La reciente aprobación de la llamada “gran y hermosa” megaley fiscal y migratoria representa un giro radical en las políticas públicas de Estados Unidos. Aunque se ha presentado como una reforma económica, el paquete contiene disposiciones clave que financiarán de forma directa y masiva las deportaciones en EE.UU., consolidando así uno de los pilares fundamentales de la agenda de Donald Trump.
Tras la votación en el Senado, el principal asesor migratorio de la Casa Blanca, Stephen Miller, no ocultó su entusiasmo: “La agenda sobre la que hizo campaña el presidente Trump es ahora ley (…) La edad de oro está aquí”. El ambiente en el Capitolio fue de celebración para los republicanos, con aplausos y cánticos de “USA, USA” tras la aprobación de la norma.
Sin embargo, voces críticas, como la del gobernador de California, Gavin Newsom, advirtieron sobre el impacto social devastador. “Esta es la última traición”, afirmó, al referirse a los recortes que afectarán a millones de personas sin seguro de salud, sin acceso a alimentación escolar y sin asistencia nutricional.
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Deportaciones en EE.UU.: más fondos para ICE y centros de detención
Uno de los elementos centrales del nuevo paquete legislativo es la asignación de casi 80,000 millones de dólares al aparato migratorio, en particular al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esta inyección presupuestaria permitirá a la administración Trump escalar su política de deportaciones en EE.UU. de manera sin precedentes.
Fotografía de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, hablando con agentes de Inmigración y Aduanas en un operativo. EFE/ @Sec_Noem
El monto incluye recursos para ampliar los centros de detención de inmigrantes, tanto en capacidad como en número. También se financiará la contratación de miles de nuevos agentes de ICE que tendrán mayor presencia en comunidades locales, incluyendo zonas rurales que hasta ahora tenían menor cobertura migratoria.
Además, se contempla una partida específica para fortalecer los acuerdos de cooperación con departamentos de policía estatales y locales. Esto significa que, bajo el programa 287(g), más oficiales locales estarán autorizados para actuar como agentes migratorios, una medida que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos por el potencial incremento de perfiles raciales y abusos.
Deportaciones en EE.UU.: detenciones masivas como eje de campaña
A pesar de que Trump ha negado aspirar a convertirse en un «rey», sus declaraciones recientes dejan clara su intención de hacer del aparato de deportación un emblema de su gobierno. “No me siento rey. Tengo que pasar por un infierno para que me aprueben las cosas”, afirmó, en referencia a la compleja negociación legislativa que derivó en la aprobación de esta ley.
El presidente Donald Trump en Alligator Alcatraz. Foto: X/@WhiteHouse
Según analistas políticos, los recursos asignados para ejecutar deportaciones masivas no solo responden a un objetivo operativo, sino que también forman parte de la estrategia de campaña del presidente con miras a las elecciones de 2028. Al mostrar resultados inmediatos en materia de detenciones, redadas y expulsiones, Trump busca fortalecer su imagen entre su base electoral, especialmente en estados clave como Texas, Arizona y Georgia.
La narrativa oficial se ha centrado en vincular las deportaciones en EE.UU. con la seguridad nacional y la recuperación económica, aunque organizaciones como Human Rights Watch alertaron que este enfoque no solo aumenta la desigualdad, sino que “canaliza miles de millones de dólares del erario hacia políticas migratorias perjudiciales”.
Deportaciones en EE.UU.: consecuencias para comunidades inmigrantes
Los efectos de esta política no se harán esperar. Según estimaciones del Migration Policy Institute, la nueva ley podría aumentar en más de un 40 % el número de detenciones migratorias anuales, alcanzando cifras superiores a las registradas durante el primer mandato de Trump. Esto afectaría directamente a comunidades latinas y a otros grupos inmigrantes, muchos de los cuales ya viven bajo amenaza constante de redadas y separaciones familiares.
La expansión del aparato de deportaciones en EE.UU. también pone en riesgo a personas con procesos migratorios en curso, beneficiarios de TPS, e incluso a inmigrantes con décadas de residencia. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que, con los nuevos recursos, ICE podrá realizar más de 600,000 detenciones al año, casi el doble de su promedio actual.
En paralelo, organizaciones como ACLU, RAICES y United We Dream han anunciado una ola de resistencia y apoyo comunitario. Ya se han habilitado líneas de asistencia legal gratuita y redes de protección vecinal, mientras que centros de ayuda migratoria reportan un aumento en las consultas y solicitudes de asesoría.