Un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), emitido el 9 de julio de 2025, autoriza deportaciones a terceros países con apenas seis horas de aviso, o incluso sin notificación previa, generando alarma entre comunidades migrantes. Por lo tanto, la directriz, reportada por The Washington Post, intensifica la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, con 320,000 deportaciones en 2025, según ICE. En consecuencia, el plan, que generó 8.2 millones de interacciones en redes sociales, ha sido criticado por abogados como “ilegal” y riesgoso. Además, la falta de garantías de seguridad en algunos destinos agrava la incertidumbre para los migrantes.
Nuevas reglas de deportación
El director interino de ICE, Todd Lyons, detalló en el memorando que los migrantes enviados a países sin “garantías diplomáticas” de seguridad deben ser notificados con 24 horas de antelación, o seis horas en casos “urgentes”. Por su parte, si el país receptor ofrece garantías al Departamento de Estado, no se requiere notificación previa. En consecuencia, los migrantes podrían ser deportados sin tiempo para evaluar riesgos, según la abogada Trina Realmuto. Sin embargo, Lyons afirmó que se revisarán casos de quienes expresen temor, aunque los plazos limitan la asistencia legal, según la Immigrant Defenders Law Center.
Países objetivo y riesgos
El gobierno de Trump ha negociado con más de 50 países, como Sudán del Sur y El Salvador, para aceptar deportados, según The New York Times. Por lo tanto, migrantes de naciones como Cuba o China, que no cooperan plenamente con EE.UU. debido a tensiones diplomáticas, enfrentan mayor riesgo. En consecuencia, un fallo de la Corte Suprema en junio de 2025 permitió deportar a ocho migrantes, incluidos dos cubanos, a Sudán del Sur, donde no tienen vínculos, según la ACLU. Además, la falta de información sobre su paradero ha generado críticas, con el 70% de los latinos temiendo estas políticas, según Pew Research.
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Impacto en comunidades migrantes
Los migrantes con órdenes de deportación, pero protegidos por jueces debido a riesgos en sus países de origen, son los más vulnerables, según el Migration Policy Institute. Por su parte, la directriz de ICE permite deportaciones sin preguntar a los afectados si temen por su seguridad en el destino. En consecuencia, casos como el de los cubanos enviados a Sudán del Sur, donde no hablan el idioma ni tienen redes de apoyo, han sido calificados de “inhumanos” por Human Rights Watch. Sin embargo, el DHS asegura que las deportaciones priorizan a “criminales violentos”, aunque el 71% de los detenidos no tiene condenas, según el Deportation Data Project.
Reacciones y críticas legales
La abogada Trina Realmuto, quien representa a los deportados a Sudán del Sur, calificó las directrices como “ilegales” y afirmó que violan el debido proceso, según NPR. Por lo tanto, la falta de tiempo para apelar pone en riesgo a los migrantes, con el 65% de los detenidos sin acceso a abogados, según la American Immigration Lawyers Association. En consecuencia, protestas en Los Ángeles, con 1,200 manifestantes según la policía local, han denunciado redadas en iglesias y mercados. Además, el senador Alex Padilla exigió el 12 de julio transparencia en las operaciones de ICE, citando violaciones a la Convención de Ginebra.
Contexto político y económico
El memorando sigue la aprobación del “One Big Beautiful Bill” el 4 de julio, que otorgó $45 mil millones a ICE para detenciones, triplicando su capacidad a 116,000 camas, según la American Immigration Council. Por su parte, las acciones de GEO Group, que opera centros como Adelanto, subieron un 73% desde noviembre de 2024, según AP. En consecuencia, la política ha generado críticas por su impacto económico, con un costo estimado de $315 mil millones para deportar a 11 millones de indocumentados, según el CBO. Pese a todo, la secretaria del DHS, Kristi Noem, defendió las medidas el 10 de julio, afirmando que cumplen el mandato de Trump de “proteger a los estadounidenses”.