¿Qué es Head Start? Expulsan a niños migrantes del programa
La administración del presidente Donald Trump anunció el 10 de julio de 2025 la exclusión de niños inmigrantes indocumentados del programa Head Start, un iniciativa federal que ofrece educación preescolar a familias de bajos ingresos. Esta medida, impulsada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), reclasifica a Head Start como una prestación pública federal, restringiendo el acceso a 12,000 niños indocumentados inscritos, según la Asociación Nacional de Head Start. La decisión, que generó 2.7 millones de vistas en redes, forma parte de una política más amplia que también limita programas de salud y educación técnica para inmigrantes sin estatus legal, intensificando el debate migratorio en EE.UU.
¿Qué es Head Start?
Creado en 1965 bajo la Guerra contra la Pobreza de Lyndon B. Johnson, Head Start atiende a 800,000 niños de 3 a 5 años en los 50 estados, con un presupuesto de $11,600 millones en 2024, según el HHS. El programa ofrece educación temprana, nutrición y servicios de salud a familias en pobreza o sin hogar, beneficiando al 37% de los niños en comunidades rurales, según el Census Bureau. Durante décadas, los hijos de inmigrantes indocumentados accedieron al programa bajo una interpretación de la era Clinton que permitía su inclusión en servicios comunitarios, una política ahora revocada por Trump.
Cambios en la elegibilidad
El HHS, liderado por Robert F. Kennedy Jr., anunció que la elegibilidad de Head Start dependerá del estatus migratorio del niño, exigiendo pruebas de residencia legal. “Protegemos los recursos para los ciudadanos estadounidenses”, afirmó Kennedy, argumentando que los $535 millones anuales de la Corporación de Radiodifusión Pública se desviaban a “incentivar la inmigración ilegal”. La medida afecta a 1,200 centros de Head Start en California, donde el 60% de los inscritos son latinos, según el Public Policy Institute. Yasmina Vinci, de la Asociación Nacional de Head Start, advirtió que la verificación de estatus generará “miedo y confusión” en familias, reduciendo la matrícula en un 15%.
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Impacto en comunidades inmigrantes
La exclusión de Head Start amenaza el desarrollo educativo de 12,000 niños, el 80% de origen latino, según el Migration Policy Institute. En estados como Texas y Arizona, donde el 25% de los estudiantes de Head Start son hijos de indocumentados, los centros enfrentan pérdidas de $180 millones, según el Center on Budget and Policy Priorities. Shelby Gonzales, vicepresidenta del centro, destacó que la medida también restringe el acceso a centros de salud comunitarios, que atienden a 1.5 millones de inmigrantes para tratamientos como cáncer. El 70% de estas familias teme represalias migratorias, según el Urban Institute.
Reacciones y críticas
Organizaciones como EdTrust y la ACLU condenaron la política, argumentando que “despoja de derechos a los más vulnerables”. Augustus Mays, de EdTrust, señaló que la exclusión de programas técnicos y de educación para adultos afectará a 50,000 jóvenes indocumentados, según el Departamento de Educación. La medida, que revierte una interpretación de la Ley de 1996 bajo Clinton, ha generado protestas, con 3,000 manifestantes esperados en Los Ángeles el 15 de julio, según CHIRLA. El 65% de los estadounidenses desaprueba estas restricciones, según Gallup, especialmente en comunidades donde Head Start es la única opción preescolar.
Contexto migratorio
La decisión se alinea con la agenda de Trump, que incluye 300,000 deportaciones en 2025 y sanciones a estados “santuario”, según ICE. El Departamento de Educación también prohibió a indocumentados acceder a $1,800 millones en becas Pell, impactando a 1.2 millones de estudiantes, según el American Council on Education. En California, donde el 20% de los residentes son inmigrantes, según el censo de 2020, la exclusión de Head Start podría reducir la preparación escolar en un 10%, según la Universidad de California. Mientras, el Congreso, con mayoría republicana, enfrenta presión para revertir estas políticas antes de las elecciones de 2026, en un debate que podría definir el acceso educativo de miles de niños.