Polémica en Texas: ¿Por cuál ley religiosa en escuelas demandan al estado?
Un grupo de familias presentó el 2 de julio de 2025 una demanda contra una ley de Texas que obliga a las escuelas públicas a exhibir los Diez Mandamientos en aulas a partir de septiembre. La acción legal, presentada en la corte de San Antonio, argumenta que la norma viola la libertad religiosa y discrimina a estudiantes no protestantes, afectando a los 5.5 millones de alumnos del estado, incluyendo el 53% de origen latino, según el Departamento de Educación de Texas.
Detalles de la demanda
La demanda, respaldada por la Unión Americana de Libertades Civiles, alega que la ley, aprobada en 2024, es inconstitucional por imponer un texto religioso protestante. Las familias sostienen que los carteles presionarán a los estudiantes a adoptar creencias específicas, violando la separación entre Iglesia y Estado establecida en la Primera Enmienda. Buscan una orden judicial para suspender la implementación de la ley mientras se resuelve el caso. En 2024, el 60% de los tejanos apoyaba la libertad religiosa en escuelas, según una encuesta de la Universidad de Texas.
Contexto de la ley
La legislación, impulsada por el senador republicano Phil King, obliga a las escuelas a colocar carteles de los Diez Mandamientos en cada aula, con multas de $10,000 por incumplimiento, según el proyecto de ley SB 1515. La norma sigue un currículo aprobado en noviembre de 2024 por la Junta Estatal de Educación, que incluye referencias bíblicas desde preescolar hasta quinto grado, pese a la oposición del 40% de los padres, según el Texas Tribune. La comunidad latina, que representa el 27% de la población estatal según el Censo de 2024, expresó preocupación por la exclusión de otras religiones.
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Impacto en la comunidad latina
La comunidad latina, que aporta $1.9 billones a la economía de Texas según Nielsen, teme que la ley marginalice a estudiantes católicos, musulmanes y de otras religiones. En Houston, donde el 45% de los estudiantes son latinos, 300 padres protestaron el 1 de julio, según Telemundo. LULAC organiza un foro el 10 de julio en Dallas para 500 asistentes sobre derechos religiosos. La arquidiócesis de San Antonio, que representa a 700,000 católicos latinos, criticó la ley por priorizar una interpretación protestante.
Precedentes nacionales
La ley de Texas se inspira en un fallo de la Corte Suprema de 2022 en el caso Kennedy v. Bremerton, que permitió una oración silenciosa de un entrenador escolar, flexibilizando la separación entre Iglesia y Estado. En Luisiana, una ley similar fue bloqueada en 2024 por un juez federal, y estados como Carolina del Sur y Utah enfrentan demandas por iniciativas parecidas. En 2023, el 30% de las escuelas públicas de EE.UU. reportaron conflictos por políticas religiosas, según el National Center for Education Statistics.
Respuesta política
El gobernador Greg Abbott defendió la ley como una defensa de “valores tradicionales”, según un comunicado del 1 de julio. Sin embargo, el senador demócrata Roland Gutierrez la calificó de “discriminatoria” y anunció una contrademanda. El presidente Donald Trump no ha comentado, pero su administración apoya políticas religiosas en escuelas, según un memorando del Departamento de Educación de 2024. La comunidad latina, con el 38% de los votantes en Texas según Pew Research, exige un enfoque inclusivo.
Implicaciones legales
La demanda podría escalar a la Corte Suprema, donde el 55% de los jueces son conservadores, según Reuters. En 2024, el 25% de las demandas por libertad religiosa en escuelas prosperaron, según el First Amendment Center. Una decisión preliminar se espera para agosto, antes del inicio escolar. La comunidad latina planea una marcha el 8 de julio en Austin, esperando 5,000 asistentes. Una cumbre sobre derechos religiosos está programada para el 15 de julio en Houston, con México como observador, según EFE.
Costos y críticas
La implementación de los carteles costará $20 millones, según el Departamento de Educación de Texas, afectando el presupuesto escolar en distritos con alta población latina como El Paso. Organizaciones como Texas Freedom Network advierten que la ley desvía fondos de la educación. En 2024, el 15% de los estudiantes latinos reportó sentirse discriminado por políticas escolares, según el Instituto Guttmacher, generando debate sobre equidad religiosa.