Este martes 1 de julio, el Senado de los Estados Unidos aprobó una de las leyes más polémicas de los últimos años: la llamada “One Big Beautiful Bill”. Este extenso paquete legislativo impulsado por los republicanos contiene múltiples reformas económicas, entre ellas, un nuevo impuesto a las remesas que impactará directamente a quienes envían dinero al extranjero, una práctica habitual entre millones de inmigrantes en Estados Unidos.
La medida ha generado preocupación en comunidades latinas que acostumbran enviar dinero a sus familiares en países como México, Guatemala, El Salvador, Colombia o República Dominicana. Aunque la versión final aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes, el nuevo impuesto podría entrar en vigor el 31 de diciembre de 2025.
El impuesto a las remesas será del 1 %, pero podría cambiar
En su primera versión, la Cámara de Representantes había propuesto un impuesto del 5 % sobre cualquier transferencia de remesas al extranjero. Sin embargo, tras varias enmiendas y negociaciones internas, esta tarifa se redujo.
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Una persona pasa frente a una casa de cambio en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco
La versión aprobada por el Senado establece que el nuevo impuesto a las remesas será del 1 %. Esto significa que por cada 500 dólares enviados al extranjero, la persona pagará un recargo adicional de 5 dólares, sin contar las comisiones habituales de servicios como Western Union, MoneyGram o Remitly.
No obstante, como el texto debe regresar a la Cámara de Representantes, no se descarta que el porcentaje cambie. Algunos legisladores aún presionan para aumentar la tarifa o establecer excepciones que podrían afectar solo a inmigrantes indocumentados o, por el contrario, aplicar de forma general a todos los residentes del país, sin importar su estatus migratorio.
¿Quiénes estarían exentos del impuesto a las remesas?
La versión del Senado también incluye una lista de exenciones que podrían beneficiar a muchos remitentes. Según el texto aprobado, estarán exentas del impuesto a las remesas aquellas transferencias internacionales realizadas desde instituciones financieras estadounidenses, como bancos, cooperativas de crédito y casas de bolsa.
Fotografía de archivo de una persona frente a un establecimiento de envío de dinero, en Tijuana (México). EFE/ Joebeth Terríquez
Además, las transferencias realizadas con tarjetas de crédito o débito emitidas en Estados Unidos tampoco estarían sujetas a este cargo adicional.
Esto significa que el impuesto se enfocaría principalmente en remesas enviadas a través de casas especializadas, como Western Union o MoneyGram, que son ampliamente utilizadas por quienes no tienen acceso a cuentas bancarias o prefieren métodos rápidos y accesibles.
Por ahora, no está claro si esta exención se mantendrá en la versión final de la ley, ya que la Cámara de Representantes podría modificar esta sección al debatir el proyecto nuevamente.
¿Cuándo entrará en vigor el impuesto a las remesas?
Según el calendario legislativo, si la Cámara de Representantes aprueba la versión final del proyecto y el presidente Donald Trump lo promulga, el impuesto a las remesas entraría en vigor el 31 de diciembre de 2025.
Esto daría tiempo a las empresas de envío de dinero a adaptar sus sistemas, y a los usuarios a reorganizar sus finanzas. Sin embargo, activistas y organizaciones latinas ya han comenzado a manifestarse en contra de la medida, alertando que afectará desproporcionadamente a familias migrantes de bajos recursos.
Cabe recordar que Estados Unidos es el país que más dinero envía al extranjero en forma de remesas. Solo en 2023, según el Banco Mundial, se enviaron más de 155.000 millones de dólares desde EE. UU. hacia otros países. México fue el principal receptor, con más de 63.000 millones.
¿A qué se destinarán los fondos recaudados por el impuesto?
El proyecto “One Big Beautiful Bill” contempla que los recursos generados por el impuesto a las remesas se destinen principalmente a fortalecer la seguridad fronteriza. Entre los objetivos principales se encuentran:
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Financiar la contratación de más agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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Construir nuevas instalaciones de detención para inmigrantes indocumentados.
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Invertir en tecnología de vigilancia en la frontera sur.
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Contribuir al financiamiento del muro fronterizo.
Los críticos de la medida argumentan que este impuesto penaliza a quienes ya contribuyen a la economía estadounidense y utilizan su dinero para apoyar a sus familias fuera del país. Organizaciones como la Hispanic Federation y el National Immigration Law Center han expresado su rechazo al considerar la medida discriminatoria.
Mientras tanto, varios demócratas han anticipado que votarán en contra si la Cámara de Representantes intenta reintroducir una versión más agresiva del impuesto. En algunos estados con alta población migrante, como California, Texas y Florida, los legisladores locales también han comenzado a analizar medidas legales que podrían mitigar el impacto del impuesto.