La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este miércoles 9 de julio una orden que mantiene suspendida temporalmente la aplicación de la ley SB 4-C, una de las normativas más polémicas en Florida por criminalizar a los inmigrantes indocumentados que ingresen al estado. La medida, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, había sido detenida previamente por un tribunal federal que la calificó como “probablemente inconstitucional”.
En una breve resolución sin comentarios adicionales, el máximo tribunal del país negó la solicitud del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien buscaba levantar el bloqueo dictado por la jueza federal Kathleen M. Williams del Distrito Sur de Florida. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley, pero su negativa mantiene, por el momento, el freno legal a la implementación de la SB 4-C.
Corte frena ley SB 4-C que criminaliza a los indocumentados en Florida
La ley SB 4-C, aprobada en febrero de 2025 por el Congreso estatal de Florida, convierte en delito estatal el ingreso al territorio de personas sin estatus migratorio regular, incluso si ya habían iniciado procesos de regularización. Según el texto, cualquier inmigrante indocumentado que se traslade a Florida desde otro estado puede ser detenido por autoridades locales y encarcelado.
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Fotografía de archivo aérea donde se observa a migrantes que hacen fila en el muro fronterizo para intentar cruzar hacia EE.UU., en ciudad Juárez Chihuahua (México). EFE/Luis Torres
Este componente fue particularmente polémico, ya que otorga a los cuerpos policiales estatales y locales la potestad de realizar arrestos bajo criterios migratorios, algo que históricamente ha sido competencia exclusiva del Gobierno federal.
La jueza Williams concedió una orden judicial preliminar al argumentar que “es probable que esta legislación sea inconstitucional” y criticó al fiscal Uthmeier por intentar aplicar la ley a pesar de su orden. Posteriormente, lo declaró en desacato, subrayando la gravedad del desacato judicial.
Corte frena ley que afecta a millones de migrantes en Florida
Florida es hogar de una de las poblaciones migrantes más grandes del país: más de 5 millones de personas nacidas en el extranjero residen en el estado. Según datos del Migration Policy Institute, aproximadamente uno de cada cinco residentes es inmigrante, muchos de ellos con estatus migratorio mixto o en proceso de regularización.
El impacto de la ley SB 4-C ha generado temor en comunidades latinas, especialmente entre trabajadores agrícolas, jornaleros y personas indocumentadas que cruzan al estado desde otras partes del país para trabajar o visitar a familiares. La norma también autoriza la detención preventiva obligatoria, sin posibilidad de fianza, para quienes sean detenidos bajo sospecha de ingreso irregular.
Ron DeSantis habla en una conferencia en una imagen de archivo. Foto: EFE
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF), junto con varios demandantes individuales, presentaron una demanda alegando que la SB 4-C viola la Constitución, ya que la política migratoria es competencia del Gobierno federal, no de los estados.
En su comunicado, FLIC afirmó: “Esta ley no solo es ilegal, sino que representa un ataque directo a nuestras comunidades. Criminaliza la mera existencia de miles de familias trabajadoras que han hecho de Florida su hogar”.
Corte frena ley migratoria que DeSantis presentó como modelo nacional
El gobernador Ron DeSantis ha promovido políticas migratorias estrictas desde que asumió el poder en Florida. Ha sido uno de los principales defensores de la agenda migratoria de Donald Trump y ha implementado medidas para obligar a autoridades locales a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluyendo acuerdos con agencias federales para compartir información de personas detenidas.
La SB 4-C ha sido considerada como una de las más radicales propuestas por DeSantis. Su aprobación fue vista por otros estados gobernados por republicanos como un modelo a seguir. Texas y Alabama, por ejemplo, ya han anunciado leyes similares que buscan criminalizar la migración a nivel estatal.
La decisión de la Corte Suprema de mantener el bloqueo, aunque temporal, podría sentar un precedente para casos similares en otras jurisdicciones. Organizaciones de derechos civiles consideran que el resultado final del proceso judicial será clave para definir el alcance de los poderes estatales en materia migratoria.
En respuesta a la suspensión, DeSantis criticó duramente la intervención federal y afirmó que “Florida no se quedará de brazos cruzados mientras el Gobierno federal permite la entrada de millones de ilegales”. Su administración ya ha anunciado que seguirá luchando legalmente por la implementación de la ley SB 4-C.
Corte frena ley que intensificó el miedo entre comunidades latinas
Desde la aprobación de la SB 4-C, numerosas comunidades latinas en Florida han reportado un aumento en los controles policiales y detenciones arbitrarias. Organizaciones locales han documentado incidentes en los que personas fueron detenidas simplemente por no portar documentos, incluso si no estaban involucradas en ningún delito.
El freno temporal de la Corte ha sido recibido con alivio por activistas y líderes comunitarios, pero también con cautela. “Esta no es una victoria definitiva”, advirtió Claudia Montoya, portavoz de la Red de Defensa de los Inmigrantes del Sur. “Es un respiro, pero la amenaza sigue latente. Si la Corte no declara esta ley inconstitucional, los derechos de millones de personas podrían estar en riesgo”.
Muchos trabajadores agrícolas, una fuerza laboral mayoritariamente indocumentada, han abandonado sus puestos de trabajo por miedo a ser detenidos. Empresas agrícolas han reportado escasez de mano de obra y pérdidas millonarias por la incertidumbre legal.
Además, expertos legales han señalado que si se permite que esta ley entre en vigor, podría generar una ola de perfiles raciales, donde las personas sean detenidas únicamente por su apariencia, acento o lugar de nacimiento.
Corte frena ley en medio del avance de leyes migratorias estatales
El freno a la SB 4-C ocurre mientras varios estados están impulsando sus propias leyes migratorias. A falta de una reforma migratoria integral a nivel federal, los estados han comenzado a llenar ese vacío con iniciativas locales que muchas veces entran en conflicto con la legislación nacional.
En 2023, Texas aprobó su propia ley que permite a los policías locales detener a inmigrantes bajo sospecha de ingreso ilegal. Esa ley también está siendo impugnada judicialmente. Al igual que la SB 4-C, podría terminar ante la Corte Suprema.
Los expertos coinciden en que si el tribunal no establece claramente que la política migratoria es competencia federal exclusiva, más estados seguirán el mismo camino, lo que podría crear un mosaico legal caótico y desigual para los migrantes.
Hasta el momento, la Corte Suprema ha optado por no involucrarse de fondo en el tema, pero si las demandas siguen avanzando, es probable que deba pronunciarse próximamente sobre si los estados pueden, o no, crear y aplicar sus propias leyes migratorias.