Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, podría perder su fuero presidencial si el Congreso así lo decide. La Corte Suprema aprobó trasladar la acusación al Parlamento por un presunto delito de concusión vinculado a contratos con fondos del BCIE.
El Congreso de Costa Rica se prepara para debatir una decisión sin precedentes recientes: levantar o no la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que sea investigado por un presunto delito de concusión. La solicitud fue enviada este martes por la Corte Suprema de Justicia, tras una votación dividida de los magistrados que terminó con 15 votos a favor y 7 en contra.
El caso, que ha estremecido al país centroamericano, involucra fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales habrían sido utilizados para contratar servicios de comunicación y asesoría política a favor del Ejecutivo. La empresa contratada, RMC La Productora S.A., obtuvo el contrato por un valor de $405.000, con recursos no presupuestados directamente por el Estado costarricense, sino por un organismo internacional.
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Congreso de Costa Rica evaluará el fuero de Rodrigo Chaves
La Corte Plena acordó remitir el expediente a la Asamblea Legislativa costarricense, donde los diputados deberán votar si retiran el fuero presidencial a Chaves, paso obligatorio para que la Fiscalía General de la República pueda continuar con la investigación penal.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (c), en una imagen de archivo. EFE/ Marlon Pacheco
La acusación sostiene que el mandatario incurrió en concusión, un delito contra los deberes de la función pública, al supuestamente facilitar la adjudicación del contrato a una empresa vinculada a un círculo cercano de su equipo político. La Fiscalía considera que hubo manipulación directa en el proceso de contratación, redactado a medida para favorecer a RMC La Productora S.A.
La empresa es propiedad del comunicador Cristian Bulgarelli, quien admitió haber participado en la redacción de los términos de referencia en coordinación con personal del Ejecutivo. Según la acusación, esta acción fue inducida directamente desde Casa Presidencial.
Acusación de concusión pone presión sobre el Congreso de Costa Rica
En el expediente también se menciona al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien en el momento de los hechos era Jefe de Despacho del presidente Chaves. Además, se involucra a Federico Cruz, asesor político y amigo cercano del mandatario, quien habría recibido un pago indebido de $32.000 producto del contrato con el BCIE.
Aunque Cruz no es funcionario de los supremos poderes, enfrenta un proceso penal por separado. Mientras tanto, el Ministerio Público ofreció un criterio de oportunidad a Bulgarelli, suspendiendo su proceso penal a cambio de colaboración plena con la investigación.
Un hombre camina por una calle en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas
La Fiscalía detalló que, si dicha colaboración no resulta útil o eficaz, se reactivará la persecución penal en su contra. El testimonio de Bulgarelli será clave en el desarrollo del caso si el Congreso de Costa Rica decide levantar el fuero del presidente.
En paralelo, el BCIE sancionó a RMC La Productora y a Bulgarelli con un veto de siete años por prácticas de fraude y colusión. Según el organismo, hubo una elaboración irregular de los términos de contratación “en coordinación y acuerdo con una exfuncionaria del Ministerio de Comunicación”.
Congreso de Costa Rica afronta tensión política y mediática
El escándalo estalló en diciembre de 2023 tras una serie de reportajes publicados por el diario La Nación, que obtuvo audios de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro. Los audios revelaban conversaciones y directrices sobre cómo debía ser elaborado el contrato con RMC La Productora. Navarro dejó su cargo a los cuatro meses de iniciada la gestión de Chaves y argumentó que decidió grabar los audios “para dejar constancia de hechos que podrían ser ilegales o antiéticos”.
La exfuncionaria entregó el material al medio costarricense “para hacer lo correcto”, según declaró entonces. El Gobierno respondió con una denuncia penal contra Navarro y contra La Nación, alegando que la divulgación de los audios fue ilegal.
Por su parte, el Ejecutivo niega toda responsabilidad en los hechos y ha acusado a Navarro de ser la principal gestora del contrato. Rodrigo Chaves ha mantenido silencio público sobre el fondo de la acusación, aunque su equipo ha sugerido que todo responde a una “persecución política” en su contra.
La Asamblea Legislativa aún no ha fijado fecha para la votación. De aprobarse el retiro del fuero, Costa Rica sería uno de los pocos países de la región donde un presidente en funciones enfrenta una investigación penal activa por delitos vinculados a su gestión.