El gobierno de Estados Unidos y organizaciones defensoras de derechos civiles se enfrentan en tribunales por la legalidad del uso de una legislación de tiempos de guerra contra una organización criminal. Este lunes, tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans escucharon argumentos sobre si el presidente Donald Trump puede aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 al Tren de Aragua, la violenta banda criminal originaria de Venezuela.
La disputa gira en torno al intento de Trump de utilizar esa ley, creada originalmente para tiempos de conflicto bélico, para acelerar la detención y deportación de presuntos miembros del Tren de Aragua. La medida, inédita en contextos no bélicos, podría marcar un precedente legal de gran alcance.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros contra el Tren de Aragua
El gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros en marzo pasado, calificando al Tren de Aragua como una amenaza extranjera con vínculos con el régimen venezolano. Esta ley ha sido aplicada históricamente en contextos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, y la Guerra de 1812, pero nunca antes contra una organización del crimen organizado.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un acto en la Casa Blanca, este 21 de marzo de 2025. EFE/Yuri Gripas/Pool
Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, argumentó que los tribunales no deben interferir con el juicio del presidente cuando determina que una amenaza externa justifica medidas extraordinarias. “Al presidente se le debe la máxima deferencia en asuntos de seguridad nacional y relaciones exteriores”, sostuvo.
En respuesta, Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), advirtió que esta interpretación abre la puerta al uso de poderes de guerra contra cualquier grupo criminal con lazos internacionales, lo cual, dijo, sería una distorsión peligrosa de la ley.
¿Es el Tren de Aragua una amenaza militar?
La administración Trump sostiene que el Tren de Aragua actúa en coordinación con el gobierno de Venezuela y representa una “incursión depredadora”, uno de los términos empleados en la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar su uso. Sin embargo, expertos en seguridad nacional y agencias de inteligencia cuestionan esa conexión.
La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Foto: DHS
Una evaluación de 17 agencias estadounidenses concluyó que los vínculos entre el Tren de Aragua y el régimen de Nicolás Maduro son “mínimos o inconsistentes”. Aunque se reconoce que la banda opera con impunidad en Venezuela, no hay pruebas claras de que reciba órdenes directas del gobierno.
Gelernt alertó que, si se acepta este argumento, cualquier grupo como la mafia italiana, los cárteles mexicanos o incluso pandillas locales con conexiones internacionales podría ser objeto de esta ley, incluso si no representa una amenaza bélica.
El impacto legal del plan de Trump contra el Tren de Aragua
Este caso ya ha sido evaluado dos veces por la Corte Suprema en lo que va del año. En un fallo anterior, el máximo tribunal estableció que los detenidos designados como miembros del Tren de Aragua deben tener la oportunidad de impugnar esa designación, aunque solo en el distrito donde están retenidos. Esa decisión anuló una orden nacional de un juez en Washington, D.C., que prohibía temporalmente las deportaciones bajo la ley invocada.
Posteriormente, cuando la ACLU y otras organizaciones lograron frenar deportaciones en algunos estados, la Corte Suprema volvió a intervenir para definir si el gobierno podía seguir deportando en jurisdicciones donde no había prohibición vigente. Esta compleja batalla judicial continúa escalando hacia un posible tercer pronunciamiento definitivo del máximo tribunal.
El Quinto Circuito, donde se debatió esta semana el caso, es considerado uno de los más conservadores del país. El panel está compuesto por jueces nombrados por Trump, George W. Bush y Joe Biden, lo que convierte el resultado en incierto y relevante para el futuro de la política migratoria de EE.UU.
Tiempos de apelación y detención, en el centro del debate sobre el Tren de Aragua
Otro punto en discusión es cuánto tiempo deben tener los migrantes detenidos bajo esta ley para apelar su designación. Mientras el gobierno propone un plazo de siete días, la ACLU argumenta que debería extenderse a 30 días, el mismo tiempo otorgado a supuestos nazis detenidos tras la Segunda Guerra Mundial bajo esa misma ley.
Este debate sobre el debido proceso refleja las tensiones entre seguridad nacional y derechos constitucionales. La administración Trump busca aplicar mecanismos rápidos de detención y expulsión; sin embargo, los críticos advierten que eso podría derivar en detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, especialmente en comunidades migrantes vulnerables.
La polémica por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros contra el Tren de Aragua ha despertado inquietud también en gobiernos locales, donde se han reportado redadas y traslados de detenidos a instalaciones en El Salvador, en coordinación con el gobierno de Nayib Bukele. Esta práctica ha sido duramente criticada por activistas, quienes señalan la falta de transparencia en estos procedimientos.
Cualquiera que sea el fallo del Quinto Circuito, es muy probable que este caso llegue nuevamente a la Corte Suprema. La decisión final podría redefinir los límites del poder presidencial en materia migratoria y marcar un antes y un después en la manera en que se combate al crimen organizado transnacional.