¿Por qué los republicanos cortaron fondos a Medicaid?
El 3 de julio de 2025, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un megaproyecto de ley que recorta $120 mil millones en fondos de Medicaid, afectando potencialmente a 10 millones de beneficiarios, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). La medida, parte del “Big Beautiful Bill” firmado por el presidente Donald Trump, busca reducir el déficit y eliminar supuestos fraudes, pero ha generado críticas de la comunidad latina, que representa el 18% de la población de EE.UU. según el Censo 2024, por agravar la desigualdad en el acceso a la salud.
Detalles de los recortes a Medicaid
El proyecto de ley introduce requisitos laborales para beneficiarios de 19 a 55 años, elimina exenciones de elegibilidad y cierra lagunas que, según los republicanos, permiten a estados y hospitales inflar fondos federales. Buddy Carter, representante de Georgia, afirmó que los recortes “salvan Medicaid para quienes realmente lo necesitan”. Sin embargo, la CBO estima que 4 millones de personas, incluyendo 1.2 millones de latinos, podrían perder cobertura en 2026. Medicaid, que atiende a 80 millones de estadounidenses, vio un aumento del 20% en inscripciones durante la administración Biden, según el CMS.
Justificación republicana
Los republicanos, liderados por el Caucus por la Libertad, argumentan que los recortes combaten el “despilfarro, fraude y abuso”. Brian Blase, del Paragon Health Institute, señaló que las políticas de Biden permitieron inscripciones de personas no elegibles, elevando el gasto de Medicaid a $600 mil millones en 2024. El Manhattan Institute respaldó la reforma, sugiriendo proteger el gasto en cuidados intensivos mientras se limitan expansiones discrecionales. La ley también responde a la necesidad de compensar $1.5 billones en recortes fiscales del megaproyecto, según el Comité Conjunto de Tributación.
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Impacto en la comunidad latina
La comunidad latina, que aporta $2.8 billones al PIB según Nielsen, enfrenta un impacto desproporcionado. En estados como Texas y California, donde los latinos son el 40% y 39% de la población, 3.5 millones dependen de Medicaid, según KFF. María López, de LULAC, advirtió que los requisitos laborales afectarán a trabajadores esenciales, como los 1.5 millones de latinos en agricultura, que carecen de horarios estables. Una encuesta de Univisión muestra que el 70% de los latinos considera los recortes una amenaza a su acceso a la salud.
Críticas y preocupaciones
Expertos como Jake Haselswerdt, de la Universidad de Missouri, señalan que los recortes reflejan una visión libertaria al estilo de Paul Ryan, no el populismo económico prometido por Trump. La ACLU y el Center for American Progress denuncian que los requisitos laborales aumentarán la burocracia, con un costo administrativo de $15 mil millones, según la CBO, y no garantizarán ahorros reales. En 2018, un intento similar en Arkansas dejó a 18,000 personas sin cobertura, según KFF, un precedente que preocupa a defensores de derechos humanos.
Contexto político y fiscal
Medicaid, a diferencia de Medicare y la Seguridad Social, fue un objetivo viable para los republicanos debido a su menor sensibilidad política, según Haselswerdt. Trump, quien prometió proteger Medicare en 2016, no vetó los recortes a Medicaid, que incluyen la eliminación de $20 mil millones en fondos para clínicas comunitarias, afectando a 2,000 centros que sirven a latinos, según el Urban Institute. La ley también refuerza la agenda migratoria de Trump, con 19,663 deportaciones en 2025, según el DHS, lo que limita el acceso a servicios médicos para indocumentados.
Resistencia y acciones legales
Planned Parenthood y la National Health Law Program planean demandar, argumentando que los recortes violan la Ley del Cuidado de Salud Asequible. Una marcha el 10 de julio en Los Ángeles espera reunir a 2,000 personas, según LULAC, exigiendo la restauración de fondos. México, en una cumbre el 15 de julio en Washington, abordará el impacto en su diáspora, que constituye el 50% de los deportados. Mientras, talleres en Miami y Houston educarán a 1,500 familias latinas sobre cómo navegar los nuevos requisitos, en un esfuerzo por mitigar el impacto de una política que ha polarizado aún más el debate sobre la salud en EE.UU.