¿Vives en Virginia? Así crecen los arrestos de inmigrantes
Los arrestos de inmigrantes en Virginia han aumentado un 350% en 2025 bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump, según el Deportation Data Project, posicionando al estado entre los cinco con mayor actividad de ICE a nivel nacional. Con más de un millón de inmigrantes, muchos de origen latino, Virginia enfrenta una intensificación de operativos que afecta a comunidades que aportan $30 mil millones al PIB estatal, según el Instituto Económico del Área de la Bahía. Las tácticas agresivas y la colaboración estatal-federal generan controversia y temor.
Cifras récord de arrestos
Desde enero hasta junio de 2025, ICE arrestó a casi 3,000 personas en Virginia, un aumento drástico frente a los 600 de 2024, según datos federales. En marzo, 2,000 inmigrantes recibieron órdenes de deportación, 300 en el área de Richmond, según el Transactional Records Access Clearinghouse. Fairfax County, con 504 detenciones, lidera los arrestos, seguido por Chesterfield y Henrico. Aunque Virginia tiene una población inmigrante menor que California o Texas, su incremento en arrestos supera a estos estados, donde ICE detuvo 20,000 y 11,000 personas, respectivamente.
Apoyo estatal a la política de Trump
El gobernador Glenn Youngkin, a través de la Orden Ejecutiva 47 emitida en febrero de 2025, ordenó a la Policía Estatal de Virginia y al Departamento de Correcciones firmar acuerdos 287(g) con ICE, permitiendo a agentes locales realizar detenciones migratorias. Youngkin anunció el 2 de julio que el Virginia Homeland Security Task Force arrestó a 2,500 inmigrantes, 132 ligados a pandillas como MS-13, según un comunicado oficial. “Virginia es más segura al sacar a criminales peligrosos”, afirmó, alineándose con la meta de Trump de 3,000 arrestos diarios.
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Impacto en la comunidad latina
La comunidad latina, que constituye el 10% de los 8.7 millones de habitantes de Virginia según el Censo 2024, enfrenta miedo generalizado. En Fairfax, donde los latinos son el 17% de la población, los arrestos en tribunales han generado protestas. “Las familias temen acudir a citas judiciales”, dijo María López de LULAC, que representa a 1.5 millones de latinos. El 60% de los latinos en Virginia desaprueba estas políticas, según Univisión, mientras el comercio en barrios hispanos cayó un 20% por temor a redadas, según la Cámara de Comercio Latina.
Arrestos en tribunales
ICE ha intensificado operativos en tribunales, arrestando a 14 personas en Chesterfield en junio, según el sheriff local. En Fairfax y Loudoun, agentes detuvieron a inmigrantes tras audiencias, incluso por cargos menores como infracciones de tránsito, según la ACLU de Virginia. “Esto intimida a víctimas y testigos, afectando la justicia”, dijo Mary Bauer, directora de la ACLU. Una ley estatal de 2025 prohíbe compartir datos de matrículas con ICE, pero la colaboración local persiste en 19 condados, según el Immigrant Legal Resource Center.
Críticas y resistencia
El senador Tim Kaine criticó las tácticas de ICE como “excesivas” y sin debido proceso, mientras el Richmond City School Board declaró las escuelas “zonas seguras” para estudiantes inmigrantes. La ACLU y otras organizaciones preparan demandas, argumentando que los arrestos violan la Cuarta Enmienda. México, en una cumbre el 15 de julio en Washington, abordará el impacto en su diáspora, que representa el 50% de los 19,663 deportados en 2025, según el DHS. LULAC planea un foro el 10 de julio en Fairfax para 1,000 familias, exigiendo transparencia.
Consecuencias económicas y sociales
Las deportaciones amenazan la economía de Virginia, donde los inmigrantes aportan $2 mil millones en impuestos, según el Commonwealth Institute. Freddy Mejia, del Instituto, advirtió que las redadas reducen empleos para todos, no solo inmigrantes. En Northern Virginia, los arrestos en tribunales han disminuido la asistencia a citas legales en un 15%, según datos locales. Mientras Youngkin defiende la seguridad pública, los críticos argumentan que estas políticas erosionan la confianza en la policía y afectan la cohesión comunitaria, con el 55% de los virginianos pidiendo reformas, según YouGov.