La administración Trump planea reducir las regulaciones para adquirir armas de fuego y recortar el presupuesto de la ATF. Expertos temen mayores riesgos de violencia.
El Gobierno del presidente Donald Trump está trabajando en una serie de reformas que buscan facilitar la compra legal de armas en Estados Unidos, lo que ha generado preocupación entre defensores del control de armas. Como parte de un plan más amplio para reducir el tamaño del gobierno federal, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) será una de las agencias más afectadas por recortes presupuestarios y administrativos.
El llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), creado durante el primer mandato de Trump, ha iniciado una revisión interna de la ATF con el objetivo de eliminar aproximadamente 540 puestos de inspección, lo que representa casi dos tercios de sus inspectores. Esta medida ha sido interpretada como un intento por debilitar la capacidad del gobierno para fiscalizar la posesión y venta de armas.
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Trump propone cambios para facilitar la compra legal de armas en Estados Unidos
Entre las reformas propuestas se encuentra la modificación de unas 50 normativas que rigen actualmente la adquisición de armas. Una de las más controversiales es la propuesta de eliminar la obligación de conservar permanentemente los archivos de quienes han adquirido armas. En su lugar, los registros podrían destruirse después de 20 años, dificultando así cualquier rastreo a largo plazo de armas utilizadas en delitos.
Fotografía de archivo de una tienda de armas en Estados Unidos. EFE/EPA/ Will Oliver
Además, el Gobierno busca duplicar el tiempo permitido para verificar los antecedentes de los compradores, pasando de 30 a 60 días. También planea reducir el formulario 4473, que deben llenar quienes desean comprar un arma, de siete páginas a solo tres. Este documento es clave para que la ATF evalúe la elegibilidad del comprador.
Pam Bondi, actual fiscal general, incluso ha sugerido fusionar la ATF con la Administración de Control de Drogas (DEA), alegando que ambas agencias podrían operar con mayor eficiencia si se integran. La propuesta ha sido recibida con escepticismo por parte de expertos y defensores de los derechos civiles, quienes consideran que mezclar funciones tan distintas podría generar más problemas que soluciones.
¿Qué implican los cambios en la compra legal de armas en Estados Unidos?
Estos planes no solo simplifican los procesos para quienes desean adquirir armas, sino que también reducen el poder fiscalizador del Estado. Organizaciones como Everytown for Gun Safety han advertido que estas medidas aumentan el riesgo de que personas con antecedentes peligrosos obtengan armas con mayor facilidad.
Fotografía de archivo de pistolas en una tienda de armas (EE.UU.). EFE/EPA/ Justin Lane
De acuerdo con datos recientes del Gun Violence Archive, en lo que va del año se han registrado más de 7,300 muertes relacionadas con armas de fuego y más de 13,000 personas han resultado heridas en Estados Unidos. En ese mismo período se han producido al menos 192 tiroteos masivos.
Entre las víctimas figuran más de 500 adolescentes y más de 1,400 jóvenes heridos por armas de fuego. Estas cifras han llevado a diversos sectores a cuestionar la urgencia de flexibilizar aún más el acceso a las armas, en lugar de fortalecer los controles existentes.
Por su parte, el Gobierno ha argumentado que la medida es parte de un plan para reducir la burocracia y aumentar la eficiencia en el uso de recursos públicos. La administración Trump ha propuesto una reducción del 25% en el presupuesto de la ATF para el próximo ejercicio fiscal, que inicia en octubre. Con ello se busca recortar gastos operativos y simplificar los procesos internos de la agencia.
La compra legal de armas en Estados Unidos se vuelve un eje político
La flexibilización en la compra legal de armas en Estados Unidos también se ha convertido en un punto clave en la campaña de reelección de Trump. El expresidente ha manifestado en múltiples eventos su compromiso con el derecho constitucional de portar armas y ha criticado las restricciones impuestas durante administraciones demócratas.
Los republicanos argumentan que las restricciones actuales son excesivas y penalizan a los ciudadanos responsables. En contraste, los demócratas y organizaciones civiles consideran que este tipo de reformas pueden debilitar los controles mínimos necesarios para garantizar la seguridad pública.
Aunque muchas de las propuestas aún deben pasar por procesos legislativos o administrativos adicionales, el simple hecho de que el Ejecutivo promueva estos cambios ya ha generado reacciones. El Congreso y diversos grupos ciudadanos anticipan una nueva ola de demandas legales si estas reformas se concretan.
Mientras tanto, la violencia armada continúa siendo una de las principales causas de muerte entre jóvenes en el país. Según un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el 2023 fue el tercer año consecutivo en que los homicidios por armas superaron a las muertes por accidentes de tránsito entre menores de 19 años.
La polémica está servida y la tensión en torno a las políticas de armas se intensificará en los próximos meses, especialmente conforme se acerquen las elecciones presidenciales de 2026.