El presidente Donald Trump ha presentado una demanda contra jueces federales del estado de Maryland, alegando que una orden emitida por dicho tribunal impide la deportación inmediata de inmigrantes detenidos que solicitan una revisión judicial de su caso. Esta nueva ofensiva legal refleja la creciente tensión entre la administración Trump y el sistema judicial federal en torno a la política migratoria.
La demanda, presentada el martes 24 de junio en la ciudad de Baltimore, nombra como demandados al juez presidente del tribunal de distrito, George L. Russell III, y a otros magistrados de esa corte. El objetivo: revertir una orden que permite a los migrantes evitar temporalmente la deportación mientras sus solicitudes de hábeas corpus son evaluadas.
Trump demanda a jueces por frenar las deportaciones automáticas
La medida impugnada fue firmada en mayo por el juez Russell y establece que ningún inmigrante puede ser deportado hasta por lo menos las 4 de la tarde del segundo día hábil después de que presente una solicitud formal de hábeas corpus. El gobierno de Trump considera que esta disposición interfiere directamente con su autoridad para aplicar las leyes migratorias.
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Foto: David Toro/EFE/EPA
“La orden se emite automáticamente, sin importar si el inmigrante busca un alivio de emergencia, si el tribunal tiene jurisdicción sobre su caso o incluso si las reclamaciones carecen de fundamento”, se lee en la demanda. También sostiene que la decisión judicial invade competencias constitucionales del poder ejecutivo.
Además de Trump, figuran como demandantes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el gobierno federal de Estados Unidos. El secretario adjunto del tribunal de distrito, David Ciambruschini, indicó que la corte no hará comentarios sobre el caso en curso.
Trump demanda a jueces tras nuevas disputas por deportaciones
La acción legal se da en un contexto en el que el gobierno de Trump ha tenido múltiples enfrentamientos con el poder judicial por sus intentos de acelerar las deportaciones. En uno de los casos recientes, la jueza Paula Xinis, también del distrito de Maryland, calificó como ilegal la expulsión de Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño cuyo retorno a Estados Unidos fue ordenado por la corte.
Los abogados de Ábrego García han solicitado sanciones contra el gobierno por desacatar las decisiones judiciales. En paralelo, un tribunal federal en Boston dictaminó que la administración violó otra orden judicial al deportar a personas hacia Sudán del Sur, sin el debido proceso.
Inmigrantes a punto de ser deportados. Foto: EFE
Además, un exabogado del Departamento de Justicia reveló esta semana que un alto funcionario de la agencia sugirió ignorar fallos judiciales para facilitar la expulsión de migrantes venezolanos acusados de vínculos con pandillas.
Ante esta acumulación de tensiones, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, respaldó la demanda, afirmando que “las órdenes judiciales diseñadas para frenar la agenda del presidente Trump socavan su autoridad desde el inicio de su mandato”.
“El pueblo estadounidense eligió a Trump para ejecutar políticas migratorias firmes. No se puede permitir que un patrón de intervenciones judiciales impida el cumplimiento de esa misión”, declaró Bondi.
Trump demanda a jueces y busca cambiar la política migratoria desde los tribunales
La orden que Trump busca revertir no prohíbe las deportaciones de forma definitiva. Establece un margen de dos días hábiles para que los tribunales puedan evaluar cada solicitud de hábeas corpus y determinar si hay mérito suficiente para una audiencia judicial. Esto, según el juez Russell, permite preservar la jurisdicción del tribunal y asegurar que los migrantes tengan acceso a representación legal.
En una versión enmendada de la orden, Russell explicó que el tribunal enfrentó una avalancha de peticiones fuera del horario laboral, lo que dificultó ofrecer respuestas claras y oportunas sobre la situación de los detenidos.
El gobierno de Trump, por su parte, ha solicitado que los jueces de Maryland se inhiban del caso, y pidió que se designe un juez federal de otro estado para que revise la demanda.
Expertos legales advierten que este movimiento podría formar parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para debilitar los mecanismos de protección judicial disponibles para los migrantes. James Sample, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Hofstra, señaló que si bien las órdenes automáticas de detención pueden ser poco comunes, fueron necesarias frente a las acciones del gobierno.
“El poder judicial se encuentra en una posición complicada. Ante prácticas que buscan evitar cualquier control legal, los jueces están tratando de proteger mínimamente el debido proceso”, explicó Sample.
Este nuevo enfrentamiento entre Trump y los jueces podría escalar hasta la Corte Suprema, donde ya se han dirimido otros casos clave en materia migratoria. Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles y grupos de abogados migratorios se preparan para intervenir legalmente en defensa de los inmigrantes afectados.