Una nueva controversia en Colombia sacude al gobierno de Gustavo Petro, con el ex canciller Álvaro Leyva en el centro de la controversia. Según revelaciones recientes, Leyva, quien fue ministro de Relaciones Exteriores entre agosto de 2022 y mayo de 2024, habría buscado apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos para presionar la salida de Petro de la presidencia.
El plan, que incluía reuniones con figuras como el congresista Mario Díaz-Balart, apuntaba a reemplazar a Petro con la vicepresidenta Francia Márquez. Petro, por su parte, calificó estas acciones como un “acto de venganza bárbaro y canalla” y denunció un supuesto “golpe blando” en su contra. Aquí te contamos los detalles de este escándalo que tiene al país en vilo a menos de un año de las elecciones de 2026.
La controversia comenzó a tomar forma el pasado 22 de abril de 2025, cuando Leyva publicó una carta en su cuenta de X acusando a Petro de tener problemas de adicción a las drogas, basándose en un supuesto incidente en París en 2023, donde el presidente habría “desaparecido” por dos días durante una visita oficial.
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Petro respondió en redes sociales, negando las acusaciones y afirmando que pasó ese tiempo con sus hijas y nietas en la capital francesa, acompañado por el servicio secreto francés. Desde entonces, Leyva ha intensificado sus críticas, publicando cartas adicionales el 5 de mayo y el 4 de junio, donde insistió en que Petro no está en condiciones de gobernar y lo instó a renunciar, generando una polémica que ha polarizado aún más al país.
El supuesto plan de Leyva
El punto álgido, llegó con la revelación de que Leyva viajó a Estados Unidos hace dos meses para reunirse con Díaz-Balart, un congresista republicano conocido por su postura crítica hacia gobiernos de izquierda en América Latina. Según una fuente estadounidense, Leyva afirmó contar con “herramientas” para sacar a Petro del poder, argumentando que el presidente no podía seguir en el cargo debido a su supuesta incapacidad.
En grabaciones de audio, Leyva también sugirió un “gran acuerdo nacional” que incluiría a grupos como el ELN y el Clan del Golfo, además de figuras políticas como el senador Miguel Uribe Turbay, quien sobrevivió a un atentado en junio de 2025. Estas declaraciones han sido calificadas como “traición a la patria” por el jefe de Gabinete, Alfredo Saade, quien exigió que la Fiscalía General de la Nación investigue a Leyva por sedición.
Petro, conocido por su estilo confrontacional en redes sociales, no se quedó callado. En un discurso el 6 de mayo en Bogotá, acusó a Díaz-Balart de liderar un complot internacional para derrocarlo: “Si eso llegase a pasar, debe estallar la revolución colombiana”. El presidente también señaló que la Casa Blanca no dio respaldo al plan de Leyva, lo que limitó su alcance. Sin embargo, la polémica se intensificó cuando Leyva, en un comunicado del 20 de mayo, denunció amenazas contra él y su familia, responsabilizando directamente a Petro por cualquier daño que pudiera sufrir. Leyva afirmó: “No me callará, mi vida seguirá teniendo sentido si lucho por la dignidad de Colombia”.
La respuesta del gobierno
El gobierno de Petro ha enfrentado críticas por su manejo de esta crisis. La vicepresidenta Francia Márquez, mencionada por Leyva como posible reemplazo de Petro, ha guardado silencio sobre las acusaciones, lo que ha alimentado especulaciones sobre su rol.
Desde un consejo de ministros en febrero de 2025, donde Márquez expresó críticas hacia la canciller Laura Sarabia, su relación con Petro se ha deteriorado, y su influencia en el gobierno es mínima. Petro, por su parte, reconoció en X que nombró a Leyva como canciller “sin cálculo político”, creyendo en su vocación de paz, pero lamentó que sus intenciones fueran “menos santas”. La Procuraduría General, que suspendió a Leyva en 2024 por irregularidades en un contrato de pasaportes, también ha sido señalada por el ex canciller como parte de un complot en su contra.
La polémica ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores de la oposición, como la senadora María Fernanda Cabal, han usado las acusaciones de Leyva para exigir exámenes médicos a Petro, aliados del gobierno, como el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, han defendido al presidente, calificando las acusaciones como “desleales”. La Fiscalía General aún no ha anunciado una investigación formal, pero la presión crece a medida que se acercan las elecciones de 2026. Con el país dividido y el orden público bajo escrutinio tras el atentado contra Uribe Turbay, el futuro político de Colombia sigue en incertidumbre, con Petro y Leyva como protagonistas de un enfrentamiento que no parece tener fin.