La ciudadanía por nacimiento, un principio constitucional que otorga nacionalidad automática a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, vuelve a estar en el centro de una intensa batalla legal. Esto ocurre tras el reciente fallo de la Corte Suprema que limita el alcance de los mandamientos judiciales a nivel nacional, una decisión que favorece, al menos de forma parcial, a la administración de Donald Trump.
El fallo, emitido este viernes, no se pronunció directamente sobre la legalidad de la orden ejecutiva de Trump, pero devuelve el caso a los tribunales inferiores. Ahí se decidirá si la política que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes en situación irregular puede finalmente entrar en vigor.
El origen y defensa de la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.
La ciudadanía por nacimiento es una práctica que se remonta a la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada tras la Guerra Civil para garantizar la nacionalidad a personas afroamericanas, incluidas las que habían sido esclavizadas. Esta disposición fue confirmada por la Corte Suprema en 1898 en el histórico caso de Wong Kim Ark, en el que se estableció que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
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Nacionalidad por nacimiento es un derecho constitucional, dice el cartel. Foto: EFE
Desde entonces, esta norma ha sido pilar del sistema legal estadounidense. Salvo excepciones muy específicas —como los hijos de diplomáticos extranjeros— la ciudadanía por nacimiento ha sido considerada un derecho firme, inamovible y constitucional.
Trump y la ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento
La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero de 2025 pretende cambiar ese principio. En concreto, busca negar la ciudadanía automática a los bebés nacidos en EE.UU. de padres que se encuentren en el país ilegal o temporalmente. La iniciativa es parte de su campaña para reducir la inmigración, bajo el argumento de que esta política actúa como “un imán para la inmigración ilegal”.
El gobierno de Trump argumenta que la frase “sujeta a su jurisdicción”, incluida en la 14ª Enmienda, permite excluir de la ciudadanía a los hijos de personas sin estatus migratorio legal. Sin embargo, múltiples tribunales federales han rechazado esa interpretación, emitiendo mandatos judiciales que impidieron que la orden presidencial entrara en vigencia.
Una mujer dio a luz en la frontera entre México y Estados Unidos. Foto: EFE
“No puedo recordar un caso en el que la pregunta fuera tan clara: esta orden es flagrantemente inconstitucional”, señaló el juez federal de distrito John Coughenour en una audiencia celebrada este año en Seattle.
La Corte Suprema y el futuro incierto de la ciudadanía por nacimiento
Aunque el fallo de la Corte Suprema fue una victoria procesal para la administración Trump, ya que limita el alcance de las órdenes judiciales federales, no resolvió si la orden sobre ciudadanía por nacimiento es legal. En cambio, instruyó a los tribunales inferiores a revisar la forma en que se aplican esos mandatos y a decidir si los casos pueden proceder como demandas colectivas.
Esto ha abierto la puerta a nuevos escenarios judiciales: tan solo horas después del fallo, ya se habían presentado demandas colectivas en Maryland y New Hampshire. Los grupos proinmigrantes esperan obtener así una protección a nivel nacional, pero reconocen que lograrlo será complejo.
“No es sencillo conseguir un remedio nacional mediante demandas colectivas. Los tribunales han impuesto muchas restricciones en los últimos años”, explicó Suzette Malveaux, profesora de derecho en la Universidad de Washington y Lee.
La jueza Sonia Sotomayor, en su opinión disidente, advirtió sobre las consecuencias del fallo. “La ciudadanía por nacimiento ha sido protegida durante más de un siglo. Al impedir que los tribunales hagan cumplir ese derecho de manera uniforme, se genera caos, desigualdad y temor entre millones de familias”, apuntó.
¿Qué viene ahora para la ciudadanía por nacimiento?
Con el caso nuevamente en tribunales inferiores, el debate legal sobre la ciudadanía por nacimiento continuará. Durante al menos 30 días, la orden de Trump sigue bloqueada, lo que otorga tiempo para ajustes procesales y estrategias legales.
Expertos advierten que si los tribunales inferiores fallan en contra de la orden presidencial, es probable que el caso regrese a la Corte Suprema. Sin embargo, si algún tribunal permite su aplicación, podría iniciarse una cascada de consecuencias legales y sociales en todo el país.
Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de la organización Global Refuge, enfatizó la gravedad del asunto: “Estamos hablando de cambiar la base del derecho constitucional en Estados Unidos. Negar la ciudadanía a quienes nacen aquí afectaría el futuro de generaciones enteras”.
En paralelo, el Departamento de Justicia ha mostrado confianza en que la Corte Suprema eventualmente respaldará la orden de Trump. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, declaró en rueda de prensa: “El presidente está actuando dentro del marco constitucional, y estamos convencidos de que al final la Corte Suprema le dará la razón”.
La ciudadanía por nacimiento es, por ahora, un derecho intacto. Pero la decisión del máximo tribunal estadounidense ha dejado claro que está en disputa, y su destino se jugará en las próximas etapas judiciales.