¿Qué estados demandan a Trump por recorte de fondos a salud mental?

¿Qué estados demandan a Trump por recorte de fondos a salud mental?

Dieciséis estados han presentado una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por cancelar $1,000 millones en fondos para salud mental en escuelas, creados tras el tiroteo de Uvalde, Texas, en 2022. La acción legal, liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, afecta especialmente a la comunidad latina, que representa el 39% de los estudiantes de escuelas públicas en EE.UU., según el Censo de 2024.

Detalles de la demanda

La demanda, presentada el 1 de julio de 2025 en el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Washington, acusa al Departamento de Educación de violar la ley al suspender fondos del Bipartisan Safer Communities Act, que asignó $1,000 millones para contratar psicólogos y consejeros escolares tras el tiroteo que dejó 19 niños y dos maestros muertos. Los estados argumentan que las cancelaciones son “inconstitucionales” y piden restablecer los fondos, según AP News. Los estados demandantes son California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nuevo México, Nueva York, Nevada, Oregón, Rhode Island, Washington y Wisconsin.

Impacto en las escuelas

Los fondos apoyaron a 775,000 estudiantes en 260 distritos escolares, reduciendo el riesgo de suicidio en un 50% en escuelas de alto riesgo y mejorando la asistencia, según la demanda. En Madera, California, donde el 91% de los estudiantes son socioeconómicamente desfavorecidos, la pérdida de $3.8 millones obligará a despedir a 12 profesionales de salud mental, según The Washington Post. En Colorado, $1.5 millones anuales financiaban programas de retención de consejeros, ahora en riesgo, según el Departamento de Educación de Colorado.

Contexto de los recortes

La administración Trump, a través de una orden ejecutiva de enero de 2025, eliminó programas que promueven diversidad, equidad e inclusión (DEI), alegando que violan leyes de derechos civiles, según NPR. Madi Biedermann, portavoz del Departamento de Educación, afirmó que algunos distritos usaron los fondos para “cuotas raciales” en la contratación, como un caso donde una escuela buscaba que 8 de 24 consejeros fueran no blancos, según The Washington Post. Sin embargo, Leandra Parris, beneficiaria de un programa, negó que existieran tales cuotas, según el mismo medio. Los recortes afectan a 1,296 profesionales contratados, con un 95% de retención, según la demanda.

Reacciones de la comunidad latina

La comunidad latina, que constituye el 27% de los estudiantes en los estados demandantes según el National Center for Education Statistics, teme que los recortes agraven la crisis de salud mental. En 2024, el 42% de los estudiantes latinos reportó ansiedad o depresión, según el CDC. Organizaciones como LULAC planean un foro el 12 de julio en Los Ángeles para abordar el impacto, esperando 500 asistentes. En California, donde el 54% de los estudiantes son latinos, la pérdida de fondos podría cerrar clínicas escolares en comunidades rurales, según Reuters.

Críticas y defensa

Vanessa Gonzalez, de Giffords, calificó los recortes como un “desprecio por la seguridad escolar”, según The Washington Post. Los senadores republicanos John Cornyn, Susan Collins y Thom Tillis, quienes apoyaron la ley de 2022, destacaron en 2024 que la salud mental reduce la violencia escolar, según un artículo de opinión. Por su parte, la administración Trump planea relanzar los fondos bajo nuevos criterios “basados en méritos”, según Education Week. En Florida, donde el 37% de los estudiantes son latinos, la comunidad exige claridad, según el Miami Herald.

Consecuencias a futuro

La cancelación, efectiva desde abril de 2025, podría despedir a miles de profesionales y afectar a estudiantes en comunidades vulnerables, según PBS News. En Washington, un distrito rural mejoró su proporción de consejeros por estudiante en un 60%, brindando 7,900 sesiones a 795 estudiantes en 2024, según la demanda. La comunidad latina, que representa el 20% de los beneficiarios de estos programas según el Departamento de Educación, teme un aumento en la deserción escolar, que ya afecta al 15% de los estudiantes latinos, según el National Center for Education Statistics.

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