La Casa Blanca evalúa utilizar una maniobra legalmente cuestionada para aplicar recortes presupuestarios por miles de millones de dólares sin pasar por el Congreso, según confirmó este miércoles el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought.
Durante su comparecencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado, Vought admitió que la administración Trump considera recurrir a la llamada “rescisión de bolsillo”, una estrategia fiscal que ha generado polémica por su dudosa legalidad y por las implicancias que tendría en la separación de poderes.
“Creemos que tenemos, bajo la ley, numerosas opciones para lograr ahorros, incluidas rescisiones programadas al final del año fiscal”, afirmó Vought, cuando fue interrogado por la senadora demócrata Patty Murray sobre los planes del Ejecutivo republicano. Sus declaraciones confirmaron lo que ya había insinuado en diversas apariciones públicas en semanas previas.
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Casa Blanca considera maniobra fiscal que evitaría debate legislativo
La estrategia que evalúa la Casa Blanca consiste en presentar una solicitud de recorte presupuestario con menos de 45 días antes de que finalice el año fiscal, el 30 de septiembre. Esta táctica, conocida como “rescisión de bolsillo”, permite congelar temporalmente los fondos hasta que termine el año fiscal, lo cual, en la práctica, impide que el Congreso actúe antes de su vencimiento.
Fotografía de archivo del capitolio de Estados Unidos, sede del Congreso, en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo
Esta medida evita el debate legislativo y permite a la Casa Blanca dejar inactivos fondos aprobados sin necesidad de que el Congreso vote su anulación formal. Si bien el procedimiento se apoya en una interpretación ambigua de la Ley de Control de Presupuesto de 1974, numerosos legisladores de ambos partidos han expresado que podría ser inconstitucional.
La senadora Murray respondió con dureza: “Lo que le estoy oyendo decir es toda una ensalada de palabras para asegurar que nos está haciendo saber que tienen la intención de hacer cosas que están fuera de la ley”.
Senadores de ambos partidos cuestionan a la Casa Blanca
La polémica generada por esta posible acción de la Casa Blanca no ha sido exclusiva de los demócratas. La presidenta del Comité de Apropiaciones, la republicana Susan Collins, también consideró ilegal el uso de la “rescisión de bolsillo”. Collins recordó que el Congreso tiene el poder constitucional exclusivo sobre el gasto público y que ninguna maniobra ejecutiva puede anular ese principio.
El propio Russell Vought explicó que el Gobierno había enviado una solicitud formal de rescisión al Congreso el pasado 3 de junio. La propuesta busca eliminar más de 9 mil 400 millones de dólares en programas que incluyen ayuda exterior y fondos para medios públicos, como parte del plan diseñado por el controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
Fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/ Ken Cedeno
Entre los programas afectados por la solicitud de la Casa Blanca se encuentra PEPFAR, la iniciativa de salud global para combatir el VIH y el sida. Varios legisladores, incluidos republicanos, advirtieron sobre las consecuencias internacionales que esto tendría, especialmente en países africanos que dependen de la asistencia estadounidense.
Recortes de la Casa Blanca afectan a ayuda humanitaria y medios públicos
La iniciativa de la Casa Blanca ha sido interpretada como parte de una ofensiva más amplia del presidente Donald Trump contra instituciones públicas y programas considerados innecesarios por su administración. Junto con los recortes a la ayuda internacional, la propuesta contempla reducciones drásticas al financiamiento de la radiodifusión pública, como NPR y PBS, medios que han sido señalados por Trump como “sesgados hacia la izquierda”.
Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Trump ha buscado eliminar lo que denomina “gasto burocrático innecesario”. Sin embargo, la forma en la que intenta lograrlo ha generado tensiones dentro del propio Partido Republicano, donde algunos senadores han mostrado resistencia ante la posibilidad de violar la legalidad presupuestaria.
La Casa Blanca no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre si aplicará la “rescisión de bolsillo” de manera definitiva. Sin embargo, el solo hecho de considerar esta herramienta ya ha encendido alarmas en el Congreso, donde varios miembros insisten en que cualquier intento de eludir al Legislativo socava la institucionalidad democrática.
En paralelo, organizaciones civiles y centros de estudios legales han empezado a preparar posibles litigios en caso se concrete la acción ejecutiva. La legalidad de la maniobra aún no ha sido evaluada por la Corte Suprema, lo que mantiene el debate en una zona gris que podría resolverse en tribunales si el gobierno avanza con su plan.