Alcaldes de ciudades clave en EE.UU. y organizaciones médicas interponen una demanda contra el Gobierno federal porque Obacmacare esta bajo amenaza. Ello presenta limitaciones que afectan el acceso a Obamacare.
Las nuevas regulaciones emitidas por el Gobierno del presidente Donald Trump sobre la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida popularmente como Obamacare, enfrentan una fuerte oposición legal. Alcaldes de grandes ciudades y grupos médicos han presentado una demanda argumentando que las recientes restricciones al acceso al programa afectarán a millones de personas, especialmente a comunidades vulnerables.
Las reglas, que entraron en vigor el mes pasado, reducen el tiempo para inscribirse en los seguros ofrecidos a través del mercado federal y establecen nuevas condiciones para mantener la cobertura médica. Esta medida ha sido calificada como un ataque directo a los principios fundamentales de Obamacare.
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Restricciones al acceso a Obamacare reducirían la cobertura médica
Las nuevas reglas acortan el periodo de inscripción de seis semanas a solo un mes. A partir de 2026, los ciudadanos deberán registrarse entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre. Además, las aseguradoras podrán negar la cobertura a personas con historial de pagos irregulares y se endurecerán los requisitos de verificación de ingresos.
Foto: X/@@CBSNews
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) también implementó una tarifa de $5 para quienes se reinscriban automáticamente en planes gratuitos. Según estimaciones de los demandantes, hasta dos millones de personas —alrededor del 10% de los actuales beneficiarios— podrían perder su cobertura por estas nuevas políticas.
Los alcaldes de Baltimore, Chicago y Columbus (Ohio), junto con las organizaciones Doctors for America y Main Street Alliance, presentaron la demanda esta semana en un tribunal federal, argumentando que las nuevas regulaciones incrementarán el número de ciudadanos sin seguro, saturando los sistemas de salud locales.
¿Obamacare bajo amenaza con las nuevas políticas de Trump?
Para los gobiernos locales, las restricciones al acceso a Obamacare representan un retroceso en el objetivo de brindar atención médica asequible y universal. En la querella legal, los demandantes acusan al Gobierno de imponer barreras innecesarias bajo el pretexto de “eficiencia administrativa” y “prevención del fraude”.
Fotografía del 9 de abril de 2025 que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la firma de órdenes ejecutivas en la Casa Blanca. EFE/Chris Kleponis/Pool
“Estas normas niegan el propósito de Obamacare, que es ofrecer cobertura a todos los estadounidenses”, declaró Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, organización legal que representa a los demandantes.
Las nuevas reglas también excluyen del programa a unos 100.000 inmigrantes que llegaron a EE.UU. siendo menores de edad, muchos de los cuales forman parte del programa DACA. Aunque la demanda actual no desafía esta restricción en particular, diversos grupos han manifestado su preocupación por su impacto.
Impacto de las restricciones al acceso a Obamacare en comunidades latinas
La comunidad latina podría ser una de las más afectadas por las restricciones al acceso a Obamacare. Muchos latinos trabajan en empleos que no ofrecen seguro médico, por lo que dependen del mercado de seguros subsidiado por el gobierno.
Durante la presidencia de Joe Biden, se alcanzó un récord de inscripciones con 24 millones de personas cubiertas gracias a los beneficios de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Sin embargo, con las nuevas políticas de la administración Trump, se anticipa una reducción considerable en la cobertura.
Los alcaldes demandantes argumentan que no se ofreció un periodo adecuado para comentarios públicos antes de la implementación de los cambios, lo que vulnera procedimientos administrativos básicos. Además, aseguran que las modificaciones no fueron acompañadas de un estudio de impacto ni alternativas para evitar el incremento de personas sin seguro.
Desde su aprobación en 2010, Obamacare ha sido objeto de múltiples ataques por parte del Partido Republicano, que lo considera un programa costoso e ineficiente. Durante su primer mandato, Trump intentó sin éxito eliminarlo por completo. Ahora, en su segundo período, ha optado por debilitarlo desde su estructura operativa.
El portavoz del Departamento de Salud, Andrew Nixon, defendió los cambios señalando que “estas reglas cerrarán lagunas, fortalecerán la supervisión y asegurarán que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan”. Afirmó que el objetivo es proteger la sostenibilidad del mercado de seguros.
Sin embargo, los críticos sostienen que estos ajustes solo benefician a las aseguradoras, elevan los costos para los usuarios más pobres y contradicen el espíritu original de la ley.
El caso ahora está en manos del sistema judicial, que deberá decidir si el Gobierno actuó dentro de sus competencias al imponer estas restricciones, o si, por el contrario, vulneró derechos fundamentales de millones de ciudadanos y residentes del país.