Una jueza federal en Massachusetts bloqueó temporalmente una de las disposiciones más polémicas del nuevo paquete legislativo firmado por el presidente Donald Trump, que buscaba eliminar la financiación de Medicaid a organizaciones como Planned Parenthood. El fallo, emitido por la jueza Indira Talwani, representa una victoria momentánea para los defensores de los derechos reproductivos y frena, al menos por 14 días, el intento del gobierno de recortar los fondos a uno de los principales proveedores de servicios de salud para mujeres en Estados Unidos.
El fallo es el más reciente episodio del largo historial de enfrentamientos entre la administración Trump y Planned Parenthood, una organización que, aunque ofrece servicios de aborto, también proporciona atención médica básica, exámenes preventivos, pruebas de infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos a millones de personas, especialmente en comunidades de bajos ingresos.
Planned Parenthood, en la mira del gobierno de Trump
El intento de recorte de fondos surgió como parte de la ley “One Big Beautiful Bill Act”, firmada por Trump la semana pasada, que contiene una cláusula destinada a impedir que grupos “principalmente dedicados a la planificación familiar” reciban fondos públicos si ofrecen servicios relacionados con el aborto. Aunque la ley no menciona a Planned Parenthood de manera explícita, la organización afirma que el lenguaje está claramente dirigido contra sus clínicas.
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Fotografía de archivo que muestra a un grupo de personas con mensaje a favor del aborto en el campus de la Universidad Internacional de Florida, en Miami (EE.UU.). EFE/ Cristóbal Herrera
Según la demanda presentada, más del 50% de los pacientes de Planned Parenthood dependen de Medicaid. Si los fondos se eliminan, se verían obligadas a cerrar numerosas clínicas, muchas de ellas en zonas rurales o con escaso acceso a servicios de salud. “Este ataque a Planned Parenthood es un intento descarado de aprovechar el poder del gobierno federal para castigar políticamente a quienes defienden el derecho a decidir”, sostuvo la organización en un comunicado.
Impacto de la ley en pacientes y clínicas de Planned Parenthood
De aplicarse plenamente, la nueva ley cortaría el acceso a atención médica vital para miles de personas. Aunque los fondos federales de Medicaid no pueden utilizarse legalmente para cubrir abortos —salvo en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre—, sí financian otros servicios que presta Planned Parenthood, como mamografías, pruebas de VIH, exámenes de Papanicolaou y orientación sobre salud sexual.
Manifestastes en contra de las políticas de quitar fondos a mayor red de salud reproductiva del país. Foto: EFE
Planned Parenthood advirtió que la medida obligaría a reducir personal, recortar horarios de atención y, en muchos casos, cerrar clínicas completas, dejando a comunidades enteras sin proveedores alternativos. En estados como Utah y Massachusetts, las filiales de la organización ya reportan incertidumbre entre pacientes y profesionales de la salud.
Además, subrayan que la ley afecta de forma desproporcionada a mujeres latinas y afroamericanas, que enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de salud. En zonas rurales, donde Planned Parenthood es a veces el único proveedor, la eliminación de fondos públicos podría tener consecuencias devastadoras.
La jueza frena intento de cortar fondos mientras avanza el litigio
La jueza Talwani resolvió que la disposición debe ser suspendida mientras se evalúa la demanda, lo que obliga al Departamento de Salud y Servicios Humanos a continuar con el desembolso de fondos a Planned Parenthood. La decisión no aplica, por ahora, a otros proveedores de atención médica.
La jueza argumentó que los efectos de la ley podrían ser “irreparables” para las pacientes, y que el proceso legislativo no ofreció justificación suficiente para la exclusión de Planned Parenthood del programa Medicaid. La medida estará congelada por 14 días, aunque podría extenderse si la corte encuentra méritos adicionales en la demanda.
La organización también ha denunciado que la ley contradice precedentes judiciales recientes. En junio, la Corte Suprema dictaminó que Carolina del Sur podía excluir a Planned Parenthood del Medicaid estatal. Sin embargo, ese fallo se centraba en cuestiones de procedimiento y no abordó directamente la constitucionalidad de excluir a proveedores de salud por ofrecer abortos.
En respuesta a la decisión judicial, la Casa Blanca reiteró su postura de que los contribuyentes no deben financiar abortos, incluso indirectamente. “La administración Trump está defendiendo el derecho de los estadounidenses a no financiar la industria del aborto”, declaró un vocero oficial. Por su parte, grupos antiaborto como Susan B. Anthony Pro-Life America calificaron la demanda como “desesperada” y acusaron a Planned Parenthood de politizar la justicia.
Planned Parenthood: una red nacional de atención primaria
Con más de 600 centros en todo Estados Unidos, Planned Parenthood brinda servicios médicos esenciales a más de 2.4 millones de personas al año. Aunque sólo alrededor del 3% de sus actividades están relacionadas con abortos, la organización ha sido blanco constante de ataques legislativos por parte de sectores conservadores.
Los defensores del derecho al aborto temen que, si se permite cortar la financiación de Medicaid, se abra la puerta a nuevas restricciones en programas como Medicare, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) o incluso a nivel estatal.
“Este es un paso más en una estrategia sistemática para desmantelar la salud reproductiva en Estados Unidos”, afirmó Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Federation of America. “Pero no nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando en los tribunales, en el Congreso y en las urnas”.
El caso continuará avanzando en los próximos días, y se espera que el gobierno apele la decisión si la suspensión se convierte en una orden judicial permanente