El Tribunal Supremo de Estados Unidos aprobó este jueves una medida que permite a los gobiernos estatales retirar la financiación pública del programa Medicaid a la red Planned Parenthood, lo que marca un nuevo giro en el panorama de los derechos reproductivos en el país.
La decisión se resolvió con seis votos a favor y tres en contra, alineados en bloques ideológicos. La mayoría conservadora del tribunal respaldó la posibilidad de que los estados eliminen el acceso a los fondos públicos para esta organización, mientras que las juezas liberales votaron en contra por considerar que se vulnera el derecho de los beneficiarios a elegir su proveedor de servicios médicos.
Planned Parenthood pierde respaldo de Medicaid en varios estados
Planned Parenthood, una de las redes de salud sexual y reproductiva más grandes del país, podría dejar de recibir recursos públicos en estados donde los gobiernos conservadores han impulsado una política de recortes a sus fondos. Con más de 600 centros de atención médica en todo el territorio estadounidense, la organización ofrece desde pruebas de VIH y anticonceptivos hasta atención ginecológica y asesoría médica general.
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Fotografóa de archivo de personas que se manifiestan ante el Tribunal Supremo de EE.UU. a favor del aborto y de la financiación pública de Planned Parenthood. EFE/Shaw Thew
De acuerdo con sus informes, menos del 5 % del presupuesto se destina a procedimientos de aborto. El resto se enfoca en servicios preventivos y educación en salud. Sin embargo, esa mínima proporción ha sido suficiente para que líderes republicanos promuevan medidas para retirarle la financiación, basándose en posturas ideológicas y religiosas.
La reciente decisión del Supremo se originó por una demanda contra el estado de Carolina del Sur, que en 2021 bloqueó los fondos de Medicaid a la organización, bajo el argumento de que en sus clínicas se practicaban abortos, aunque fuera con recursos distintos.
Carolina del Sur impulsa la desfinanciación de Planned Parenthood
El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, ha sido una de las figuras más activas en contra del financiamiento público a Planned Parenthood. Tras el fallo del Tribunal Supremo, celebró la decisión como “una victoria para los valores provida del estado”.
Detractores del aborto se manifiestan afuera del Tribunal Supremo de EE.UU., este 26 de junio de 2025, que avaló a los estados quitar la financiación pública de Planned Parenthood. EFE/Aaron Schwartz
Sin embargo, la directora ejecutiva de Planned Parenthood South Atlantic, Paige Johnson, calificó el fallo como “una grave injusticia” y advirtió que tendrá consecuencias devastadoras para las comunidades más vulnerables. “Usar el sentimiento antiaborto como arma para dejar a familias de bajos ingresos sin atención médica básica no es sólo inmoral, es una amenaza para la salud pública”, declaró.
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Johnson aseguró que Planned Parenthood continuará ofreciendo atención médica en Carolina del Sur, incluso para personas que estén inscritas en Medicaid. “Haremos todo lo posible para que reciban atención médica a bajo costo o sin costo alguno”, afirmó.
Planned Parenthood frente a un entorno hostil en Estados Unidos
Desde la derogación del fallo Roe vs. Wade en 2022, que eliminó la protección federal del derecho al aborto, Planned Parenthood ha enfrentado una oleada de restricciones en diferentes estados. Actualmente, en 23 de los 50 estados el aborto es ilegal o está restringido casi por completo, incluso en casos de violación o incesto.
El fallo de este jueves amplía el margen de maniobra para que estados conservadores apliquen recortes al financiamiento público de la organización, dificultando el acceso a servicios esenciales para millones de mujeres. Según el Center for Reproductive Rights, estas restricciones han afectado de forma desproporcionada a mujeres latinas, afroamericanas y de bajos ingresos.
Durante la audiencia previa al fallo, las juezas liberales argumentaron que el programa Medicaid garantiza a los beneficiarios el derecho a ser atendidos por cualquier proveedor autorizado, sin que los estados puedan limitar arbitrariamente ese acceso por motivos políticos. Sin embargo, la mayoría conservadora consideró que los estados tienen la facultad de decidir a qué proveedores permitir dentro del sistema, una visión que ahora sienta precedente.
Planned Parenthood ha anunciado que analizará posibles caminos legales a nivel estatal para seguir operando en aquellos lugares donde se retiren los fondos. También ha intensificado su red de clínicas móviles, telemedicina y alianzas comunitarias para suplir los servicios que podrían verse recortados por la nueva decisión.