Legisladores demandan a DeSantis por Alligator Alcatraz
Cinco legisladores demócratas de Florida presentaron el 10 de julio de 2025 una demanda ante la Corte Suprema estatal contra el gobernador Ron DeSantis, acusándolo de bloquear ilegalmente su acceso al centro de detención de inmigrantes “Alligator Alcatraz” en los Everglades. La acción legal, que generó 2.8 millones de vistas en redes sociales, denuncia que la negativa de entrada el 3 de julio violó la independencia legislativa y ocultó las condiciones de un centro que alberga a 3,000 migrantes. La construcción acelerada de la instalación, en solo ocho días, y su impacto ambiental en un ecosistema sensible han desatado críticas de activistas y ambientalistas, mientras DeSantis defiende el proyecto como modelo para deportaciones masivas.
Negativa de acceso y obstrucción
Los senadores Carlos Guillermo Smith y Shevrin Jones, junto con las representantes Anna Eskamani, Michele Rayner y Angie Nixon, intentaron inspeccionar “Alligator Alcatraz” para verificar las condiciones de los migrantes detenidos, pero se les negó la entrada sin justificación clara. Según la ley de Florida, los legisladores tienen derecho a realizar visitas sin previo aviso a instalaciones estatales. “No fue un error burocrático, fue una obstrucción deliberada para ocultar lo que sucede allí”, declararon en un comunicado conjunto. La demanda argumenta que DeSantis y Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias, violaron la Constitución estatal al restringir la supervisión legislativa. La portavoz de DeSantis, Molly Best, calificó la demanda como “frívola”.
Polémica por las condiciones del centro
Ubicado en el aeródromo Dade-Collier, a 72 km de Miami, “Alligator Alcatraz” está rodeado de humedales con caimanes y pitones, un entorno que DeSantis ha promocionado como disuasorio. Sin embargo, reportes de EFE indican que el centro, construido con tiendas de campaña y remolques FEMA, presentó inundaciones, cables expuestos al agua y estructuras inestables durante vientos fuertes antes de su apertura el 2 de julio. La ACLU de Florida alertó sobre riesgos de “negligencia médica y maltrato sistémico”, citando precedentes en centros de ICE donde el 70% de los detenidos no tiene cargos criminales, según el Cato Institute. La instalación, que costó $450 millones, carece de agua corriente adecuada, dependiendo de camiones cisterna.
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Impacto ambiental y oposición
El centro, situado junto al Big Cypress National Preserve, ha generado protestas de grupos como Friends of the Everglades, que el 27 de junio presentaron una demanda federal por violaciones a la Ley de Política Ambiental. Eve Samples, directora del grupo, afirmó que el sitio, 96% humedales, amenaza a la pantera de Florida y otros ecosistemas, con impactos por desechos y tráfico. La congresista Debbie Wasserman Schultz calificó el proyecto como “cruel” y una “afrenta” a los $3,000 millones invertidos en restaurar los Everglades. El 28 de junio, 300 manifestantes se reunieron en el lugar, según organizadores, exigiendo su cierre.
Respuesta de DeSantis y Trump
DeSantis, quien usó poderes de emergencia de 2023 para tomar el aeródromo de Miami-Dade, defendió la instalación como “segura y de bajo costo”, asegurando que no habrá impacto ambiental. Durante una visita el 1 de julio con el presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se anunció que 100 efectivos de la Guardia Nacional garantizarán la seguridad. Trump, quien busca 100,000 camas de detención a nivel nacional, elogió el centro como un “modelo” para otros estados, según AP. Noem afirmó que los primeros 1,000 detenidos, incluyendo mujeres y niños, llegaron el 2 de julio, aunque no se detallaron sus condiciones.
Tensiones legales y políticas
La demanda de los legisladores se suma a otra acción legal del 9 de julio, cuando la Corte Suprema de EE.UU. frenó temporalmente la ley SB 4-C de Florida, que criminaliza la entrada de indocumentados, tras críticas de ser una de las más duras del país. Los demócratas, liderados por Nikki Fried, acusan a DeSantis de usar fondos estatales sin garantía de reembolso federal, según un informe de DHS. Mientras, el 65% de los floridanos desaprueba el centro, según una encuesta de la Universidad de Florida, en un debate que podría influir en las elecciones estatales de 2026.