La negativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a permitir el acceso de los representantes Raúl Ruiz y Norma Torres al Centro de Procesamiento de Adelanto, California, el 11 de julio de 2025, desató críticas y avivó el debate sobre la transparencia en los centros de detención. Por lo tanto, la acción, calificada como ilegal por los congresistas, generó 4.7 millones de interacciones en redes sociales, reflejando la tensión por las redadas migratorias. En consecuencia, las denuncias de condiciones inhumanas en Adelanto, operado por GEO Group, intensifican el escrutinio sobre las políticas de la administración del presidente Donald Trump. Además, el incidente subraya la lucha por la supervisión congressional en un contexto de 320,000 deportaciones en 2025, según ICE.
Denegación de acceso en Adelanto
El viernes 11 de julio, los demócratas Raúl Ruiz (CA-25) y Norma Torres (CA-35) llegaron al Centro de Procesamiento de Adelanto, en San Bernardino, para una visita programada, pero encontraron las puertas cerradas con candado. Por su parte, Ruiz afirmó en un video que ICE violó la ley federal al bloquear su ingreso, un derecho garantizado por la Sección 527 del Acta de Apropiaciones de 2024. En consecuencia, Torres calificó la acción como un “intento desesperado de ocultar abusos”, según una declaración a ABC. Sin embargo, ICE justificó la denegación alegando una nueva política que exige siete días de notificación previa, contradiciendo su guía de junio que requería solo 72 horas.
Contexto de las redadas migratorias
Las redadas en Los Ángeles, que resultaron en 45 detenciones según ICE, han incrementado la presión sobre centros como Adelanto, cuya capacidad creció de 300 a 1,200 detenidos en dos meses, según la ACLU. Por lo tanto, los congresistas buscaban verificar reportes de condiciones inhumanas, incluyendo falta de ropa limpia y acceso limitado a medicamentos, según un informe de la Immigrant Defenders Law Center. En consecuencia, las protestas en la región, con enfrentamientos que incluyeron gases lacrimógenos, han generado críticas al despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional por Trump, según el gobernador Gavin Newsom. Además, el 60% de los californianos desaprueba estas tácticas, según Rasmussen Reports.
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Críticas a las condiciones en Adelanto
Adelanto, operado por GEO Group, ha sido señalado por violaciones desde 2011, incluyendo nooses en celdas y negligencia médica, según un informe del DHS de 2018. Por su parte, una delegación congressional en junio de 2025 denunció que los detenidos carecían de ropa interior y acceso a abogados durante 10 días, según la representante Judy Chu. En consecuencia, Ruiz, quien notificó su visita con 72 horas de antelación, expresó en una conferencia de prensa que buscaba garantizar la seguridad de los detenidos de su distrito. Sin embargo, el cambio abrupto a una política de siete días de notificación, según ICE, obstaculizó la supervisión, lo que Torres calificó de “teatro político”.
Respuesta de las autoridades
La secretaria del DHS, Kristi Noem, defendió la política de notificación en Newsmax, acusando a los demócratas de buscar “momentos virales”. Por su parte, el director interino de ICE, Todd Lyons, reconoció en mayo que los congresistas tienen derecho a visitas sin previo aviso, según AP. En consecuencia, la negativa en Adelanto, tras una solicitud que cumplía con las guías previas, generó acusaciones de obstrucción, respaldadas por el Carl Levin Center, que calificó las denegaciones como un “ataque a los controles y equilibrios”. Además, la ACLU exige el cierre de Adelanto, citando $31 millones en ingresos anuales para GEO Group frente a condiciones deplorables.
Implicaciones políticas
La negativa de acceso ocurre en un contexto de creciente tensión migratoria, con ICE deteniendo a 51,000 personas a nivel nacional al 1 de junio, un aumento del 30% desde enero, según Reuters. Por lo tanto, el senador Alex Padilla criticó la falta de transparencia de la administración Trump en un discurso el 10 de julio. En consecuencia, el 65% de los latinos teme redadas en sus comunidades, según Pew Research. Pese a todo, la administración insiste en que las restricciones de acceso son por “seguridad”, aunque el 55% de los estadounidenses apoya una mayor supervisión de ICE, según Gallup. Además, la controversia refuerza el llamado de legisladores a reformar la gestión de centros de detención privados.