Perú: Policías son investigados por abusos en protestas
La Fiscalía de Perú anunció el 8 de julio de 2025 una investigación contra 10 altos cargos de la Policía Nacional (PNP) por presuntas torturas agravadas contra 24 civiles durante las protestas antigubernamentales de 2023 en Apurímac. Estas manifestaciones, que dejaron 50 muertos y 1,400 heridos a nivel nacional, han sido calificadas por Amnistía Internacional como uno de los peores episodios de violaciones a derechos humanos en la historia reciente del país. La investigación apunta a abusos sistemáticos bajo el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en un contexto de creciente inseguridad y críticas al manejo estatal.
Investigación por torturas
El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP) formalizó la investigación contra figuras clave como el excomandante general de la PNP, Jorge Angulo, y el jefe regional en Apurímac, Jesús Flores Solís. Según la fiscal Elizabeth Quispe, los agentes cometieron actos de violencia física y psicológica, incluyendo atar a manifestantes durante horas el 9 de febrero de 2023. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reportó que, de los 61 fallecidos en las protestas de 2022-2023, 47 murieron por disparos de armas de fuego, evidenciando un uso excesivo de la fuerza.
Contexto de las protestas
Las protestas, que se extendieron de diciembre de 2022 a marzo de 2023, surgieron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Boluarte. En regiones como Apurímac, Puno y Ayacucho, los manifestantes, en su mayoría indígenas y campesinos, exigían la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones. Las autopsias confirmaron que 49 de los 50 civiles fallecidos murieron por represión policial o militar, con casos como el de Beckham Quispe, de 18 años, alcanzado por un proyectil en Apurímac. Informes de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron el uso indiscriminado de armas letales y torturas.
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Acusaciones contra Boluarte
En mayo de 2025, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra Boluarte y seis exministros por presuntos delitos de lesiones graves y leves contra manifestantes, incluyendo a dos víctimas específicas en las marchas. Aunque el Congreso archivó en junio tres denuncias contra Boluarte por homicidio, las investigaciones sobre su posible responsabilidad penal continúan, según Amnistía Internacional. La presidenta ha relacionado la inseguridad con la migración, justificando medidas como estados de emergencia y despliegues militares, pero estas han sido criticadas como ineficaces por Human Rights Watch.
Reacciones y demandas de justicia
Organizaciones como la FLIC han exigido justicia para las víctimas, destacando casos como el de Jhon Mendoza, asesinado en 2023 mientras protegía a su hermana. Dos familiares de víctimas viajarán a Europa en julio de 2025, con apoyo de Amnistía, para reunirse con líderes internacionales y denunciar la impunidad. La fiscalía también investiga a los jefes de la División de Orden Público de Abancay, acusados de torturar a 24 personas. La Defensoría del Pueblo reportó 1,400 heridos en las protestas, muchas por perdigones y gases lacrimógenos, lo que ha avivado la indignación pública.
Desafíos legislativos y sociales
El Congreso peruano, señalado por Human Rights Watch por debilitar el marco legal contra el crimen organizado, ha sido acusado de obstruir investigaciones. En 2024, los homicidios en Perú aumentaron un 137% desde 2018, alcanzando 2,546 casos, según la PNP. La declaración de estados de emergencia en Lima y otras regiones, con despliegues militares, no ha reducido la violencia, según expertos. Mientras, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha denunciado intentos de obstrucción en casos relacionados con Boluarte, como las indagaciones sobre sus cirugías estéticas en 2023. Las protestas del 17 de julio podrían intensificar las demandas de accountability en un país marcado por la inestabilidad política.