Adiós al TPS: así afecta a nicaragüenses y hondureños
La administración del presidente Donald Trump anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses, cuya designación expiró el 5 de julio de 2025. Esta decisión, publicada en el Registro Federal, deja a miles de inmigrantes centroamericanos en riesgo de deportación y sin autorización de trabajo, marcando el fin de un programa que les permitió vivir legalmente en Estados Unidos desde 1999 tras el huracán Mitch. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la medida citando mejoras en las condiciones de ambos países.
Fin del TPS y período de transición
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó que las condiciones que justificaron el TPS para Honduras y Nicaragua tras el huracán Mitch ya no existen. Los documentos oficiales, emitidos el 8 de julio, indican que los permisos de trabajo (EAD) de los beneficiarios seguirán siendo válidos por un período de transición de 60 días, hasta el 5 de septiembre de 2025. Después de esa fecha, los afectados deberán buscar otras vías legales para permanecer en el país o enfrentarán el riesgo de deportación. La decisión afecta a comunidades establecidas en estados como Florida, Texas y California, donde muchos han construido vidas durante más de dos décadas.
Justificación de la administración Trump
Kristi Noem, secretaria del DHS, señaló que Honduras y Nicaragua han avanzado significativamente en infraestructura y capacidad para recibir a sus ciudadanos deportados desde el desastre de 1998. En el caso de Honduras, se destacó el programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa”, que ofrece apoyo financiero, alimentos y empleo a los retornados. Noem enfatizó en una entrevista con Fox News Digital que el TPS fue diseñado como una medida temporal y que ambos países son ahora “aliados fuertes” capaces de manejar el retorno de sus nacionales. Esta postura refuerza la política migratoria de línea dura de Trump, enfocada en reducir programas de protección temporal.
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Impacto en las comunidades inmigrantes
La terminación del TPS afecta a miles de familias que han vivido legalmente en Estados Unidos desde finales de los 90. Muchos beneficiarios, como los aproximadamente 2,500 hondureños en Massachusetts, enfrentan incertidumbre sobre su futuro. Organizaciones como el Comité TPS de Massachusetts y el Colectivo Nicaragua Nunca Más han denunciado que la decisión podría separar familias y desestabilizar comunidades. En ciudades como Miami y Los Ángeles, los inmigrantes centroamericanos han contribuido significativamente a la economía local, trabajando en sectores como la construcción, la hostelería y el cuidado de personas.
Reacciones y críticas a la decisión
Líderes comunitarios y legisladores han expresado su preocupación. La senadora demócrata Catherine Cortez Masto de Nevada calificó la medida como “devastadora” para familias que han contribuido al país durante décadas. “Enviarlos de vuelta a situaciones de inestabilidad no hará a Estados Unidos más seguro”, afirmó. Activistas han instado a los afectados a consultar con abogados de inmigración para explorar opciones como asilo, visas familiares o residencia permanente, aunque estas alternativas son limitadas para quienes ingresaron sin autorización inicial. La decisión también ha reavivado demandas para una reforma migratoria integral.
Antecedentes y contexto legal
El TPS para Honduras y Nicaragua fue establecido en 1999 tras el huracán Mitch, que dejó miles de muertos y devastación en Centroamérica. En 2018, la administración Trump intentó terminar el programa, pero litigios, como el caso Ramos v. Nielsen, mantuvieron las protecciones vigentes. En junio de 2023, el DHS bajo la administración Biden extendió el TPS hasta julio de 2025. La decisión actual revierte esa extensión, alineándose con la postura de Trump de limitar el programa. La terminación también sigue la reciente cancelación del TPS para otros países, como Venezuela y Haití, reflejando un cambio hacia políticas migratorias más estrictas.
Opciones para los afectados
Los beneficiarios del TPS tienen hasta el 5 de septiembre para reorganizar sus asuntos o buscar alternativas legales. Organizaciones como el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes recomiendan contactar a abogados para evaluar opciones como el ajuste de estatus a través de familiares ciudadanos o solicitudes de asilo, aunque estas requieren cumplir criterios estrictos. Mientras tanto, las comunidades centroamericanas en Estados Unidos se están organizando para brindar apoyo y talleres de “conoce tus derechos” ante el temor a redadas de ICE.