¿Qué significa que EE.UU. militarice un tercio de la frontera?
La militarización de casi un tercio de la frontera entre Estados Unidos y México, que abarca más de 600 millas, marca un cambio sin precedentes en la política migratoria bajo la administración del presidente Donald Trump. Con señales naranjas en inglés y español que prohíben el acceso a tierras públicas en Nuevo México y Texas, el ejército estadounidense ha asumido un rol activo en la vigilancia fronteriza, amparado por una emergencia nacional declarada el 20 de enero de 2025. Esta medida, que afecta a comunidades latinas que representan el 38% de la población en los condados fronterizos según el Censo 2024, genera críticas por su impacto en derechos civiles y acceso a tierras públicas.
Expansión de zonas militarizadas
El Departamento de Defensa ha establecido cuatro Áreas de Defensa Nacional (NDA) desde abril, cubriendo 600 millas desde Fort Hancock, Texas, hasta Columbus, Nuevo México, y recientemente un tramo de 250 millas en el Valle del Río Grande, Texas, bajo la Fuerza Aérea, y otro de 140 millas en Yuma, Arizona, supervisado por la Marina. Estas zonas, gestionadas por bases como Fort Bliss y Joint Base San Antonio, permiten a 8,500 militares patrullar y detener temporalmente a migrantes por “invasión” hasta que llegan agentes de la Patrulla Fronteriza, según el Pentágono. Más de 1,400 migrantes enfrentan cargos por ingreso ilegal, con penas de hasta 18 meses de prisión.
Base legal y controversia
La militarización se basa en la emergencia nacional declarada por Trump, que elude la Ley Posse Comitatus de 1878, la cual prohíbe al ejército realizar tareas policiales en suelo estadounidense. Las NDA convierten tierras federales en extensiones de bases militares, otorgando a las tropas autoridad para detener a “invasores”. Sin embargo, defensores públicos federales en Las Cruces, Nuevo México, han impugnado estas zonas, calificándolas de “inéditas” y sin autorización del Congreso, según un caso pendiente tras el arresto de un migrante mexicano por invasión. La ACLU advierte que esta táctica podría expandirse, afectando derechos constitucionales.
Te Recomendamos
Impacto en comunidades locales
En condados como Luna, Nuevo México, donde el 60% de los residentes son latinos, la reacción es mixta. Rancheros como Russell Johnson apoyan las NDA, citando un aumento del 20% en cruces ilegales en 2024, según la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, residentes como Ray Trejo, de la Federación de Vida Silvestre, temen ser excluidos de tierras públicas para cazar o caminar, un derecho protegido por la Ley de Tierras Públicas. Abbey Carpenter, de un grupo de rescate de migrantes, reporta un aumento del 15% en muertes de migrantes en zonas restringidas desde abril, debido a la falta de acceso humanitario.
Operaciones militares y detenciones
Los militares, incluyendo 4,200 efectivos de la Guardia Nacional de Texas bajo Operation Lone Star, realizan patrullas conjuntas con la Patrulla Fronteriza y el ejército mexicano, con 3,500 operativos desde enero, según el Pentágono. Las NDA han llevado a 60 condenas por ingreso ilegal en Texas y Nuevo México, aunque algunos jueces han desestimado cargos por falta de notificación clara a migrantes. La comunidad latina, que aporta $250 mil millones a la economía de Texas, teme un impacto desproporcionado, con un 65% desaprobando la militarización, según Univisión.
Resistencia y desafíos legales
La ACLU y el Brennan Center for Justice han demandado al gobierno, argumentando que las NDA violan derechos de libre tránsito y acceso a tierras públicas. Una marcha el 12 de julio en El Paso espera reunir a 2,000 personas, según LULAC, exigiendo el fin de estas zonas. México, en una cumbre migratoria el 15 de julio en Washington, abordará el impacto en sus ciudadanos, que representan el 50% de los 19,663 deportados en 2025, según el DHS. Mientras, el Pentágono planea un presupuesto de $5 mil millones para sostener las operaciones, apostando por un proyecto de ley de Trump en el Congreso.
Preocupaciones humanitarias y económicas
Organizaciones humanitarias reportan que el acceso restringido ha limitado la ayuda a migrantes, con un aumento del 25% en emergencias médicas no atendidas en la frontera, según Médicos Sin Fronteras. Cazadores y excursionistas, junto con la comunidad latina, planean foros en Tucson y Brownsville el 10 de julio para exigir acceso a tierras públicas. La militarización, que ha reducido los cruces fronterizos un 30% en junio según la Patrulla Fronteriza, plantea preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en la frontera.