Perú vota polémica amnistía a militares: esto significa
El Congreso de Perú aprobó el 9 de julio de 2025, en segunda votación, una ley de amnistía para militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados o condenados por delitos durante el conflicto interno de 1980-2000, que dejó 69,000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Con 16 votos a favor y 11 en contra en la Comisión Permanente, la norma, impulsada por el fujimorista Fernando Rospigliosi y el exmilitar Jorge Montoya, espera la promulgación de la presidenta Dina Boluarte. La medida, que beneficia a 1,200 uniformados, según el Congreso, ha desatado críticas por promover la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos, incluyendo masacres como La Cantuta y Barrios Altos.
Alcance de la amnistía
La Ley 32107 otorga amnistía a militares, policías y comités de autodefensa sin sentencia firme, investigados o procesados por delitos entre 1980 y 2000, así como a condenados mayores de 70 años. Excluye a acusados de terrorismo o corrupción, según el texto aprobado. El conflicto, protagonizado por Sendero Luminoso y el MRTA, causó 70,000 muertes, de las cuales el 53% fueron atribuidas a fuerzas estatales, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La norma podría liberar a responsables de casos emblemáticos, como el Grupo Colina, condenado por 25 asesinatos en 1991-1992, afectando a 600 procesos en curso.
Contexto del conflicto armado
Entre 1980 y 2000, Perú enfrentó una guerra interna contra grupos subversivos, dejando 600,000 desplazados, principalmente indígenas, según Human Rights Watch. Las fuerzas armadas, apoyadas por EE.UU., emplearon tácticas brutales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y torturas, documentadas en 85% de las desapariciones entre 1983-1993 por Amnesty International. La amnistía, respaldada por Fuerza Popular de Keiko Fujimori, se justifica como un reconocimiento a quienes “combatieron el terrorismo”, pero críticos como la congresista Ruth Luque advierten que viola la Convención Americana de Derechos Humanos, citando el caso Barrios Altos de 2001.
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Críticas y oposición
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alertó que la ley pone en riesgo 150 condenas y 600 investigaciones, incluyendo las de Alberto Fujimori, condenado en 2009 por 25 asesinatos. “La impunidad no oculta el delito, lo agrava”, afirmó la CNDDHH. Organizaciones como Amnesty International y la CIDH, que lamentó la aprobación el 13 de junio, argumentan que contraviene tratados internacionales. El congresista Alex Flores, del partido socialista, calificó la ley como un “retroceso” que afecta a víctimas de 20,000 desapariciones forzadas. Protestas en Lima, con 2,000 asistentes el 10 de julio, exigieron el veto presidencial.
Defensores de la ley
Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, defendió la amnistía como una “necesidad humanitaria” para 1,000 uniformados en “limbo judicial”, muchos con problemas de salud. Jorge Montoya, de Honor y Democracia, afirmó que protege a “héroes” perseguidos injustamente. El 60% de los peruanos apoya medidas a favor de militares, según una encuesta de IEP de 2024, pero el Congreso, con un 94% de desaprobación, enfrenta críticas por priorizar intereses políticos. La ley beneficia a figuras como Telmo Hurtado, condenado por la matanza de 69 personas en Accomarca en 1985.
Implicaciones legales y sociales
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos, declaró inadmisibles las amnistías para crímenes de lesa humanidad. Si Boluarte promulga la ley, Perú podría enfrentar sanciones internacionales, según la CIDH. La norma también reabre heridas en comunidades indígenas, que representan el 70% de las víctimas del conflicto, según la CVR. Organizaciones de víctimas planean una marcha el 20 de julio en Ayacucho, esperando 5,000 asistentes, para exigir justicia. Mientras, el Congreso, con solo 6% de aprobación, según IEP, enfrenta acusaciones de “despotismo parlamentario” por debilitar la justicia transicional.