El Gobierno del presidente Donald Trump acusó a un juez federal de desafiar la autoridad de la Corte Suprema en un polémico caso que involucra a migrantes detenidos en una base militar estadounidense en Djibouti. El Departamento de Justicia instó al máximo tribunal a intervenir nuevamente y permitir la deportación inmediata de este grupo, en su mayoría provenientes de Cuba, Vietnam y Laos, hacia Sudán del Sur, a pesar de los riesgos denunciados por organizaciones humanitarias.
La controversia escaló después de que, el lunes, la Corte Suprema permitiera al Ejecutivo continuar con deportaciones a terceros países, incluso si estos no son el país de origen del migrante. Pero horas después, el juez federal Brian Murphy, del distrito de Massachusetts, determinó que esta orden no aplicaba al grupo específico retenido en la base africana, lo que generó la reacción inmediata del gobierno.
El caso de los migrantes detenidos en Djibouti divide a las autoridades
Según el Departamento de Justicia, la decisión del juez Murphy es “insostenible” y constituye un acto de desafío directo a la Corte Suprema. En una moción enviada este martes, el gobierno pidió que se “aclare” que la orden del alto tribunal también aplica al caso de los migrantes detenidos en Djibouti, y sugirió incluso que el caso sea reasignado a otro juez.
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Grupos de migrantes rompen el cerco de seguridad para exigir papeles migratorios, en Tapachula, estado de Chiapas (México).Juan Manuel Blanco (EFE)
“El fallo del tribunal de distrito constituye un acto de cuestionamiento ilegal que perturba relaciones diplomáticas delicadas y frena de golpe la campaña del Ejecutivo para efectuar deportaciones a terceros países”, sostiene el documento entregado por el gobierno a la Corte.
Los migrantes afectados permanecen detenidos en contenedores metálicos tipo Conex, adaptados como celdas provisionales dentro de una base militar estadounidense en Djibouti, país del este de África que alberga instalaciones estratégicas de Estados Unidos en la región. Entre los detenidos hay solicitantes de asilo que han argumentado temores fundados de ser torturados si son enviados a Sudán del Sur, una nación en crisis humanitaria.
El caso de los migrantes detenidos en Djibouti llega a la Corte Suprema
La Corte Suprema, que falló a favor del Gobierno el lunes en una decisión dividida, accedió a levantar una medida previa del juez Murphy que frenaba deportaciones inmediatas a terceros países sin una revisión más profunda del proceso. El fallo del juez había establecido que el Ejecutivo violaba protecciones constitucionales básicas al acelerar estas expulsiones.
Sin embargo, Murphy afirmó que esa orden general no cubría al grupo de migrantes detenidos en Djibouti, dado que una orden previa, del 21 de mayo, ya exigía que sus solicitudes de asilo fueran evaluadas individualmente antes de su deportación. Esa orden no había sido apelada por el gobierno, por lo que —según el juez— seguía siendo válida.
Un cartel en el exterior del Campamento Lemonnier en Djibouti, África Oriental. – Foto: Facebook/De Campamento Lemonnier
El Departamento de Justicia sostiene lo contrario: que tras la nueva decisión de la Corte Suprema, ya no existe ningún impedimento legal para proceder con las deportaciones. “Actualmente no hay ninguna orden judicial que impida la expulsión de estos extranjeros delincuentes”, afirmó el gobierno en su moción.
El Ejecutivo insiste en que los migrantes no han demostrado razones suficientes para frenar su deportación y que deben ser enviados a Sudán del Sur cuanto antes. Pero esta posición ha generado fuertes reacciones.
El futuro de los migrantes detenidos en Djibouti aún es incierto
El caso ha generado preocupación entre activistas y agencias internacionales. Naciones Unidas ha advertido sobre la situación crítica en Sudán del Sur, donde la inseguridad alimentaria, los conflictos armados y la violencia generalizada ponen en peligro la vida de quienes son deportados allí. La ONU ha clasificado al país como una de las crisis humanitarias más graves del mundo.
En medio del litigio, la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor, junto a sus colegas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, emitió un voto disidente en el que criticó duramente el manejo del gobierno de Trump. Sotomayor acusó al tribunal de “premiar la ilegalidad” al permitir la deportación acelerada de migrantes sin el debido proceso.
La Corte Suprema no ha emitido una respuesta oficial a la última moción del gobierno, pero el resultado podría sentar un precedente importante sobre el alcance de los poderes ejecutivos en materia de deportación, especialmente cuando se trata de migrantes detenidos en instalaciones fuera del territorio continental de Estados Unidos.
Mientras tanto, el grupo de migrantes detenidos en Djibouti —muchos de los cuales han pasado meses en condiciones precarias— sigue esperando una resolución definitiva. La batalla legal continúa en uno de los casos más delicados y excepcionales en la política migratoria reciente del país.