¿Por qué Long Island decidió demandar a ICE?
Una demanda presentada el 24 de junio de 2025 desafía un acuerdo entre el condado de Nassau, en Long Island, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), alegando que viola la ley estatal y fomenta la discriminación racial. La colaboración, que permite a policías locales actuar como agentes migratorios, ha generado temor en las comunidades inmigrantes y críticas por socavar la seguridad pública.
Detalles del acuerdo con ICE
En febrero de 2025, el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, anunció un acuerdo bajo el programa 287(g) que otorga a 10 detectives de la policía local autoridad para detener a inmigrantes indocumentados acusados de delitos. Estos agentes, tras recibir entrenamiento de ICE, pueden interrogar sobre el estatus migratorio, retener a personas hasta 72 horas y transferirlas a centros de detención federales. Blakeman, un republicano aliado del presidente Donald Trump, justificó la medida como una respuesta al aumento de crímenes violentos, citando preocupaciones sobre pandillas como MS-13 y Tren de Aragua.
El condado también destinó 50 celdas para detenciones migratorias temporales. Según Blakeman, el enfoque se centra en “inmigrantes ilegales que han cometido delitos”, no en redadas masivas, aunque no especificó qué delitos justifican las detenciones.
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La demanda contra Nassau
La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), junto con la Diócesis de Long Island, el Centro de Refugiados Centroamericanos y dos residentes, presentó la demanda en un tribunal estatal, argumentando que el acuerdo viola la ley de Nueva York, que prohíbe a la policía local detener a personas por motivos migratorios civiles. “Este acuerdo ilegal siembra miedo y perjudica a las comunidades inmigrantes”, afirmó Rubin Danberg-Biggs, abogado de NYCLU. La demanda sostiene que la colaboración fomenta la discriminación racial y desincentiva a los inmigrantes a denunciar delitos o buscar ayuda policial, erosionando la confianza pública.
El condado de Nassau, con una población inmigrante del 22% (unos 300,000 de 1.4 millones de residentes), es hogar de comunidades de El Salvador, Honduras y Guatemala. Melanie Creps, directora del Centro de Refugiados Centroamericanos, señaló que el acuerdo ha generado pánico, disuadiendo a inmigrantes de interactuar con las autoridades.
Contexto estatal y oposición
Nueva York, un estado con políticas santuario, limita la cooperación policial con ICE, pero condados como Nassau, Suffolk, Broome y Rensselaer han desafiado esta postura. Rensselaer participa en el programa 287(g) desde 2018, mientras que Broome y Niágara firmaron acuerdos similares en 2025. Estas acciones chocan con la gobernadora Kathy Hochul, quien defiende las leyes santuario para proteger a inmigrantes sin antecedentes penales graves. Hochul minimizó la controversia, afirmando que la cooperación con ICE para delincuentes convictos no es nueva.
La legisladora demócrata Debra Mulé criticó las redadas masivas, argumentando que no priorizan la seguridad pública, sino que persiguen a inmigrantes indiscriminadamente. Organizaciones como NYCLU y el American Immigration Council advierten que el programa 287(g) promueve el perfilamiento racial, afectando desproporcionadamente a latinos y negros por faltas menores.
Reacciones y preocupaciones
La comunidad inmigrante de Long Island, donde viven unos 50,000 indocumentados, teme represalias y redadas en espacios sensibles como escuelas o iglesias, aunque el comisario Patrick Ryder aseguró que tales operativos están prohibidos. Protestas en Nassau, respaldadas por grupos como New Immigrant Community Empowerment, han exigido la anulación del acuerdo. En mayo de 2025, manifestaciones frente a tribunales migratorios en Nueva York y California denunciaron tácticas agresivas de ICE, como detenciones en juzgados.
Blakeman defendió el acuerdo, asegurando su legalidad y destacando la necesidad de combatir el crimen organizado. Sin embargo, la NYCLU exige transparencia sobre los términos del convenio y su implementación. “Las autoridades locales no pueden actuar como agentes de ICE”, afirmó un portavoz, citando violaciones a la Cuarta Enmienda y leyes estatales.
Implicaciones más amplias
La colaboración de Nassau con ICE se alinea con la política migratoria de Trump, que busca deportar a millones de indocumentados, priorizando a aquellos con antecedentes penales. En 2025, ICE reportó un aumento de arrestos, con un objetivo de 3,000 detenciones diarias, frente a los 660 diarios de los primeros 100 días de la administración. Sin embargo, datos indican que muchos detenidos carecen de antecedentes, lo que intensifica las críticas por falta de debido proceso.
El debate en Nassau refleja tensiones nacionales sobre el programa 287(g), que opera en 140 jurisdicciones. Mientras estados como Florida e Indiana amplían estas colaboraciones, críticos advierten que socavan la confianza en la policía y afectan la seguridad comunitaria. En Nueva York, la resistencia de Hochul y activistas podría escalar si el proyecto de ley A5467, que propone extender el modelo de Nassau a todo el estado, avanza en la legislatura.