantes mexicanos en EE.UU. Este programa, gestionado por la SRE, opera a través de los 50 consulados mexicanos en el país, que canalizan a los connacionales hacia abogados especializados.
“No están solos, no van a estar solos”, afirmó el canciller Juan Ramón de la Fuente durante una conferencia el 18 de junio de 2025. Según la SRE, el programa ha firmado contratos con 301 despachos legales, la mayoría enfocados en defender a migrantes en procesos de deportación, audiencias de fianza o apelaciones ante jueces migratorios. En X, un usuario destacó: “Saber que hay abogados gratis para nosotros da esperanza”.
En Los Ángeles, donde las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado temor en comunidades latinas, el apoyo legal ha sido crucial. Las redadas, que comenzaron el 6 de junio, resultaron en la detención de al menos 61 mexicanos, según la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los operativos se concentraron en zonas como el Distrito de la Moda y el estacionamiento de un Home Depot en Paramount, afectando a trabajadores sin antecedentes penales. La SRE ha reforzado su red de asistencia, con 44 operadores telefónicos disponibles 24/7 para orientar a los migrantes sobre sus derechos y cómo contactar al consulado más cercano.
Organizaciones civiles en acción
Además de los despachos legales, más de 50 organizaciones civiles, como Cáritas Servicio Legal, colaboran con los consulados mexicanos para brindar apoyo sin costo. Estas ONG ofrecen desde asesoría jurídica hasta acompañamiento emocional. Julieta Figueroa, integrante de Cáritas, explicó que su trabajo se centra en evitar deportaciones inmediatas: “Estamos ayudando a los consulados a identificar casos urgentes y asegurarnos de que los detenidos tengan una defensa sólida”. En Los Ángeles, donde las protestas contra las redadas han dejado 195 arrestos en una sola noche, estas organizaciones han sido un puente vital entre las familias y las autoridades consulares.
La SRE también ha lanzado una campaña informativa para que los migrantes mexicanos conozcan sus derechos. Entre las recomendaciones destacan: mantener la calma durante una detención, no resistirse a las autoridades, evitar usar documentos falsos y solicitar de inmediato la notificación al consulado. “Si firmas algo que no entiendes, puedes perder tu caso de inmediato”, advirtió Carlos Montés, un abogado migratorio en Nueva York. Estas medidas buscan evitar que los migrantes enfrenten juicios penales, que pueden complicar aún más su situación legal.
Impacto y desafíos
Las redadas en Los Ángeles han generado un impacto profundo en las comunidades migrantes. Según el Consulado General de México en Los Ángeles, al menos 35 mexicanos fueron detenidos entre el 6 y el 12 de junio, muchos de ellos trabajadores esenciales en sectores como la construcción y la agricultura. La presidenta Sheinbaum ha rechazado la criminalización de los migrantes mexicanos, afirmando en una conferencia el 10 de junio: “Son trabajadores que impulsan la economía, no criminales”. En respuesta, México ha ampliado su apoyo consular, ofreciendo no solo defensa legal, sino también orientación psicológica para las familias afectadas.
A pesar de estos esfuerzos, los desafíos persisten. Las redadas, respaldadas por 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, han generado críticas por su enfoque agresivo. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó los operativos como “tácticas que siembran terror” en un comunicado el 7 de junio. En X, la comunidad mexicana ha expresado su preocupación: “No podemos ni salir a trabajar sin miedo”. Sin embargo, el compromiso de México con sus migrantes sigue firme, con el programa México Te Abraza ofreciendo alternativas de empleo y apoyo para quienes decidan regresar al país.