Un juez federal bloqueó temporalmente la deportación de migrantes a Sudán del Sur, una acción que el gobierno del presidente Donald Trump había impulsado tras obtener el respaldo de la Corte Suprema. La decisión judicial, emitida en plena celebración del Día de la Independencia, reavivó el debate sobre las expulsiones a países considerados altamente peligrosos por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos.
La medida afecta a ocho inmigrantes, ninguno originario de Sudán del Sur, quienes habían sido trasladados previamente a la Base Naval de Estados Unidos en Yibuti, desde donde serían enviados al país africano. El juez de distrito Randolph Moss decidió suspender la expulsión y derivó el caso a otro magistrado con más experiencia en el proceso: el juez Brian Murphy, con sede en Boston.
Deportación de migrantes a Sudán del Sur fue detenida por segunda vez
La deportación de migrantes a Sudán del Sur había sido suspendida previamente por el juez Murphy, quien argumentó que ninguna persona podía ser enviada a un tercer país sin antes tener acceso a una audiencia judicial. Sin embargo, la Corte Suprema anuló esa decisión a finales de junio, permitiendo al gobierno retomar el procedimiento de expulsión.
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Un grupo de migrantes rescatados en el Mediterráneo central por el barco Astral de la ONG española Open Arms, son recibidos en el puerto italiano de Lampedusa. EFE/ Gonzalo Sánchez
El jueves por la noche, apenas unas horas después de esa decisión, los abogados de los migrantes presentaron una apelación de emergencia solicitando una nueva revisión judicial. Argumentaron que sus clientes no son ciudadanos sudaneses del sur y que enviarlos a ese país violaría normas internacionales de derechos humanos, al exponerlos a un conflicto armado.
Sudán del Sur se encuentra sumido en una guerra civil que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados internos. Las autoridades estadounidenses, en su sitio oficial de viajes, advierten a los ciudadanos que eviten toda visita a ese país y sugieren «hacer arreglos funerarios previos» en caso de ingresar.
A pesar de este contexto, el gobierno estadounidense insistió en proceder con la deportación de migrantes a Sudán del Sur, argumentando que las decisiones judiciales anteriores ya no eran válidas tras el fallo de la Corte Suprema.
El futuro del caso está ahora en manos de un juez en Boston
Tras una audiencia de emergencia el 4 de julio, el juez Moss consideró que el juez Brian Murphy era quien tenía mayor conocimiento del caso y decidió enviarle la responsabilidad de analizar los nuevos argumentos presentados por los abogados de los migrantes. No obstante, Moss también extendió brevemente la orden de no deportación, dejando abierta la posibilidad de una nueva intervención judicial.
Repatriados sursudaneses pasan junto a un cartel que anuncia el puerto fluvial de Renk, en la ciudad de Renk, en el estado del Alto Nilo, en Sudán del Sur. EFE/EPA/AMEL DOLOR
En su intervención, Moss destacó que los planteamientos legales sobre la deportación de migrantes a Sudán del Sur merecían una evaluación adicional. «Los inmigrantes tienen derecho a ser escuchados antes de ser trasladados a un país con un conflicto armado activo», mencionó durante la sesión vespertina.
Los abogados defensores insisten en que, además de no tener vínculos con Sudán del Sur, sus clientes podrían enfrentar riesgos graves para su seguridad si son enviados allí. Entre los afectados se encuentran personas originarias de México, Vietnam, Myanmar, Laos y otros países.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha evitado hacer comentarios sobre la situación, limitándose a señalar que están a la espera de la resolución del juez Murphy. Tampoco se ha confirmado si el intento de traslado se concretaría en los próximos días.
Preocupación entre organizaciones de derechos humanos
La deportación de migrantes a Sudán del Sur ha generado críticas por parte de organizaciones civiles y humanitarias. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han condenado cualquier intento de enviar personas a un país en guerra, especialmente si estas no cuentan con protección legal adecuada.
“No solo es una decisión legalmente cuestionable, sino también moralmente inaceptable”, señaló en un comunicado el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC). Según la organización, enviar personas a una zona de conflicto sin la garantía de un debido proceso vulnera principios básicos del derecho internacional y de la Constitución de Estados Unidos.
En paralelo, activistas en Boston han convocado movilizaciones para exigir la cancelación definitiva de la deportación de migrantes a Sudán del Sur, solicitando además que se revise el estatus migratorio de los afectados para buscar alternativas humanitarias.
Hasta el momento, no se ha confirmado si el juez Murphy tomará una decisión en el fin de semana largo, aunque se espera que la situación se resuelva con rapidez, dado el alto riesgo que implica una deportación a un país en guerra.