La Ciudad de Nueva York ha lanzado una Oficina de Asistencia Legal Pro Bono para proteger los derechos de sus residentes, con un enfoque especial en la comunidad migrante, ofreciendo acceso gratuito a servicios legales en los cinco condados. Por lo tanto, esta iniciativa, respaldada por un presupuesto récord de 121 millones de dólares para 2026, busca contrarrestar el temor a detenciones y deportaciones bajo la administración del presidente Donald Trump. En consecuencia, la oficina conectará a neoyorquinos con abogados pro bono para casos de desalojos, discriminación, violencia doméstica y problemas migratorios. Además, la colaboración con la Oficina de Asuntos Migratorios (MOIA) garantiza apoyo a 1.3 millones de no ciudadanos, incluyendo 600,000 en situación irregular, según el alcalde Eric Adams.
Servicios legales gratuitos para todos
La nueva oficina no ofrece representación legal directa, sino que actúa como un centro que conecta a los residentes con abogados pro bono de clínicas legales, facultades de derecho y organizaciones sin fines de lucro. Por su parte, los servicios abarcan desalojos, robo de salarios, discriminación y violencia doméstica, con un enfoque en migrantes enfrentando deportación. En consecuencia, se destinan 42 millones de dólares para asistencia legal migratoria y 12 millones para menores no acompañados, según la MOIA. Sin embargo, el comisionado Manuel Castro pidió paciencia, ya que el programa, que ha generado 7.8 millones de interacciones en redes sociales, aún se está implementando.
Récord de inversión en migrantes
El Presupuesto para el Año Fiscal 2026 incluye 76.3 millones de dólares para asistencia legal gratuita a inmigrantes, elevando el total a 121 millones, el mayor en la historia de Nueva York, según un comunicado de Adams. Por lo tanto, esta inversión supera a la de cualquier otra gran ciudad de EE.UU., respondiendo al aumento de detenciones de ICE, que reportó 320,000 arrestos en 2025, según el Departamento de Seguridad Nacional. En consecuencia, la oficina prioriza a los 600,000 neoyorquinos en situación migratoria irregular, ofreciendo apoyo para solicitudes de asilo, visas U y T, y defensa contra deportaciones.
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Compromiso como ciudad santuario
Manuel Castro, comisionado de la MOIA, reafirmó que Nueva York no colabora con ICE, destacando que “somos una ciudad santuario”. Por su parte, esta postura responde a la incertidumbre tras las políticas de Trump, como la revocación del TPS para 520,000 haitianos y 600,000 venezolanos, según USCIS. En consecuencia, la ciudad impulsa campañas informativas para que los migrantes accedan a servicios sin temor, como llevar a sus hijos a la escuela o buscar atención médica. Además, la NYPD y las agencias municipales no cooperan con ICE, según la Ley Nueva York Para Todos, aprobada en 2020.
Cómo acceder a la ayuda legal
Los neoyorquinos pueden contactar la Línea Directa de Apoyo Legal para Inmigración de la MOIA al 800-354-0365, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., o al 311 diciendo “Immigration Legal”. Por lo tanto, esta línea ofrece información sobre políticas migratorias y conecta con proveedores legales confiables, aunque no agenda citas directamente. En consecuencia, organizaciones como The Legal Aid Society, que apoya a inmigrantes de bajos ingresos, y Catholic Charities, con servicios en Brooklyn y Queens, son aliados clave. Además, para consultas generales, se puede llamar al 212-788-7654 o escribir a askmoia@cityhall.nyc.gov.
Desafíos y advertencias
Castro advirtió sobre campañas de desinformación en redes sociales que generan miedo entre los migrantes, instándolos a no evitar servicios esenciales como hospitales o escuelas. Por su parte, la alta demanda inicial del programa, con 5,200 consultas en la primera semana, según la MOIA, podría generar demoras. En consecuencia, organizaciones como Make the Road y The Door, que apoyan a jóvenes y latinos, recomiendan contactar con antelación. Pese a todo, la ciudad espera que la oficina beneficie a miles, fortaleciendo su compromiso con las comunidades migrantes frente a las políticas federales de 2025.