Así podrá Trump despedir a miles de empleados públicos
El presidente Donald Trump obtuvo un respaldo crucial del Tribunal Supremo de Estados Unidos el 8 de julio de 2025, al levantarse una restricción que impedía despidos masivos en el gobierno federal. La decisión permite avanzar con una orden ejecutiva firmada en febrero, que busca reducir significativamente la burocracia, alineándose con una promesa de campaña para recortar el gasto público. Sin embargo, el fallo deja espacio para impugnaciones futuras, generando incertidumbre entre los 2.2 millones de empleados federales que podrían ser afectados.
Fallo del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo, en un fallo de 6-3, anuló una orden de un tribunal federal de California del 22 de mayo que bloqueaba los despidos colectivos. La decisión, redactada por el juez Brett Kavanaugh, aclaró que no se pronuncia sobre la legalidad de planes específicos de reducción de personal (RIF) de las agencias, pero elimina obstáculos inmediatos para la orden ejecutiva de Trump. “Las agencias deben prepararse para implementar los recortes”, afirmó el tribunal, aunque permitió que sindicatos y empleados puedan desafiar planes individuales en el futuro. La Casa Blanca celebró el fallo como un paso hacia una “gobierno más eficiente”.
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Contexto de la orden ejecutiva
La orden ejecutiva, firmada el 14 de febrero de 2025, autoriza a las agencias federales a clasificar hasta el 60% de sus empleados como “de voluntad”, facilitando su despido sin procedimientos prolongados. Apodada “Schedule F” por su predecesora de 2020, la medida apunta a eliminar posiciones consideradas redundantes o contrarias a las prioridades de Trump, como el cambio climático o la diversidad. El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk hasta mayo, identificó 50,000 puestos para eliminar en 2025, principalmente en los departamentos de Educación, Energía y Salud, según un informe interno.
Reacciones de los sindicatos
Más de 15 sindicatos, incluyendo la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), presentaron una demanda en marzo para bloquear la orden, argumentando que viola protecciones laborales de la Ley del Servicio Civil de 1978. La presidenta de la AFGE, Kelley Everett, calificó el fallo como “un ataque a los derechos de los trabajadores”. Los sindicatos estiman que 300,000 empleados podrían perder sus empleos en los próximos 18 meses, afectando servicios como la atención médica de veteranos y la seguridad alimentaria. En respuesta, planean nuevas demandas contra planes específicos de las agencias, como los 12,000 despidos propuestos por el Departamento de Transporte.
Impacto en la burocracia federal
La orden ejecutiva afecta a agencias con presupuestos combinados de $600 mil millones anuales. El Departamento de Defensa, con 800,000 civiles, y el Servicio Postal, con 600,000 empleados, son los más expuestos. En 2024, el gobierno federal gastó $450 mil millones en salarios, y Trump argumenta que los recortes ahorrarán $100 mil millones al año. Sin embargo, un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que los despidos podrían costar $20 mil millones en indemnizaciones y aumentar el desempleo en un 0.3%. En Texas, donde 150,000 federales trabajan, las inundaciones recientes han resaltado la importancia de estos empleados en la respuesta a desastres.
Críticas y defensa de la medida
La senadora Elizabeth Warren criticó la decisión, afirmando que “desmantela la experiencia técnica del gobierno”. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, defendió los recortes, asegurando que “eliminan ineficiencias y cumplen el mandato de los votantes del 2024”. La administración Trump, que redujo 10,000 empleos en su primer trimestre, enfrenta presión para equilibrar la austeridad con la continuidad de servicios esenciales. Mientras, la líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, advirtió que los despidos podrían afectar desproporcionadamente a comunidades minoritarias, que representan el 28% de la fuerza laboral federal. A medida que las agencias presentan sus planes de reestructuración antes del 31 de agosto, la batalla legal y política por el futuro de la burocracia promete intensificarse.