¿La nueva ley de Trump pone en riesgo la economía de los estados?
La reciente ley fiscal y de gasto firmada por el presidente Donald Trump el 4 de julio de 2025, conocida como la «Gran y Hermosa Ley», está generando preocupación en los gobiernos estatales de EE.UU. Con recortes de $900 mil millones a programas como Medicaid y SNAP, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los estados enfrentan una carga financiera sin precedentes. La comunidad latina, que aporta $2.8 billones al PIB nacional según Nielsen, teme el impacto en servicios esenciales, mientras gobernadores advierten sobre déficits y recesión.
Impacto en los presupuestos estatales
La nueva legislación traslada a los estados la responsabilidad de financiar programas de salud y asistencia alimentaria, previamente respaldados por fondos federales. Illinois, bajo el gobernador JB Pritzker, planea una sesión especial para abordar un déficit proyectado de $100 millones, según el Departamento de Presupuesto estatal. Arizona, liderada por la gobernadora Katie Hobbs, enfrenta un panorama sombrío, con un fondo de emergencia de $1,600 millones insuficiente para cubrir los recortes. “No tenemos dinero para compensar esto”, dijo Hobbs en un comunicado el 3 de julio.
Recortes a programas sociales
La ley reduce el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en un 20%, afectando a 40 millones de beneficiarios, incluyendo 15 millones de latinos, según el USDA. Medicaid, que cubre a 80 millones de personas, perderá $764 mil millones en una década, dejando a 12 millones sin cobertura, estima la Oficina de Presupuesto del Congreso. Los nuevos requisitos laborales para acceder a estos beneficios complican la administración estatal, especialmente en estados como Kansas, donde la gobernadora Laura Kelly lamentó: “Esto socava años de trabajo por la equidad”.
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Reacciones de gobernadores
Gobernadores demócratas y republicanos expresan alarma. En California, con un 39% de población latina, el gobernador Gavin Newsom advirtió que los recortes podrían costar $50 mil millones al PIB estatal, según el Urban Institute. En Texas, el gobernador Greg Abbott, aunque aliado de Trump, reconoció tensiones por la falta de fondos para hospitales rurales. LULAC, representando a 1.5 millones de latinos, planea un foro el 10 de julio en Los Ángeles para exigir soluciones, con 1,000 asistentes esperados.
Consecuencias económicas
El impacto económico es inminente. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que la ley añadirá $3.3 billones al déficit federal en 10 años, elevando la deuda pública al 200% del PIB para 2055, un nivel solo superado por Japón y Sudán, según el Yale Budget Lab. En estados como Virginia, donde los inmigrantes aportan $2 mil millones en impuestos según el Commonwealth Institute, los recortes podrían reducir el empleo público, que creció un 2% en junio de 2025, según el Bureau of Labor Statistics.
Presión sobre la comunidad latina
La comunidad latina, que constituye el 18% de la población de EE.UU. según el Censo 2024, enfrenta riesgos desproporcionados. En estados como Arizona y Texas, donde los latinos son el 32% y 40% de la población, la pérdida de Medicaid y SNAP podría aumentar la pobreza en un 5%, según el Peterson Institute. “Estos recortes afectan a los más vulnerables”, dijo María López de LULAC. El 60% de los latinos desaprueba la ley, según una encuesta de Univisión, temiendo un alza en los costos de vida.
Desafíos legales y políticos
La ley enfrenta oposición legal. La ACLU y el Centro Nacional de Derecho de Inmigración planean demandas, argumentando que los recortes violan derechos constitucionales. En el Senado, la aprobación requirió el voto de desempate del vicepresidente JD Vance, con senadores como Lisa Murkowski de Alaska negociando excepciones para sus estados. México, en una cumbre el 15 de julio en Washington, abordará el impacto en su diáspora, que representa el 50% de los 19,663 deportados en 2025, según el DHS. La incertidumbre económica y social crece mientras los estados buscan mitigar las consecuencias de esta legislación.