¿México será un ‘tercer país’ para deportar migrantes de EE.UU.?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió este martes que su país haya aceptado ser un “tercer país seguro” para recibir migrantes no mexicanos deportados desde Estados Unidos. La declaración responde a una reciente decisión de la Suprema Corte estadounidense que autoriza deportaciones rápidas, intensificando las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.
México rechaza ser tercer país seguro
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró: “No hemos aceptado ser país tercero”. Explicó que México solo recibe a migrantes deportados desde EE.UU. por razones humanitarias, asegurando que, si lo desean, son enviados a sus países de origen. “Si un migrante es trasladado a territorio nacional, lo recibimos y lo enviamos a su país si ese es su deseo”, afirmó. Esta postura busca contrarrestar especulaciones sobre un acuerdo formal para aceptar migrantes de otras nacionalidades como parte de las políticas de deportación de Trump.
La mandataria destacó que EE.UU. mantiene acuerdos directos con múltiples países para repatriar a sus ciudadanos sin pasar por México. Sin embargo, en casos específicos, México actúa como punto de tránsito temporal para migrantes no mexicanos, garantizando su retorno a sus naciones de origen.
Te Recomendamos
Deportaciones bajo la lupa
Desde la toma de posesión de Trump el 20 de enero de 2025, México ha recibido 65,475 personas deportadas desde EE.UU., de las cuales 59,747 son mexicanas y 5,728 de otras nacionalidades. La administración Trump ha intensificado las detenciones y deportaciones, alineándose con su promesa de campaña de expulsar a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país. La reciente decisión de la Suprema Corte, emitida el lunes, facilita estas deportaciones rápidas, permitiendo a las autoridades enviar a migrantes a terceros países o a sus naciones de origen sin procesos prolongados.
Organizaciones de derechos humanos han criticado estas medidas, argumentando que violan el derecho al debido proceso. Expertos legales señalan que las deportaciones aceleradas limitan las oportunidades de los migrantes para solicitar asilo o apelar su caso, generando un clima de incertidumbre para comunidades vulnerables.
Impacto en la frontera México-EE.UU.
La política de deportaciones rápidas ha generado tensiones en la frontera, donde México enfrenta el desafío de procesar a los migrantes devueltos. Ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez han reportado un aumento en la llegada de deportados, lo que presiona los recursos de albergues y organizaciones locales. Aunque México no ha aceptado formalmente el estatus de tercer país seguro, la recepción de migrantes no mexicanos plantea retos logísticos y humanitarios.
Sheinbaum enfatizó que cualquier acción en este contexto se realiza bajo principios humanitarios, priorizando el bienestar de los migrantes y el respeto a sus derechos. Sin embargo, la falta de un acuerdo claro entre México y EE.UU. sobre el manejo de migrantes no mexicanos sigue generando debate.
Contexto de la política migratoria de Trump
La administración Trump ha reforzado su enfoque de “cero tolerancia” desde su regreso a la Casa Blanca, con operativos masivos liderados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además de las deportaciones, se han implementado medidas como la vigilancia marítima en el Golfo de México y la invalidación de licencias de conducir para indocumentados en estados como Florida y Texas. Estas políticas buscan disuadir la inmigración irregular, pero han sido señaladas por activistas como un ataque a los derechos humanos.
En México, el gobierno de Sheinbaum ha mantenido una postura de cooperación limitada con EE.UU., enfocándose en proteger a sus ciudadanos deportados y garantizar un trato digno a los migrantes de paso. La relación bilateral en materia migratoria sigue siendo un punto crítico, especialmente tras la reactivación de políticas migratorias estrictas bajo Trump.
Reacciones internacionales
La decisión de la Suprema Corte y las declaraciones de Sheinbaum han atraído atención internacional. Organizaciones como Amnistía Internacional han instado a ambos países a priorizar los derechos de los migrantes, mientras que gobiernos de Centroamérica, de donde provienen muchos de los deportados, han expresado preocupación por el impacto de estas medidas en sus ciudadanos. El debate sobre el papel de México en las deportaciones de EE.UU. continúa, con implicaciones para la cooperación regional en migración.