El Caso Kilmar Ábrego ha escalado a un nuevo nivel judicial tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de apelar la orden de liberación emitida por una jueza federal. La medida busca mantener bajo custodia al salvadoreño, quien fue deportado por error y enfrenta cargos de tráfico de inmigrantes en Estados Unidos, cargos de los cuales se ha declarado inocente.
La apelación fue presentada este domingo por el Departamento de Justicia ante la decisión de la jueza Barbara Holmes, quien había negado la solicitud de mantener detenido a Ábrego García durante el proceso judicial. La jueza argumentó que el imputado debía recibir todas las garantías procesales previstas en la ley, lo que incluye la posibilidad de libertad condicional mientras espera juicio.
El gobierno insiste en que el Caso Kilmar Ábrego requiere detención preventiva
La administración Trump considera que permitir la liberación de Kilmar Ábrego pondría en riesgo tanto el cumplimiento de las leyes migratorias como la seguridad pública. Según argumenta el Departamento de Justicia en su apelación, el hecho de que Ábrego García esté siendo procesado por un delito federal lo inhabilita para ser liberado, incluso si anteriormente fue deportado de manera irregular.
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En documentos citados por NBC News, el Gobierno asegura que la orden de liberación “no faculta bajo ninguna circunstancia su reintegración inmediata a la comunidad”, y que Ábrego permanecerá bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para proceder a una eventual deportación.
Un grupo de manifestantes a las afueras del sitio de detención de Kilmar Ábrego García en Nashville, Tennessee, EE.UU. EFE/ John Amis
Kilmar Ábrego fue devuelto a Estados Unidos el 6 de junio de 2025, tras haber sido expulsado erróneamente junto a 230 inmigrantes a El Salvador. La Casa Blanca reconoció que su deportación se produjo a pesar de que contaba con un estatus especial que lo protegía de ser removido del país. El Tribunal Supremo y una jueza federal en Maryland determinaron posteriormente que su expulsión fue ilegal.
Los cargos en el Caso Kilmar Ábrego se remontan a 2022
El origen del Caso Kilmar Ábrego está relacionado con un incidente ocurrido en 2022 en el estado de Tennessee, cuando agentes de policía interceptaron un vehículo en el que viajaba Ábrego junto a varios inmigrantes indocumentados. Las autoridades lo acusaron de participar en una red de tráfico de personas, aunque hasta la fecha no se han presentado pruebas concluyentes de su implicación directa en dicha actividad.
En la audiencia celebrada el pasado 13 de junio en Nashville, Tennessee, Ábrego García se declaró no culpable de todos los cargos. Según su equipo legal, los inmigrantes que viajaban con él eran familiares o conocidos que necesitaban transporte, y no existe evidencia de que hubiera recibido compensación económica o actuado con intención criminal.
El senador por Maryland, Chris Van Hollen, habla con el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, en abril pasado. Foto:ChrisVanHollen/EFE
La defensa también ha insistido en que el caso está marcado por una serie de irregularidades procesales, desde su expulsión sin orden judicial hasta la falta de pruebas sólidas por parte del gobierno. Organizaciones defensoras de derechos civiles han manifestado su preocupación por lo que consideran una persecución política contra un inmigrante que representa un símbolo del fallo institucional.
Manifestaciones por el Caso Kilmar Ábrego crecen en Tennessee
Mientras el Caso Kilmar Ábrego continúa en los tribunales, decenas de personas se han manifestado en las afueras del centro de detención en Nashville donde el salvadoreño permanece recluido. Entre los manifestantes hay líderes comunitarios, representantes de organizaciones latinas y ciudadanos preocupados por el trato que está recibiendo Ábrego por parte de las autoridades federales.
“Esta es una lucha por el debido proceso y contra la criminalización de nuestros migrantes”, señaló en declaraciones a medios locales Carmen Reyes, portavoz de la organización Unidos por la Justicia Migrante. “Ábrego fue deportado de forma ilegal y ahora se le mantiene detenido por un cargo no comprobado. Es inaceptable”.
Las movilizaciones se han extendido a otras ciudades como Atlanta, Nueva York y Miami, donde colectivos latinos han organizado vigilias y protestas pacíficas frente a oficinas de ICE y edificios federales. En redes sociales, el hashtag #CasoKilmarÁbrego ha ganado visibilidad, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente a la política migratoria del actual gobierno.
El caso también ha despertado interés en El Salvador. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país ha emitido comunicados solicitando el respeto de los derechos humanos del connacional, y ha ofrecido asistencia consular a Ábrego García durante su proceso judicial en EE.UU.