Siete beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Alianza Nacional del TPS han presentado una demanda contra la Administración Trump en un intento por frenar la eliminación de esta protección migratoria para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal. La acción legal fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito del Norte de California y busca evitar que unas 80,000 personas pierdan el amparo legal que les ha permitido residir y trabajar en Estados Unidos durante décadas.
La eliminación del TPS, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional el pasado 8 de julio, ha generado una oleada de rechazo entre comunidades inmigrantes, activistas y organizaciones de derechos humanos. Los demandantes alegan que la decisión de la Casa Blanca es “ilegal”, “arbitraria” y motivada por razones políticas más que por una evaluación objetiva de las condiciones actuales en los países afectados.
Fin del TPS para hondureños y nicaragüenses: una decisión controvertida
La cancelación del TPS para ciudadanos de Honduras y Nicaragua representa el fin de una protección que ha estado vigente desde 1999, tras la devastación causada por el huracán Mitch en 1998. Desde entonces, miles de centroamericanos han vivido bajo este estatus temporal, renovado periódicamente por distintas administraciones.
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Fotografía de archivo de varias personas deportadas desde EE.UU. en enero de 2025, en San Pedro Sula (Honduras). EFE/ José Valle
Con la decisión de no renovar el TPS —cuyo último período venció el 5 de julio— los beneficiarios quedarían expuestos a la deportación a partir del 8 de septiembre, una vez transcurrido el plazo de 60 días de “transición” dispuesto por el gobierno.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, sostuvo en documentos oficiales que “las condiciones que justificaban la protección, como el desastre ambiental ocasionado por Mitch, ya no existen”. También argumentó que ambos países han demostrado avances en infraestructura y cooperación con el retorno de ciudadanos deportados.
Sin embargo, los demandantes rechazan esa justificación. Señalan que la decisión fue tomada sin considerar la inestabilidad política, la violencia estructural, la crisis de derechos humanos en Nicaragua y los altos niveles de pobreza en Honduras.
Demandan a Trump por el fin del TPS: daños irreparables y separación familiar
La demanda presentada subraya los impactos devastadores que tendría el fin del TPS. Según el texto legal, los beneficiarios “enfrentan daños irreparables” que van desde la pérdida de la autorización de empleo hasta la separación de sus familias. Muchos tienen hijos nacidos en Estados Unidos y llevan más de 20 años en el país.
Fotografía de archivo de inmigrantes de Centroamérica que piden un programa TPS en EE.UU. para evitar su deportación. EFE/Alejandra Arredondo
“Estoy devastado por la despiadada decisión de terminar el TPS para Honduras. Trabajo en un hospital, cuido a pacientes con problemas cardíacos. He hecho todo bien”, declaró Jhony Silva, un hondureño de 29 años y uno de los demandantes, que ha vivido en Estados Unidos desde los tres años.
Organizaciones como el Center for Immigration Law & Policy (CILP) de UCLA, que representa a los demandantes, afirman que las personas afectadas “no pueden regresar de forma segura a sus países de origen, dejando a sus familias y comunidades”.
Ahilan Arulanantham, codirector del CILP, señaló en un comunicado que la medida “los despoja del derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos”.
Fin del TPS: antecedentes y reacción de la comunidad
No es la primera vez que el presidente Donald Trump busca eliminar el TPS para ciudadanos centroamericanos. En 2018 ya se anunció la terminación del programa, aunque una serie de litigios impidieron que se concretara.
La nueva acción legal intenta frenar esta segunda ofensiva. La Alianza Nacional del TPS, una organización que representa a más de 300 hondureños, 25 nicaragüenses y 900 nepalíes, está al frente del proceso judicial. Su coordinador, José Palma, aseguró que seguirán luchando “en los tribunales y en las calles” para proteger a quienes dependen del TPS.
“Un ataque contra un país designado para el TPS es un ataque contra todos nosotros”, afirmó Palma. También criticó que la decisión de la Casa Blanca ignora el éxodo masivo de nicaragüenses desde 2018, que supera las 800,000 personas según cifras del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
En enero, la Administración también revocó el TPS para ciudadanos de Nepal, quienes habían recibido la protección tras el terremoto de 2015. Ahora, los nepalíes también forman parte de la demanda.
En medio del temor creciente, expertos legales recomiendan que los beneficiarios del TPS consulten con abogados de inmigración para explorar opciones como peticiones familiares, asilo o visas humanitarias.
En declaraciones recientes, Pamela Hemphill, activista proinmigrante, calificó el fin del TPS como “una sentencia de exilio para miles de personas que han construido su vida aquí”.
Mientras tanto, los sectores más conservadores del Congreso respaldan la medida como parte de una política migratoria más estricta. Argumentan que el programa se ha “extendido indefinidamente” y que perdió su carácter temporal.
La presión ahora recae en el sistema judicial federal. Un fallo a favor de los demandantes podría frenar la eliminación del programa, pero si el tribunal no emite una suspensión, el TPS finalizará oficialmente el 8 de septiembre, dejando a miles de familias latinas en una situación de incertidumbre migratoria.