El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aceptado revisar una impugnación presentada por el Partido Republicano, respaldada por la administración del presidente Donald Trump, que busca eliminar los límites impuestos al financiamiento electoral cuando se trata de gastos coordinados entre partidos y campañas individuales.
La demanda ha sido impulsada por los Comités Nacionales Republicanos tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, junto con dos campañas legislativas de 2022: la del actual vicepresidente JD Vance, que fue electo como senador por Ohio, y la del excongresista Steve Chabot, quien perdió su escaño en ese mismo estado.
Este caso podría alterar de forma significativa las reglas del financiamiento electoral en EE.UU., ya que pone en duda los límites impuestos por la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA) desde 1971, que fue modificada varias veces por el Congreso y reinterpretada por la propia Corte en ocasiones anteriores.
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Financiamiento electoral: lo que está en juego
En el centro del debate se encuentra la distinción entre los gastos independientes —sin coordinación con campañas— y los gastos coordinados entre partidos políticos y candidatos. Actualmente, los partidos pueden gastar sumas ilimitadas siempre que no estén en contacto directo con la campaña beneficiada. Sin embargo, cuando existe coordinación, los fondos están sujetos a límites.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ Shawn Thew
Los republicanos argumentan que estas restricciones al financiamiento electoral violan la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión. Para ellos, los partidos deben poder colaborar libremente con sus candidatos sin restricciones económicas, especialmente cuando se trata de elecciones reñidas.
La Comisión Federal Electoral (FEC), agencia responsable de hacer cumplir las leyes de financiamiento electoral, decidió no defender el marco actual. El organismo, actualmente bajo la influencia de funcionarios alineados con Trump, considera que los límites vigentes son inconstitucionales.
Ante este vacío institucional, el Comité Nacional Demócrata y varios grupos prodemocráticos se han convertido en los únicos defensores del sistema actual ante la Corte Suprema.
Corte Suprema y su historial en temas de financiamiento electoral
La revisión del financiamiento electoral por parte del Supremo no es nueva. En 2010, el histórico fallo del caso Citizens United v. FEC eliminó las restricciones a los gastos independientes de empresas y asociaciones, permitiendo una mayor influencia del dinero corporativo en las campañas. Desde entonces, el rol del dinero en la política estadounidense ha crecido exponencialmente.
Audiencia del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes sobre el plan presupuestario del presidente estadounidense Donald Trump, en el Capitolio de EE.UU. EFE/Will Oliver
Ahora, este nuevo caso plantea una pregunta distinta: ¿deben existir límites si el gasto lo hace un partido en coordinación con su propio candidato?
La decisión podría marcar un nuevo precedente, abriendo la puerta a un escenario en el que los partidos políticos puedan canalizar sumas ilimitadas directamente a las campañas, con el riesgo —según los críticos— de que se incrementen la corrupción, la desigualdad política y la influencia desmedida de intereses privados.
Grupos como Common Cause y Campaign Legal Center ya han advertido que, de prosperar esta impugnación, se socavaría aún más la equidad en el sistema democrático estadounidense, favoreciendo a los candidatos con mayor respaldo financiero partidario.
Financiamiento electoral y el contexto político actual
La revisión del caso se dará en un contexto político altamente polarizado. Con las elecciones presidenciales de 2026 en el horizonte, una decisión a favor de flexibilizar los límites podría tener efectos inmediatos en las estrategias de campaña, especialmente para el Partido Republicano.
En paralelo, la administración Trump ha mostrado un claro interés en debilitar las instituciones de control del financiamiento electoral. La designación de comisionados alineados con su visión en la FEC y el impulso a leyes que reduzcan la fiscalización de los gastos de campaña son prueba de ello.
Además, el presidente ha insistido en su intención de cambiar la dinámica del financiamiento político en el país, argumentando que los límites actuales perjudican la “libertad de asociación” y dan ventaja a actores externos que ya gozan de financiamiento sin restricciones.
El Tribunal Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora desde el mandato anterior de Trump, ha fijado las audiencias orales del caso para su siguiente período de sesiones, que comenzará en octubre de 2025. Un fallo se espera para el primer semestre de 2026, justo antes del inicio de la contienda presidencial.
Para muchos observadores, el futuro del financiamiento electoral estadounidense dependerá del alcance de esta decisión. Si la Corte Suprema elimina los límites a los gastos coordinados, se redefinirá la manera en que los partidos y candidatos compiten por el poder político en Estados Unidos.