El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y en coordinación con el Departamento de Justicia, ha anunciado una nueva regla federal que facilita la imposición de multas a migrantes indocumentados que no cumplan con órdenes de deportación. Bajo esta nueva política, aquellos que no se autodeporten podrán enfrentar sanciones económicas que podrían ascender hasta $1.8 millones, dependiendo del caso.
Esta decisión representa un giro más estricto en la política migratoria de la administración Trump y busca imponer consecuencias más severas a quienes permanezcan en el país sin autorización legal. Las sanciones serán retroactivas hasta por cinco años y se aplicarán incluso si los migrantes no han sido notificados previamente, gracias a un cambio en el procedimiento oficial.
Multas a migrantes sin autodeportarse se aplicarán sin aviso previo
Con la regulación anterior, las autoridades migratorias estaban obligadas a enviar un aviso con 30 días de anticipación antes de imponer una multa. La nueva normativa elimina ese requisito y permite al DHS enviar directamente las notificaciones por correo ordinario, sin previo aviso, y reducir también el tiempo para apelar la sanción.
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Vista de un avión de Estados Unidos que transportó a personas deportadas, en una fotografía de archivo. EFE/Mariano Macz
Según el DHS, el nuevo esquema afectará a tres grupos principales: quienes ingresaron al país de forma ilegal, quienes han ignorado órdenes de expulsión y aquellos que incumplieron acuerdos judiciales de salida voluntaria. Las penalidades financieras serán calculadas en función del tipo de infracción:
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De $100 a $500 por entrada ilegal.
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De $1,992 a $9,970 por incumplir una orden de salida voluntaria.
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Hasta $998 por día por permanecer en el país tras una orden final de deportación.
Hasta el 13 de junio de 2025, ya se han emitido cerca de 10,000 multas, según datos oficiales del DHS.
Migrantes sin autodeportarse podrían enfrentar confiscación de bienes
El nuevo sistema de sanciones económicas contempla también medidas adicionales en caso de impago. De acuerdo con un informe de la agencia Reuters, el Gobierno está evaluando confiscar propiedades de migrantes que no puedan afrontar las multas impuestas.
Vista de unas personas con un mensaje en contra de las deportaciones ordenadas por Donald Trump y en favor de los inmigrantes de EE.UU., en una fotografía de archivo. EFE/Erik S. Lesser
Ocho abogados de inmigración entrevistados por Reuters detallaron que algunos de sus clientes recibieron sanciones que van desde miles de dólares hasta cifras que superan el millón. El monto más alto registrado hasta ahora ha sido de $1.8 millones, aplicados en casos con años de incumplimiento acumulado.
El DHS ha indicado que los migrantes que decidan autodeportarse a través de la app CBP Home podrán evitar estas sanciones, una medida que busca incentivar el “regreso voluntario” antes de que se impongan penalidades financieras.
“Las leyes migratorias no se cumplen solas. Debe haber consecuencias por desobedecerlas”, afirmó la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, al presentar la nueva regla. “Estas penalidades financieras son solo una razón más para que los migrantes usen nuestros recursos y se autodeporten antes de que sea demasiado tarde”.
El endurecimiento de sanciones revive políticas anteriores contra migrantes
El uso de multas económicas para castigar a los migrantes que ignoran órdenes de deportación se basa en una ley federal de 1996, pero fue aplicado por primera vez en 2018 durante el primer mandato de Donald Trump. Durante ese periodo, se intentó imponer sanciones por cientos de miles de dólares a nueve inmigrantes que se habían refugiado en iglesias, aunque estas fueron retiradas tras una batalla legal.
La administración Biden suspendió esta práctica en 2021, al considerar que las multas eran “ineficaces e innecesarias”. No obstante, con el regreso de Trump al poder, esta política no solo ha sido restaurada, sino endurecida, eliminando salvaguardas previas como el derecho a notificación anticipada.
Actualmente, se estima que hay alrededor de 1.4 millones de personas en Estados Unidos con órdenes finales de deportación emitidas por jueces migratorios. Bajo la nueva normativa, todos ellos serían elegibles para ser sancionados económicamente si no abandonan el país voluntariamente.
Diversas organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas, que podrían provocar una crisis humanitaria y desalentar a los migrantes de buscar ayuda legal por temor a represalias económicas.
La imposición de multas de hasta $1.8 millones a migrantes sin autodeportarse marca un nuevo capítulo en las políticas migratorias estadounidenses, reforzando el mensaje de que la permanencia sin autorización conllevará consecuencias severas.