El Gobierno demanda a Los Ángeles por obstruir la aplicación de leyes migratorias. ¿El fin de las ciudades santuario?
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La administración del presidente Donald Trump ha lanzado una ofensiva legal contra Los Ángeles, presentando una demanda en el Distrito Central de California por sus políticas de “ciudad santuario”. Según el Departamento de Justicia (DOJ), estas políticas, lideradas por la alcaldesa demócrata Karen Bass y el Concejo Municipal, violan la ley federal al limitar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La acción, que nombra como acusados a Bass, al presidente del Concejo, Marqueece Harris-Dawson, y al Concejo Municipal, busca anular la ordenanza de la ciudad y plantea una pregunta crítica: ¿está en peligro el futuro de las ciudades santuario?
Detalles de la demanda
La demanda acusa a Los Ángeles de obstruir la aplicación de leyes migratorias al promulgar la ordenanza “Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement” en diciembre de 2024. Esta medida, firmada por Bass tras la victoria electoral de Trump, prohíbe el uso de recursos municipales, como personal policial o infraestructura, para asistir al ICE en operativos de deportación. El fiscal federal Bill Essayli, en representación del DOJ, afirmó que la ordenanza “ha contribuido a un entorno anárquico e inseguro” al proteger a indocumentados de la deportación, violando la Sección 1373 del Código de EE.UU., que exige cooperación con autoridades migratorias.
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El DOJ también alega que Los Ángeles incurre en “discriminación” contra el Gobierno federal al negar acceso a recursos y fomentar “actos de resistencia” contra el ICE, incluyendo episodios de violencia contra agentes. La demanda cita protestas recientes en la ciudad, que estallaron tras operativos migratorios intensificados en California durante las últimas cuatro semanas. Estas protestas incluyeron enfrentamientos durante los cuales varias personas fueron detenidas, lo que exacerbó las tensiones.
Contexto de la ofensiva migratoria
La acción legal se enmarca en la agresiva agenda migratoria de Trump, quien ha prometido deportar a millones de indocumentados. Los Ángeles, hogar de 1.5 millones de inmigrantes (34% de su población, según el Censo de 2020), es un objetivo clave debido a su histórica postura como ciudad santuario. Desde 1979, la Policía de Los Ángeles opera bajo la Orden Especial 40, que prohíbe a los oficiales iniciar contacto con personas únicamente para determinar su estatus migratorio. Esta política, reafirmada en noviembre de 2024 con la declaración oficial de Los Ángeles como ciudad santuario, ha sido un pilar de protección para comunidades migrantes, especialmente la mexicana, que representa el 40% de los inmigrantes de la ciudad.
La respuesta de Trump no se limitó a la demanda. En un movimiento sin precedentes, el presidente ordenó el despliegue de 4,000 soldados de la Guardia Nacional de California para apoyar al ICE, sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom, una acción no vista en 60 años. Esta decisión ha sido criticada como una violación de la autonomía estatal y ha intensificado el conflicto entre el Gobierno federal y California, que alberga a 2.8 millones de indocumentados, según el Pew Research Center.
Impacto en la comunidad
La demanda ha generado un profundo temor en las comunidades migrantes de Los Ángeles, que contribuyen significativamente a la economía local. Un estudio de 2024 del Instituto de Políticas Migratorias estima que los inmigrantes generan $79 mil millones anuales en la región, ocupando el 44% de los empleos en sectores como la construcción, la hospitalidad y los servicios. Organizaciones como la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) advierten que la presión federal podría llevar a más familias a evitar servicios esenciales, como atención médica o educación, por miedo a ser deportadas.
“Esta demanda es un ataque a nuestra humanidad”, afirmó Angélica Salas, directora de CHIRLA, en una rueda de prensa. Líderes comunitarios señalan que las políticas de ciudad santuario no solo protegen a los indocumentados, sino que fomentan la confianza en la policía local, reduciendo la delincuencia. Un análisis de 2023 de la Universidad de California en San Diego encontró que las ciudades santuario tienen un 15% menos de crímenes violentos que otras ciudades comparables, desafiando la narrativa de inseguridad promovida por el DOJ.
Desafíos legales y políticos
El caso enfrenta un camino legal complicado. En 2017, un tribunal federal en California falló a favor de San Francisco en un caso similar, argumentando que el Gobierno no puede coaccionar a las ciudades para cooperar con el ICE sin violar la Décima Enmienda. Expertos legales, como el profesor de la UCLA, Hiroshi Motomura, predicen que Los Ángeles podría ganar en una audiencia preliminar a finales de 2025, pero una apelación podría llevar el caso a la Corte Suprema, donde la mayoría conservadora podría favorecer a Trump.
Políticamente, la demanda ha galvanizado a los demócratas. El gobernador Newsom anunció un fondo de $30 millones para la defensa legal de Los Ángeles, según un comunicado oficial. Sin embargo, la acción también ha generado división entre republicanos moderados, preocupados por el impacto económico en sectores agrícolas y turísticos dependientes de mano de obra inmigrante. Un informe de 2025 de la Federación Agrícola de California estima que el 65% de los trabajadores agrícolas del estado son indocumentados, y su deportación podría costar $12 mil millones anuales.
¿El fin de las ciudades santuario?
La demanda contra Los Ángeles podría sentar un precedente para otras ciudades santuario, que representan más de 600 jurisdicciones, según el Center for Immigration Studies. Una victoria del DOJ podría desmantelar estas políticas, obligando a las ciudades a colaborar con el ICE bajo amenaza de sanciones. Por el contrario, un fallo favorable a Los Ángeles reforzaría la autonomía local, fortaleciendo la resistencia contra las políticas federales.
Mientras el caso avanza, los residentes de Los Ángeles enfrentan un futuro incierto. “No somos criminales, somos parte de esta ciudad”, dijo María López, una trabajadora indocumentada de Boyle Heights. Con las tensiones en aumento y el espectro de más operativos del ICE, la batalla por las ciudades santuario no solo definirá el destino de los inmigrantes, sino el equilibrio de poder en Estados Unidos.