El gobierno de Estados Unidos ha confirmado la expansión de su política de defensa fronteriza al autorizar que las Fuerzas Armadas establezcan dos nuevas zonas militares en la frontera sur, donde podrán detener migrantes de manera temporal. La decisión eleva a cuatro el número total de Áreas de Defensa Nacional (NDA, por sus siglas en inglés), una figura legal que extiende la autoridad operativa de las fuerzas militares en espacios cercanos a instalaciones ya existentes.
Según informaron tres funcionarios estadounidenses a CNN, las nuevas zonas estarán vinculadas a la Base Conjunta de San Antonio (Texas) y a la Estación Aérea del Cuerpo de Infantes de Marina en Yuma (Arizona). La expansión ocurre apenas semanas después de la creación de áreas similares en Texas y Nuevo México.
Estas NDA permiten a los militares realizar tareas limitadas de control migratorio, como detener temporalmente a migrantes que ingresan en propiedades bajo su jurisdicción, efectuar registros superficiales y coordinar con agencias civiles como la Patrulla Fronteriza.
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Ejército y migrantes: la expansión de su alcance en la frontera
El área vinculada a San Antonio abarcará unos 400 kilómetros a lo largo del Río Grande, mientras que la de Yuma se extenderá por más de 160 kilómetros. Ambas áreas permitirán al Ejército actuar como primera línea de contención en espacios designados como sensibles por razones de seguridad nacional.
Integrantes del Ejército de EEUU patrullando la frontera con México en la zona de Nuevo México. EFE/Ángel Colmenares
“El establecimiento de una segunda Área de Defensa Nacional aumenta nuestro alcance operativo y nuestra eficacia para frenar la actividad ilegal en la frontera sur”, sostuvo el general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte de EE.UU. Según el Pentágono, las Fuerzas Armadas pueden intervenir siempre que se encuentren dentro de sus instalaciones o en zonas bajo jurisdicción militar extendida.
Aunque la Ley Posse Comitatus prohíbe expresamente que las fuerzas militares realicen labores de policía dentro del territorio nacional, las NDA se presentan como una figura legal que elude esa restricción al considerar los territorios designados como extensiones de instalaciones militares existentes.
Esta interpretación legal permite que soldados y marines puedan actuar en circunstancias limitadas: si detectan a personas cruzando ilegalmente dentro de las NDA, pueden detenerlas de forma temporal antes de entregarlas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Legisladores advierten sobre militarización del control migratorio
La medida ha generado preocupación en el Congreso. El senador Jack Reed, demócrata de Rhode Island y miembro de la Comisión de Servicios Armados del Senado, criticó públicamente la expansión de las NDA. “Estas áreas de defensa evaden las protecciones establecidas desde hace tiempo en la Ley Posse Comitatus”, advirtió. “Estamos viendo cómo el Ejército se convierte, en la práctica, en policía migratoria”.
Fotografía aérea que muestra a migrantes en la frontera con Estados Unidos, en Ciudad Juárez (México). EFE/Luis Torres
El senador Martin Heinrich, de Nuevo México, también expresó inquietudes sobre el respeto al debido proceso de los migrantes. En una carta dirigida al secretario de Defensa, Pete Hegseth, Heinrich cuestionó si las personas que ingresan involuntariamente a estas zonas restringidas entienden que están en espacios donde podrían ser arrestadas directamente por militares.
Aunque la Casa Blanca sostiene que los migrantes son entregados de inmediato a las autoridades civiles, defensores de derechos humanos advierten sobre la opacidad del proceso. A principios de este mes, un juez federal de Nuevo México desestimó múltiples cargos de seguridad nacional contra migrantes al encontrar que no había evidencia de que conocieran las restricciones legales del área donde fueron detenidos.
El Departamento de Justicia ha logrado sus primeras condenas por ingreso ilegal a NDA. Dos migrantes se declararon culpables de haber invadido propiedad federal, luego de haber sido detenidos inicialmente por la Patrulla Fronteriza y procesados bajo las nuevas disposiciones asociadas a las zonas de defensa.
Protestas y tropas activas cerca de la frontera sur
Mientras tanto, más de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y unos 700 infantes de marina en servicio activo continúan movilizados en zonas sensibles como Los Ángeles y San Diego, en respuesta a protestas recientes contra las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Grupos civiles han denunciado un aumento de la presencia militar en zonas urbanas, alertando sobre una posible escalada en el uso de la fuerza contra comunidades migrantes.
El Departamento de Defensa ha reiterado que sus tropas no realizarán detenciones fuera de los límites de las NDA, aunque observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos se mantienen vigilantes ante posibles abusos.
Con esta ampliación, el Ejército toma un rol cada vez más visible en la frontera, justo cuando el gobierno federal enfrenta críticas internas y externas por sus métodos de control migratorio. A pesar de las controversias legales, las nuevas zonas ya están operativas y se espera que se mantengan activas durante el resto del año.